La Fiscalía de Neuquén, bajo la dirección de Diego Azcárate, archivó una denuncia presentada por la vicegobernadora Gloria Ruiz contra varios diputados provinciales y ministros del Ejecutivo de la provincia, acusados de una serie de delitos graves como asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, cohecho, tráfico de influencias y lavado de activos agravado.

Los funcionarios mencionados en la denuncia de Ruiz fueron Ernesto Novoa, Guillermo Monzani, Francisco Lepore, Claudio Domínguez, Carina Riccomini, y los ministros Julieta Corroza, Lucas Castelli, Matías Nicolini, y Rubén Etcheverry. La denuncia, inicialmente presentada ante la Justicia Federal, fue derivada a la Justicia Provincial por la fiscal Mariana Querejeta, quien se declaró incompetente en el caso.

Falta de hechos concretos y descripción deficiente

El fiscal Azcárate explicó que la denuncia no contenía hechos concretos ni elementos suficientes para evaluar si los acusados podían ser considerados responsables de los delitos mencionados. En su resolución, destacó que la denuncia se limitaba a enumerar los delitos sin especificar acciones concretas realizadas por los denunciados, lo que hacía imposible determinar si existía fundamento para la acusación.

Azcárate enfatizó que la denuncia carecía de una descripción fáctica adecuada, requisito fundamental para proceder con cualquier tipo de acusación penal. Además, se refirió a la resolución 1219 del 27 de noviembre de 2024, emitida por la Legislatura Provincial, que había sido mencionada en la denuncia sin fundamento, sugiriendo que los delitos denunciados tenían como único fin esa decisión legislativa. Sin embargo, el fiscal aclaró que dicho acto legislativo fue completamente legítimo y realizado dentro de las atribuciones constitucionales de la Legislatura Provincial.

Acto de gobierno legítimo

El fiscal concluyó que, dado que la resolución legislativa fue válida y no hubo ninguna acción delictiva relacionada con ella, no existía base para acusar a los funcionarios. Según Azcárate, la denuncia no aportaba hechos ni pruebas concretas, y era una hipótesis infundada que no podía sostenerse legalmente.

Finalmente, el fiscal dispuso el archivo de la denuncia, conforme al artículo 131 inciso 4 del Código Procesal Penal, que establece el archivo de casos cuando no se puede identificar al autor del delito o cuando no hay información suficiente para proceder. (www.REALPOLITIK.com.ar)

COMENTÁ / VER COMENTARIOS