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POLITICA

Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela tras recibir asilo político de España

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Venezuela otorgó un salvoconducto a Edmundo González Urrutia, rival del presidente izquierdista Nicolás Maduro que reclama su triunfo en las elecciones del pasado 28 de julio, informó este sábado la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el opositor abandonó el país.

”El día de hoy, 7 de septiembre, ha partido del país el ciudadano opositor Edmundo González Urrutia, quien habiéndose refugiado voluntariamente en la embajada de España en Caracas desde hace varios días, solicitó ante ese gobierno la tramitación de asilo político (…) Venezuela ha concedido los debidos salvoconductos en aras de la tranquilidad y paz política del país”, señaló Rodríguez. No fue posible contactar inmediatamente con la oposición.

Según informó el diario El País de España, González Urrutia se reunió este sábado con diplomáticos españoles e informaron que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría desempeñado un papel clave en las gestiones para garantizar la salida de Venezuela del referente de la oposición.

Esto sucede poco después de que el presidente español, Pedro Sánchez, afirmara este sábado que “España no va a abandonar” al opositor venezolano a quien calificó de “héroe”. “Defendiendo la democracia, combatiendo los bulos, las campañas de injerencia, protegiendo la seguridad y la integridad de activistas, periodistas y líderes políticos, estén dónde estén: en Rusia, en Palestina o en Venezuela. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar”, dijo Sánchez.

El presidente español, Pedro Sánchez

La oposición venezolana denunció este sábado un nuevo episodio de “asedio” por parte de agentes “encapuchados” apostados a las afueras de la embajada de la Argentina en Caracas, donde están refugiados desde marzo pasado seis colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

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Desde la noche del viernes vehículos de las fuerzas de seguridad estatales rodean la sede diplomática, custodiada desde el 1 de agosto por Brasil luego de que Caracas rompiera relaciones con la Argentina y otros países de la región por sus posturas sobre las controversiales elecciones en las que el mandatario izquierdista Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.

“Este “sábado 7 de septiembre continúa el asedio a la residencia argentina en Caracas, protegida por Brasil. Cada vez más presencia de funcionarios encapuchados. Han cerrado el paso vehicular en la calle. Seguimos sin electricidad”, indicó Pedro Urrucurtu, uno de los opositores refugiados.

Caracas anunció que revocó de “manera inmediata” a Brasil el beneplácito “para ejercer la representación de los intereses de la República Argentina y sus nacionales en territorio venezolano”.

Elecciones en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Nicolás Maduro ganador de las elecciones del 28 de julio, sin mostrar el escrutinio detallado mesa por mesa como exige la ley. Argumentó un jaqueo a sus sistemas, desestimado por expertos y la oposición, que por su parte dice tener pruebas de la victoria de González Urrutia, contra quien pesa ahora una orden de captura por “conspiración”.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la reelección de Maduro pero han sido cuidadosos en usar el término “presidente electo” para González Urrutia, en la clandestinidad desde el 30 de julio.

En Europa, por ejemplo los países coinciden en no reconocer la proclamada victoria electoral de Maduro, pero sin alcanzar unanimidad para atribuir el triunfo electoral a la oposición.

España, de su lado, ha venido insistiendo en que se publiquen de manera “íntegra y verificable” las actas de las elecciones para reconocer los resultados.

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A comienzos de semana, un tribunal venezolano con competencia en terrorismo ordenó la detención de González Urrutia, solicitado por la justicia por delitos que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.

La orden de captura en su contra recibió la condena y preocupación de numerosos países.

Con información de la agencia AFP

POLITICA

Caso Jorge D’Onofrio: Federico Achával inició una caza de brujas en Pilar

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A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, Federico Achával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron a REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de César Mansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.

A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio. Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.

Silencio forzado y caza de filtraciones

Según los detalles recogidos por este medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.



Jorge D’Onofrio y Federico Achával.

La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.

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El entramado judicial y los nexos locales

El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.

Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.

Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas

El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.

Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.

Achával, en el ojo de la tormenta

Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.

Mientras los medios de Pilar intentan navegar entre las presiones oficiales y la posibilidad de exponer un escándalo mayor, la opinión pública sigue demandando transparencia y respuestas. En ese terreno, el silencio no será suficiente para tapar el ruido de un caso que amenaza con arrastrar a varios pesos pesados de la política bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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