Más allá de cada reunión anual constitutiva, la comisión de Juicio Político de Diputados no tenía actividad desde 2015. En ese entonces fue también el kirchnerismo quien la había activado para embestir contra el juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt: querían «investigar» su estado de salud mental y la «idoneidad» del magistrado que tenía 97 años.

Al igual que ahora, no contaban con los dos tercios para avalar el proceso y se limitaron a una ofensiva pública que incluyó declaraciones de funcionarios y la creación de una subcomisión para corroborar las condiciones psicofísicas de Fayt en la que fueron citados neurólogos.

Ese año también había una tensión política creciente entre la Casa Rosada y la Corte. La entonces presidenta, Cristina Kirchner, no había logrado que el Senado apruebe el pliego de su candidato Roberto Carlés para sumarse al Máximo Tribunal en reemplazo de Eugenio Zaffaroni -que había renunciado- y la Corte había declarado nula la lista de conjueces impulsados por el Gobierno.

Pero el detonante contra Fayt se dio por la reelección adelantada de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte. Fayt firmó esa acordada desde la casa y en ese momento el Frente para la Victoria (FpV) comenzó a señalar que no estaba en condiciones de seguir siendo juez.

La intención subyacente era que también renuncie y reemplazar las dos vacantes -la de Zaffaroni y la de Fayt- con magistrados más afines.

Si bien la Corte volvió a firmar la acordada y Fayt fue filmado saliendo de su casa, donde habló a las cámaras y dijo que estaba bien, el embate siguió.

La diputada María del Carmen Bianchi fue quien reclamó que la Comisión de Juicio Político analice las denuncias contra el juez de la Corte. La presidenta de la comisión de ese momento, Adela Segarra, sorpresivamente renunció y en su lugar el oficialismo posicionó a la camporista Anabel Fernández Sagasti quien no tardó en convocar a la comisión con aval de la Rosada.

El entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaraba por esos días que había «elementos para discutir el juicio político» a Fayt.

Pero sin causales de mal desempeño y sin los dos tercios de los votos, el oficialismo se limitó a una ofensiva pública, parecida a lo que prepara ahora con el proceso contra todos los miembros de la Corte.

Votaron la creación de una subcomisión, formada por los diputados oficialistas Diana Conti, Luis Cigogna, Marcos Cleri y Sagasti para «investigar su salud mental» y si el juez estaba siendo «manipulado» por Lorenzetti.

«Si se comprueba, sería falta de idoneidad, por lo tanto, mal desempeño en el cargo; y ahí la Comisión toma la decisión si comienza el juicio político o no», había planteado Sagasti.

La oposición decidió no integrarla por considerarla antireglamentaria e inconstitucional.

Como pruebas pidieron citar a Horacio Verbitsky -que había dado la noticia- y a otros tres periodistas; a seis secretarios de la Corte; tres privados del juez y a su chofer; y designar a un perito calígrafo para examinar la firma de Fayt de documentaciones desde 2013.

El periodista K Verbitsky dejó trascender que no iría porque consideraba «irregular» el procedimiento y los demás testigos también se negaron a acudir.

Las reuniones terminaron siendo privadas, y más allá de la exposición de neurólogos de los que no se conoció su identidad, todo quedó frenado.

Fayt terminó renunciando un día después del cambio de gobierno, con Cristina Kirchner ya fuera de la Rosada.

Los últimos jueces removidos por el Congreso

El asumido presidente Néstor Kirchner había impulsado el juicio político de 5 de los 9 jueces de la corte menemista: Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron por su cuenta para evitar el proceso.

Eduardo Moliné O’Connor fue destituido en 2003 por el Senado y Antonio Boggiano en 2005.