La oposición kirchnerista y parte de la dialoguista lograron esta tarde que se active y avance en el Senado, pese a los deseos contrarios del oficialismo y semanas de dilación, la discusión de la ley que mejora las jubilaciones, una iniciativa ya aprobada por Diputados y con potencial veto anunciado -como el año pasado- del Ejecutivo. Todo esto se dio en una reunión que derivó en papelón, tras la ratificación como titular de la comisión de Trabajo a la macrista cordobesa y aliada libertaria Carmen Álvarez Rivero.

El derrotero dejó expuesta la paupérrima orden -sin estrategia alguna- de la Casa Rosada, que apostó a olvidar lo más que se pueda no sólo la ley en cuestión, sino también la reanimación de la moratoria previsional que también avaló la Cámara baja semanas atrás. También quedó más que claro que el reglamento, una vez más, fue tirado a la basura por varios de los senadores presentes.

La convocatoria arrancó con los 17 miembros de la comisión presentes, algo cercano a la celebración de un gol. Tenía un motivo específico de parte de casi toda la oposición: enterrar la orden del Ejecutivo de dormir los temas. “Quieren cerrar el Congreso y también insultarnos sin parar no por trabajar. Es decir, quedarse con todo, también con el relato. Las cosas no son así”, sentenció un experimentado senador a Infobae al término del encuentro.

El convite se inició de manera pacífica, con la ratificación de Álvarez Rivero, mientras que la vice quedó en manos del cristinista Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires). En tanto, la secretaría cayó para el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan).

La citación tenía tres puntos: elección de autoridades, días de reuniones y plan de trabajo de la comisión. Consumadas estas cuestiones, la cordobesa dio por finalizado el cónclave, se levantó de su asiento y quiso partir. En ese instante, Recalde solicitó la palabra y pidió dos mociones: habilitar la discusión de las dos leyes y circular dictámenes de ambas iniciativas.

El tema de los despachos que quiso deslizar el senador kirchnerista, en realidad, chocan con los usos y costumbres del reglamento de la Cámara alta. Es que, para los dos proyectos, la firma de dictámenes debe ocurrir en un plenario de las comisiones que intervienen en estos textos: Trabajo y Previsión Social -cabecera-; y Presupuesto y Hacienda. La última es comandada por el jefe libertario, Ezequiel Atauche.

Fue el jujeño quien, ante la negación de Álvarez Rivero a las propuestas de Recalde -las mociones se votan, regla de oro del Senado- dijo que la reunión en cuestión no incluía dichas leyes y que dictaminar -algo imposible, ya que había un plenario- “sería un error”.

Al resto de la comisión le pareció tardío el mensaje de Atauche. En realidad, el mensaje fue para el Ejecutivo, quien es el que dio la orden de cerrar la Cámara alta hasta agosto. También la picardía de todos los bloques, que saben que en la segunda quincena de julio, habrá unas vacaciones de invierno siempre inventadas para mermar la actividad.

Seguido al jujeño, senadores kirchneristas y de la oposición dialoguista -aparecieron varios que asisten poco al Congreso, pero no perdieron la oportunidad de meter bocado- ingresaron en una puja delirante sobre las mociones y caminos intermedios, como hubiese sido la realización de un plenario mañana o el jueves para saldar el asunto y descomprimir el clima. A esta altura, Álvarez Rivero sumaba dos intentos de partida del salón Arturo Illia y regreso a su asiento para que Recalde, como vice de la comisión, continuara a cargo de la jornada.

Noticia en desarrollo…

Este lunes la justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina que le entregue el 51% de las acciones de YPF. Tras la noticia, el Gobierno confirmó que apelará la medida, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de defender al Estado.

Sin embargo, el litigio no será encabezado por Santiago Castro Videla, el procurador que designó la Casa Rosada a finales de enero. Desde febrero que el abogado especialista en derecho administrativo se excusó del caso, según pudo confirmar TN.

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“El encargado de llevar el juicio desde el inicio de esta gestión es Juan Ignacio Stampalija, el subprocurador”, confirmó a este medio una fuente ejecutiva.

La decisión que tomó Castro Videla tiene que ver con su pasado como socio del estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, donde trabajó antes de ser funcionario público.

Alberto Bianchi, uno de miembros del estudio jurídico, es un abogado constitucionalista que se encarga de asuntos relacionados a las empresas, litigios con el Estado, municipios, asuntos tributarios y de derecho administrativo.

Por esta razón es que Burford Capital (el principal beneficiario por la expropiación de la petrolera) lo contrató como testigo experto para que declarara a favor de su postura en el juicio que este fondo mantiene contra la Argentina por la estatización de YPF. Es decir, Burford pidió su visión como especialista en derecho argentino durante un arbitraje.

Es por eso que, según especialistas en derecho administrativo, Castro Videla debió salir del caso. La relación laboral que tuvo con Bianchi lo exponía a un conflicto de intereses.

“Cualquier abogado que haya intervenido en la causa, representando a alguna parte con interés contrapuesto al del Estado Nacional, tiene que excusarse”, expresó María Eugenia Talerico, extitular de la Oficina Anticorrupción. Además, agregó: “Esto se basa en la Ley de Ética Pública, pero también en el buen desempeño de una función tan importante como es ser el jefe de todos los abogados del Estado. La ejemplaridad en el ejercicio del cargo es indispensable”.

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Los detalles del caso YPF

El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, que se realizó en 2012. Para llegar a esa conclusión, la magistrada entendió que la gestión de Cristina Kirchner nacionalizó la participación de Repsol de la compañía y le pagó con bonos. Pero, no hizo lo mismo con el resto de los accionistas, incumpliendo el estatuto de la petrolera.

Desde que salió la sentencia, la Argentina apeló las decisiones. Mientras tanto, los demandantes pidieron que se desarrollen embargos y se entreguen activos que posee el Estado argentino.

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Asimismo, cuando Javier Milei asumió la presidencia, debería haber presentado una garantía para evitar embargos, pero nunca ocurrió. Es por eso que en frente a esa situación, Preska quedó habilitada para pedir la ejecución del 51% de las acciones de Argentina en YPF.

YPF, juicio, Gobierno, Procuración del Tesoro de la Nación, Estados Unidos