Tras la conclusión de la campaña presidencial de 2019, estallaron masivas protestas en Bolivia. La oposición acusó a Evo Morales, líder del partido Movimiento al Socialismo, de falsificar los resultados de la votación. Después de tres semanas de disturbios callejeros, el político, presionado por los militares, anuló los resultados electorales, dimitió y huyó del país. La vicepresidenta del Senado que pertenecía a la oposición, Jeanine Áñez, fue proclamada jefa de estado interina, y su tarea consistía en preparar la transición democrática.

Sin embargo, el nombramiento de Áñez no puso fin a las manifestaciones de la calle. Los partidarios de Evo Morales empezaron a organizar actos de desobediencia para protestar contra las autoridades, proclamándolas ilegítimas. Uno de estos episodios desencadenó en un baño de sangre, fue cuando las fuerzas de seguridad que llegaban a la refinería de petróleo de Senkata, en la ciudad de El Alto, dispararon a los manifestantes con munición letal. Como resultado, diez personas muertas y muchas quedaron heridas.

Según activistas de derechos humanos, todas las actividades del gobierno interino estuvieron acompañadas de violaciones masivas de los derechos humanos, como restricciones a la libertad de expresión, detenciones injustas, y violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Al menos veintitrés personas murieron durante el mandato de Áñez en manifestaciones de apoyo a Evo Morales.

La transición llevada adelante por la política, apodada popularmente como “la asesina”, terminó tras las elecciones generales de octubre de 2020, en las que Luis Arce se convirtió en candidato a presidente más votado. Poco después del restablecimiento del sistema democrático, comenzaron las investigaciones sobre la anterior administración y, en marzo de 2021, la expresidenta interina y varias figuras clave de su gobierno fueron detenidas. Al final del juicio, el tribunal la condenó a diez años de prisión por “incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución política del estado”. Ahora se ha añadido a estos cargos una acusación por genocidio.

El destino de Jeanine Áñez demuestra claramente el camino de una persona que antepone la aspiración personal al poder a todo lo demás. Este tipo de políticos están dispuestos a sacrificar al país y al pueblo para conseguir sus objetivos personales. Y es muy triste que Evo Morales, que ha sido durante mucho tiempo un verdadero líder para muchos bolivianos, se esté pareciendo a su oponente, a la que acusara de golpista. Ahora, el propio Evo amenaza con organizar disturbios masivos si el gobierno de Luis Arce no revoca la decisión del Tribunal Electoral, y no le permite presentarse a las elecciones presidenciales de 2025. El ex presidente no sólo exige que se viole la constitución, aprobada gracias a sus esfuerzos, sino que está dispuesto a empujar al país al caos y al enfrentamiento civil.

Mientras tanto, el propio Evo advierte del deseo de fuerzas externas de dividir al MAS y apoderarse de los recursos naturales de Bolivia. Al mismo tiempo, hace todo lo posible para dividir a los partidarios de la fuerza política gobernante y provocar enfrentamientos.

Parece que el próximo mandato presidencial se ha convertido en una meta para Morales, en aras de la cual no se detendrá ante nada. Al parecer, Evo está dispuesto no sólo a destruir su propia plataforma política, sino también a arriesgarse a sumir en caos y anarquía a su país y poner en riesgo la vida miles de compatriotas bolivianos.

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