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POLITICA

El call center, la cara mas oscura de Cuenta DNI

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En los últimos días, este medio difundió varios artículos en torno a las condiciones laborales que tienen lugar en el call center de Provincia NET, la empresa que integra Grupo Provincia y depende del gobierno de Axel Kicillof. A través de estos informes, se expusieron las prácticas abusivas y la explotación a la que son sometidos cientos de empleados tercerizados. Hoy, nuevos testimonios aportan información aún más alarmante sobre la situación dentro de la empresa.

Un trabajador, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató a este medio el nivel de explotación que enfrentan a diario: «Nos tratan como si fuéramos una sucursal, pero sin los recursos, ni el salario acorde. En mi caso, trabajo de lunes a sábados, de 8.00 a 14.00, manejando miles de llamados de clientes que se quejan porque el sistema no funciona, el Banco de la Provincia de Buenos Aires no responde o la Cuenta DNI se cae. Somos nosotros quienes recibimos los insultos y, para colmo, nos obligan a trabajar los fines de semana, cuando las sucursales están cerradas«. Esta denuncia deja en claro la sobrecarga laboral que padecen, con tareas que exceden la capacidad operativa del personal y una falta total de apoyo para gestionar los reclamos de los clientes.

Otra de las problemáticas más graves que enfrenta el personal es la imposición de turnos sin ninguna consideración por las necesidades personales o familiares: «Nos dan opciones para las vacaciones, pero al final nos asignan la que ellos quieren. No les importa si tenés pareja o hijos y querés coincidir con sus tiempos. Y encima, te avisan solo quince días antes, lo que hace imposible planificar cualquier cosa». Esto evidencia una violación de los derechos básicos del trabajador, como la posibilidad de organizar su tiempo personal.

Los problemas de salud derivados del trabajo también son una constante en Provincia NET, empresa que conduce Juan Ignacio Balasini. Los empleados denuncian que, a pesar de las largas horas frente a una pantalla, desarrollando problemas físicos como tendinitis y dolores cervicales, la cobertura médica es limitada. «En ART te cubren solo hasta cierto punto, pero si volvés a tener molestias y necesitás más certificados, Banco Provincia los anula directamente», compartió otro empleado, en referencia a la entidad que preside Juan Cuattromo, en un accionar que refleja una grosera falta de cuidado por la salud de los trabajadores, priorizando la productividad sobre su bienestar.

Una de las prácticas más abusivas denunciadas por los empleados es la falta de pago por horas extras. «Si me cae un llamado a las 13.57 y tengo que cargar veinte desconocimientos, me quedo hasta terminar, aunque mi horario termine a las 14.00. Ese tiempo adicional no se paga ni me permiten salir antes al día siguiente. Regalo tiempo sin recibir compensación alguna». Además, los trabajadores deben presentarse una vez al mes en la sede de Calderón, donde tienen su sede central, para una jornada presencial que no mejora su desempeño diario. Esto implica para muchos empleados largos viajes, que puede demorar horas, sin viáticos ni compensaciones.

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Pero el relato no termina ahí. Los empleados son evaluados por sus llamadas, pero la auditoría que realizan los supervisores se enfoca en los peores casos, con la obvia intención de penalizar a los operadores con sanciones y descuentos salariales. «Te eligen las peores llamadas para auditarlas y ahí vienen las sanciones, que siempre terminan en un apercibimiento o un descuento. Así es como se maneja la empresa». Este tipo de prácticas genera un ambiente de trabajo insostenible, marcado por la presión constante y la inseguridad laboral.

La situación en el call center de Provincia NET pone en evidencia la necesidad urgente de una intervención gubernamental y sindical para proteger a los empleados que, sin recursos ni condiciones laborales dignas, sostienen el funcionamiento de este call center. Mientras tanto, las denuncias de abuso laboral continúan acumulándose, esperando que las autoridades bonaerenses tomen cartas en el asunto y regulen un sector que parece operar al margen de la ley y los derechos humanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Tras la salida de la Gendarmería Nacional, la Policía de la Ciudad desemabarcó en la villa 1-11-14

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Se trata de una zona caliente en el millonario negocio del narcomenudeo. Durante años, los vecinos de este barrio popular estuvieron a merced de los hermanos Fernando y Marco Estrada Gonzáles, más conocidos como Piti y Marcos, capo narcos que a fuerza de balas y terror ganaron el territorio en su disputa con otras organizaciones criminales. Hace 13 años y medio, la seguridad y las tareas de prevención en la zona conocida como villa 1-11-14 pasaron a estar a cargo de la Gendarmería Nacional, como parte del denominado Operativo Cinturón Sur. Hoy, los gendarmes le dejaron su lugar a personal de la Policía de la Ciudad.

Así lo informaron a LA NACION fuentes del los ministerios de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y de la Ciudad, conducido por Waldo Wolff.

“Era lo programado y acordado con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzaron los relevos en el territorio. La fuerza de seguridad porteño ya modula el número de emergencias 911″, explicó a LA NACION un colaborador de la ministra Bullrich.

