Una noche de noviembre de 2021, un niño de cinco años –la misma edad que Loan– era asesinado en su propia casa a manos de dos mujeres: la madre y su pareja. El resultado de aquel horror fue la ley Lucio, que vino a iluminar y a reparar un asunto indigerible: la violencia contra los chicos, perpetrada por quienes deberían cuidarlos y amarlos. Lucio Dupuy fue asesinado porque el Estado le falló. Nadie lo vio realmente. Ni el sistema médico ni el judicial.

Otro noviembre, pero de 2017, fallecía otra nena de 12 años esperando un corazón sano que jamás llegó a tiempo. El drama de la familia Lo Cane alumbró la ley Justina, que amplió la conciencia sobre la importancia de donar órganos, pero sobre todo cambió paradigmas y esquemas mentales.

En los 90, el caso del soldado Carrasco terminó con el servicio militar. En los 80, el asesinato de Alicia Muñiz, perpetrado por un boxeador idolatrado, allanó el camino para acuñar el término “femicidio” (hasta entonces solo se hablaba de “crimen pasional”) y habilitó el debate sobre la violencia de género. Incluso, el horror de la dictadura terminó generando un nuevo consenso democrático, que se inauguró en 1983 y que, con sus vaivenes, en líneas generales se cumplió: nunca más a la violencia política.

Casos atravesados por un denominador común: el dolor familiar y social. Un dolor de tal hondura que es capaz de penetrar en las zonas más opacas y falladas de una sociedad, de un Estado, y de generar una enorme conmoción. Una conmoción que irrumpe sin permiso y desnuda “eso” que se niega.

Pero ¿es necesario atravesar noches tan oscuras para evolucionar, poner sobre la mesa lo que antes permanecía oculto o para despertar lo dormido? Tirar del hilo de esa pregunta resulta inquietante.

Y ahora, con Loan, ¿qué nos está mostrando la desaparición de este niño pequeño, que nos hiere el alma, que pudo haber sido vendido a una red internacional de trata mientras almorzaba con su propia familia? Toda la trama del caso Loan y sus personajes configuran una pequeña Argentina.

El intendente de Nueve de Julio, Hugo Ynsaurralde, que un día alerta sobre mafias en su propio territorio y al siguiente se desdice. Y que, cuando lo entrevistan en TV, parece un padre común, un movilero. Hablemos del comisario del pueblo, Walter Maciel, hoy preso. Maciel está acusado de liberar la zona y de plantar pruebas. La Justicia ahora también descubrió que el comisario, que convivía con el intendente en el mismo territorio, tenía una denuncia previa por abuso sexual.

Ynsaurralde –cuyo apellido, aunque sea con “y”, convengamos en que no lo ayuda– también ignoraba, aparentemente, que había nombrado a una funcionaria, María Victoria Caillava, que ahora está presa y sospechada de haber vendido al nene junto con su pareja. La Argentina tiene fronteras porosas. No se trata solo de las “manos porosas” de los políticos, como dice Milei.

El drama de Loan nos muestra, con toda crudeza, que el delito de la trata está instalado, es común e incluso está naturalizado en las áreas fronterizas de la Argentina profunda. Desde el 13 de junio, día de la desaparición, los cronistas televisivos enviados por los canales nacionales de noticias recogieron decenas de testimonios de secuestros de chicos, donde siempre está involucrado el poder local. Definitivamente, no hay trata –ni narco– sin complicidad de la política, la Justicia y la policía.

La última semana, un canal de TV entrevistó a Alicia Enríquez, de 48 años, oriunda de la localidad correntina de Santa Rosa, a 180 km de la capital. Portaba un cartel: “Busco a mi hija desde hace 32 años”. Según su testimonio, Alicia quedó embarazada a los 16 años y su padre, involucrado en la política local, la “entregó” a una funcionaria municipal. Una vez que dio a luz, la funcionaria habría vendido a su bebé.

El caso Loan también le puso un foco al lado más siniestro de las “adopciones truchas”, como revela la hermana Marta Pelloni, coordinadora de la red Infancia Robada. La denuncia de Alicia aún duerme el sueño de los justos. O el sueño de lo injusto.

El policial de Corrientes nos estremece porque desromantiza la idea de la familia Ingalls y desmiente las imágenes edulcoradas que se muestran en Instagram. Según los especialistas, esas postales de la felicidad familiar perfecta –y que, en algunos casos, esconden realidades mucho más duras– son fuente de depresión para quienes viven en entornos tóxicos. Mucho más comunes de lo que nos gustaría creer. Para algunos, la vida dentro de sus propias familias puede ser más peligrosa que caminar de madrugada solo por la zona más caliente del conurbano.

Como si el caso hubiera sido escrito por un maestro de la intriga, en la familia de Loan todos parecen sospechosos. Cualquiera podría ser. Y todos se acusan entre sí. La abuela Catalina desconfía de su yerno y hasta de su propia nuera. Y la madre del niño, apunta hacia su familia política. De hecho, madre y padre contrataron abogados diferentes.

Estremece la foto icónica del almuerzo en el paraje El Algarrobal con 14 comensales en la casa de la abuela Catalina. Frágil, desprotegido, pequeñito, Loan aparece rodeado por cinco sospechosos, que hoy están detenidos. En las pequeñas Argentinas de cada día, dormir con el enemigo es cosa frecuente.