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POLITICA

El caso Kueider. Sorpresa en la Casa Rosada por el tuit de Victoria Villarruel y cambios en los planes

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Victoria Villarruel le avisó a la Casa Rosada que iba a convocar a una sesión este jueves para discutir la expulsión (o la suspensión) de Edgardo Kueider, el senador que fue detenido cuando intentó ingresar a Ciudad del Este desde Brasil con más US$ 200.000 en efectivo sin declarar. La vicepresidenta, que está marginada de las reuniones de equipo del Poder Ejecutivo y tiene una pésima comunicación con Balcarce 50, le hizo saber al primer anillo de Javier Milei que ya no había más margen para dilatar la cuestión.

En la Casa Rosada, no obstante, exhibieron sorpresa por el mensaje que ella publicó en la red social X, donde dijo que el caso Kueider es “un bochorno”, habló de la “hipocresía del kirchnerismo”, y proclamó: “Me hubiera gustado incluir también un proyecto presentado para suspender al senador Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana), quien irá a juicio oral nada más y nada menos que por encubrimiento agravado y traición a la patria”. El senador e histórico ladero de Cristina Kirchner está procesado en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

“Sabíamos que ella iba a convocar a sesión, pero el tuit fue algo de ella, no fue un mensaje consensuado”, dijo un alto funcionario. Otro ladero de Milei aportó a LA NACION: “Se cortó sola, no hablamos, pero no es mala idea”.

Es que, mientras Villarruel lamentaba públicamente no haber podido impulsar un proyecto para suspender a Parrilli -y de ese modo de equiparar la situación de Kueider a la de un ultrakirchnerista- en la Casa Rosada estaban haciendo gestiones, justamente, para sumar ese proyecto a la sesión de hoy. La mesa chica de Milei trabajaba en contacto permanente con el titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, para darle impulso a esa iniciativa con el objetivo de incomodar a Unión por la Patria al filo de la sesión.

El proyecto para suspender a Parrilli tenía la firma del presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, que el martes se había reunido en la Casa Rosada con el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, número dos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

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El Gobierno exhibió dificultad para trazar una estrategia clara frente al caso Kuieder. El tema genera incomodidad. No solo porque Cristina Kirchner se ocupó de poner sobre relieve que el senador entrerriano es un aliado de la Casa Rosada -se conoció que al momento de su detención Kueider quiso protegerse alegando ser un “afín al gobierno de Milei”- sino porque, en caso de que prospere su expulsión, su lugar lo ocuparía Estefania Cora, militante de La Cámpora. Es decir que el Gobierno perdería un aliado para que se incorpore una opositora acérrima.

Apenas estalló el escándalo, en el Gobierno primero dijeron que, en caso de que se buscara la expulsión de Kueider, La Libertad Avanza iba a impulsar el apartamiento de todos los diputados y senadores con causas judiciales abiertas. En Balcarce 50 hicieron una lista con los legisladores en esa situación y Manuel Adorni hizo una encuesta en su cuenta de X en la que le preguntó a los usuarios de la red social si estaban o no “a favor de destituir a todos los diputados y senadores que tengan causas judiciales”.

Si bien se especuló con esa idea durante varios días, nunca pudo pasar de una chicana: en Diputados no hay posibilidad alguna de que prospere una sesión especial para un tema así, que además podría complicar a algunos de los diputados aliados.

En la previa de la sesión convocada para este jueves en el Senado, el Gobierno pasó del plan de ir por todos los legisladores con expedientes judiciales abiertos a la alternativa de adherir a la sesión especial del Senado un tercer proyecto para suspender únicamente a Parrilli con los mismos argumentos que le pesan a Kueider.