Desde la cartera conducida por Wolff dijeron que la intención es continuar con la misma cantidad de uniformados que había desplegado la Gendarmería Nacional para controlar el territorio. Sin embargo, no se precisó el número exacto.

“Gendarmería Nacional ya hizo entrega de las instalaciones a las autoridades de la Policía de la Ciudad”, sostuvo, cerca del mediodía de hoy, a LA NACION una fuente al tanto de los detalles del traspaso.

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Además, Wolff recorrió esta tarde los puntos estratégicos de la villa 1-11-14 -rebautizada como Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli-, explicaron desde la Ciudad.

Por el momento, no hubo información oficial sobre si la seguridad y las tareas preventivas van a estar a cargo de una unidad especial o si habrá una reasignación de oficiales que estaban en otros destinos dentro de la ciudad de Buenos Aires, que hoy cuenta con más de 26.000 uniformados activos.

“La Policía de la Ciudad se hará cargo de las tareas de prevención y protección de la 1-11-14 que, hasta ahora, estaba bajo la custodia de la Gendarmería Nacional. Hoy comenzó una transición de fuerzas y se mantendrá la cantidad de efectivos destinados a esta jurisdicción”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.

Y desde Nación explicaron: “Fue un proceso acordado con Ciudad de varios meses. Fue gradual la salida de los gendarmes y hoy se retiraron los que faltaban”.

Tampoco hubo declaraciones respecto del traspaso. La ministra Bullrich estuvo en la provincia de Corrientes, donde en la ciudad de Ituzaingó inauguró el Paso Internacional Yacyretá.

“Hoy marcamos otro hecho histórico en la gestión del gobierno de Javier Milei porque apostamos al crecimiento de nuestro país, de su gente y su economía”, sostuvo en un acto donde estuvo acompañada del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y del ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera.

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Un plan de Cristina Kirchner y Nilda Garré

El denominado Plan Unidad Cinturón Sur había sido presentado por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su ministra de Seguridad, Nilda Garré, en junio de 2011.

El programa de seguridad no solo contemplaba el despliegue de gendarmes en la villa 1-11-14, sino también de prefectos en las villas 21-24 y Zavaleta, en el límite de los barrios de Nueva Pompeya y Barracas. En total, eran 2500 uniformados de las fuerzas federales.

Además, la Prefectura Naval tenía a su cargo el patrullaje en Puerto Madero, desde su creación como un nuevo barrio en la ciudad.

Esto ocurrió hasta marzo de 2021, cuando la Prefectura le dejó su lugar a la Policía de la Ciudad en Puerto Madero, y, tres meses después, hizo lo propio en las villas.

El traspaso, en ese caso, se hizo después de un año de negociaciones entre el entonces vicejefe de Gobierno porteño (que tuvo a su cargo también el Ministerio de Seguridad) Diego Santilli y Sabina Frederic, que fue ministra de Seguridad de la Nación en la primera parte de la presidencia de Alberto Fernández.

En ese momento se había postergado el traspaso de las tareas de la prevención y patrullaje en el asentamiento en el Bajo Flores por una cuestión táctica, ya que se habían sucedido una serie de ajustes de cuentas en la guerra narco entre las bandas que operan en la zona.

En septiembre de 2021, cuando Aníbal Fernández asumió en lugar de Frederic, fue uno de los primeros temas que tuvo que definir. Estaba previsto que el traspaso quedara completado en noviembre de 2022, pero todo se retrasó hasta hoy.

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Submundo narco

En 2020, en los alegatos del juicio donde Marcos Estrada Gonzáles fue condenado a la pena única de 24 años de cárcel, el fiscal Diego Velasco sostuvo, como lo hizo en varias resoluciones cuando era juez federal, el ahora integrante de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Sergio Torres, la venta de droga en la villa 1-11-14 estaba divida por turnos entre Marcos y Piti.

La banda narco, históricamente liderada por los hermanos Estrada Gonzáles, llegó a “facturar” entre 500.000 y 900.000 pesos cada 24 horas (cuando el dólar cotizaba muy por debajo del precio actual).

“En la villa 1-11-14 manda el que tiene el arma con el calibre más grande”, llegó a decir en un momento un detective judicial que investigaba una serie de homicidios en la zona del Bajo Flores vinculados la disputa.

La guerra narco en la 1-11-14 fue despiadada. Por ejemplo, en abril de 2022 hubo un doble crimen: Jhon Henry Sosa Farfán, más conocido como Chayanne o Loco e integrante de la banda liderada por Marcos, fue ejecutado por siete sicarios armados con pistolas calibre 9 y 45.

La otra víctima fue Julio César Huaris Pereyra, que acompañaba a Chayanne en el momento de la emboscada.

El ataque a tiros ocurrió tres días después de que el juez federal Ariel Lijo procesara con prisión preventiva a siete integrantes de la organización narco que opera desde la villa 1-11-14. “Un ajuste de cuentas vinculado al negocio narco”, había dicho un investigador.

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