Los chats que la Justicia encontró dentro del celular de Julio “Chocolate” Rigau son claves para la causa que investiga a los empleados fantasma de la Legislatura bonaerense. Tal como anticipó TN, se descubrió que el electricista devenido en puntero mantuvo varias conversaciones con distintos dirigentes. Dos de los nombres más importantes que aparecieron son los de Claudio y Facundo Albini.

Según los investigadores, Albini padre está acusado de ser el jefe de la presunta asociación ilícita, mientras que su hijo Facundo habría colaborado para que la organización delictiva -ejecutada dentro de la Cámara de Diputados- funcione correctamente. La sospecha principal es que ambos cranearon una estructura para obtener dinero del erario público. Con eso, buscaban financiar la caja negra de la política y las campañas de las elecciones.

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El arresto de los dirigentes del Frente Renovador es inminente, después de que los abogados querellantes hicieran una presentación ante el Juzgado de Garantías N°1 de La Plata. Es que desde la Fundación Poder Ciudadano pidieron este martes la inmediata detención con prisión preventiva de ambos, ya que consideran que puede existir un “entorpecimiento en de la investigación”, teniendo en cuenta que también ambos son funcionarios públicos.

El mismo pedido de arresto fue hecho por la fiscal Betina Lacki, quien lleva adelante la investigación desde el minuto uno. Solo falta que el juez Guillermo Federico Atencio lo avale. El magistrado tiene 5 días hábiles para resolver, por lo que las detenciones podrían darse antes o después del balotaje.

Desde el bloque del Frente de Todos esperan que se estire lo más posible, ya que se trata de dos referentes massistas de la política local en La Plata, con mucha influencia en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional.

Técnicamente, desde la defensa de los imputados tendrán que esperar a que el juez resuelva para apelar, aunque tienen la posibilidad de presentar un escrito manifestando su rechazo.

Atencio ya le había negado la eximición de prisión al clan Albini, tras la estrategia desplegada por sus abogados para anticiparse a una eventual detención, por lo que se espera que la decisión de esta requisitoria vaya por el mismo camino.

Para negarse a eximir a los imputados de ir la cárcel, el magistrado consideró: “La cantidad de hechos perpetrados; el alto monto dinerario defraudado al erario público, que al momento asciende a los $800 millones; la duración en el tiempo; la actividad desplegada por el imputado, ya que facilitó la comisión actos de corrupción; la posibilidad cierta e influencia entre coimputados, teniendo en cuenta la relación familiar que lo une; y la pena en expectativa”.

Además, la propia fiscal dejó asentado en el expediente un exhaustivo análisis que muestra las diversas maniobras defraudatorias de los dirigentes, como así también de los distintos rangos jerárquicos, sus responsabilidades y rendición de cuentas dentro de la supuesta banda criminal.

“Es ilógico que Rigau, que es un eslabón menor dentro de la asociación, se encuentre detenido, mientras que los jefes de la organización se encuentren gozando de plena libertad”, expresaron desde la Fundación Poder Ciudadano.

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Mientras tanto, todavía queda pendiente el pedido de nulidad que fue presentado ante la Cámara de Casación penal de La Plata, donde la Sala III deberá decidir si cierra la causa o sigue adelante la investigación. Recientemente, dos de los tres camaristas que integraban esa sala fueron relevados e irán a un jury. Se designaron nuevos jueces, por lo que se podrían estirar aún más los tiempos procesales.

En esta instancia, podría pasar que los camaristas decidan cerrar la causa otra vez, como lo hicieron Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero eso implicaría un nuevo escándalo. Con este temperamento, se tendría que anular la pericia al celular de Rigau, de donde se obtuvo todo el material para imputar al clan Albini, así como también implicaría devolverle las tarjetas a los “ñoquis” de la Legislatura.

Qué va a pasar con los dueños de las tarjetas de la Legislatura

Los 48 dueños de las tarjetas están imputados y ya declararon en la UFI N°2 de La Plata, pero en calidad de testigos. Ahora, la fiscal podría solicitar una nueva audiencia. Ellos tienen la libertad de hacer lo que quieran con su testimonio anterior. Es decir, pueden optar por pedir que se tomen sus dichos como parte de su indagatoria, negarse a declarar o romper el pacto de silencio.

El deseo de la querella y de la fiscalía, es decir, de la parte acusadora, es que alguno de ellos se convierta en un arrepentido. “Como tienen abogados distintos que se fueron presentando en las últimas horas, lo más probable es que cada uno use una estrategia distinta. Lo mejor que podría pasar es que alguno pida declarar bajo la Ley del Arrepentido, para que cuente cómo se manejaba la banda”, expresó Tomás Brandy, letrado de Poder Ciudadano.

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Esta figura le permite al imputado declararse culpable y aceptar que integra una asociación ilícita, pero colaborando con la Justicia. Esto significa que debe aportar nombres, datos relevantes y detalles de la actividad delictiva. Con esta Ley, el procesado podría recibir una condena, pero con una morigeración, es decir, sería menor.

Según informaron, se encuentra probada la intervención de algunos de los titulares de las tarjetas de débito en el raid delictivo. En el pedido de detención afirmaron que los empleados fantasma de la Legislatura, en ocasiones, reclamaban su porcentaje del botín de las reiteradas estafas, y que Rigau facilitaba el procedimiento.

Según pudo saber TN, los oficios y carátulas laborales de todos los “ñoquis” ya están en manos de la fiscalía, aunque un secretario judicial tuvo que ir personalmente hasta la Cámara de Diputados a pedir que se los entreguen, porque no estaban cumpliendo con la orden.

Con esos sumarios, Lacki pudo corroborar que muchos de los supuestos trabajadores cobraban entre 500 y 600 mil pesos por barrer o correr cajas en un galpón ubicado en la periferia de la ciudad de La Plata, un lugar que nada tiene que ver con la actividad de la Legislatura. Algunos iban 2 o 3 horas por semana. Otros ni siquiera se presentaban y hacían “homeoffice”.