En la sesión, entonces, se tratará primero el proyecto para expulsar al senador entrerriano del cuerpo, impulsado por Unión por el Patria. En segundo lugar, se tratará el proyecto para suspender a Kueider hasta marzo sin goce de sueldo, la alternativa más light. Esa es la iniciativa que empuja el Gobierno -para no perder una banca en manos de La Cámpora- que tiene la firma del titular del bloque Pro, Luis Juez, pese a que ese senador ayer había tenido manifestaciones durísimas contra su par entrerriano.

En el Gobierno son escépticos: es probable que ninguna de las tres iniciativas obtenga la mayoría agravada requerida para su aprobación. “Al final, nos vamos a exponer todos”, se lamentó un oficialista.

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POLITICA

Desde el CEPPEMA aseguran que «la política actual atenta contra los derechos de los jubilados”

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Federico De Marziani hizo hincapié en la gravedad de la decisión del gobierno de eliminar el programa “Vivir Mejor”, que garantizaba hasta diez medicamentos gratuitos para afiliados de PAMI desde marzo de 2020. Este plan estaba financiado, en parte, por el impuesto PAIS, que destinaba el 70 por ciento de su recaudación a ANSES y PAMI.

“Primero quitaron moléculas, luego otras 43, y ahora eliminaron el programa completo, afectando a más de tres millones de jubilados. La mayoría de los afiliados de PAMI, que perciben hasta una jubilación y media, deben solicitar un subsidio social en un plazo muy corto, lo que ha generado caos en las oficinas y en los sistemas online”, afirmó.

“Una política que estigmatiza a los mayores”

El director de CEPPEMA no dudó en comparar las recientes medidas con las adoptadas en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri. “En aquel entonces, se implementaron restricciones similares con condiciones absurdas, como no poseer un auto con menos de diez años de antigüedad o bienes suntuarios. Estas medidas actuales repiten esa lógica y profundizan la estigmatización de nuestros jubilados”, criticó.

Asimismo, De Marziani rechazó los argumentos del gobierno sobre presuntos fraudes en la distribución de medicamentos: “Un medicamento se receta porque un médico lo prescribe, no porque el afiliado lo quiera tomar. Si hay fraudes, el problema está en otro lado. Culpar a los jubilados por esto es ofensivo”.

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Medicamentos: precios inaccesibles

El encarecimiento de los medicamentos fue otro tema destacado por De Marziani. Según precisó, los valores de los remedios más consumidos por los jubilados han aumentado de forma alarmante en el último año. “Una aspirina pasó de costar 2 mil pesos en 2023 a 6.600 pesos hoy. El antibiótico Optamox duo aumentó de 7.400 a 22 mil pesos, y el ibuprofeno, de 4 mil a 12 mil pesos. Con la pérdida de la jubilación frente a la inflación, estos valores son imposibles de afrontar”, detalló.

Reforma previsional: derechos versus números

De Marziani advirtió sobre la falta de planificación en el sistema de seguridad social y alertó sobre los riesgos de las reformas propuestas por el gobierno actual. “Estos gobiernos buscan cerrar números, no garantizar derechos. La reforma previsional debe ser realizada por un gobierno popular que priorice el bienestar de las personas mayores, no por un Excel que solo busca reducir gastos”, expresó.

En esta línea, denunció una “pelea de pobres contra pobres” promovida desde el gobierno al dividir a los jubilados entre quienes aportaron durante toda su vida laboral y quienes accedieron a la moratoria. “Las mujeres que se jubilaron con la moratoria son quienes más sufren estas políticas, porque se las invisibilizó como amas de casa y se les negó el derecho al aporte. Reconocer esos derechos fue un gran logro en su momento, y hoy están siendo atacados nuevamente”.

“La situación es desesperante”

Finalmente, De Marziani calificó el panorama como “desesperante” y pidió una mirada más inclusiva hacia el futuro de la seguridad social: “Cada vez tenemos menos nacimientos, mientras la esperanza de vida sigue aumentando. Un sistema que piensa solo en achicar gastos no puede sostenerse a largo plazo sin condenar a nuestros mayores a la pobreza”. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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