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El Congreso presiona para implementar el sistema acusatorio de justicia: faltan más de 200 nombramientos clave

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La implementación del sistema procesal acusatorio para la justicia penal federal les dará a los fiscales la responsabilidad de llevar adelante la investigación en delitos como corrupción, narcotráfico, lesa humanidad, trata de personas y lavado de activos. Presentarán el caso ante los jueces, en el marco de audiencias orales y públicas.

Para poder implementarlo, el Poder Ejecutivo debe mandar al Senado más de 200 pliegos para ocupar cargos vacantes en la Justicia, a los que hay que sumarles las vacancias en la Procuración y en las Defensorías. Esos pliegos deberán luego ser tratados por el Senado. En este caso por la Comisión de Acuerdos, que encabeza la legisladora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

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El senador nacional Maximiliano Abad pide informes al Poder Ejecutivo por la implementación del nuevo Código. (Foto: prensa Abad)

La mora en la normalización de la justicia no es nueva, hay juzgados con vacantes desde hace más de diez años. El senador Maximiliano Abad afirmó: “Es un problema estructural, que evidencia la falta de acuerdos en la Argentina. Esto provoca demoras inaceptables y pone en riesgo dos aspectos esenciales de la República: el acceso equitativo a un servicio de justicia eficiente y la capacidad del poder judicial de ejercer contrapesos frente al Ejecutivo y el Congreso”.

La implementación del Código Procesal Penal de la Nación, sancionado por el Congreso en el 2015 (Ley 27.150), no se puso en práctica en todo el país. Desde el Poder Judicial, como desde el Legislativo, hay reclamos hacia el ministerio de Justicia, que quedó a cargo de su implementación.

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El senador radical Maximiliano Abad presentó un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo solicitando conocer de qué manera se está llevando a cabo esta implementación del nuevo Código. Abad lo fundamentó en que “significó un cambio de paradigma en la administración de justicia penal, al consagrar un modelo acusatorio que prioriza la oralidad, la publicidad de los actos procesales, la simplificación de los procedimientos, y la concentración y celeridad en la tramitación de las causas.

La normativa estableció que su implementación sería progresiva, quedando inicialmente en manos de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF, organismo de carácter parlamentario, quien debía definir el cronograma de implementación para su entrada en vigor en todo el país”, planteó el bonaerense.

La Cámara Federal de Casación Penal en su última acordada le solicitó al ministerio de Justicia una “previsión responsable para garantizar la implementación del Código Procesal Penal”.

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Los magistrados le solicitaron al ministro Mariano Cúneo Libarona recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos”.

Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional Pro, encabeza la Comisión de Acuerdos que deberá resolver los pliegos de la justicia.  Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado
Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional Pro, encabeza la Comisión de Acuerdos que deberá resolver los pliegos de la justicia. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicación Senado

En la presentación, Abad hace referencia a las respuestas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respecto a la implementación de este y la adecuación de los recursos necesarios. “Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia ha invertido más de 4.771.156.553 pesos en adecuaciones edilicias, recursos tecnológicos para el desarrollo de investigaciones y capacitaciones”, señaló la jefatura de Gabinete.

Y agregó: “Cabe señalar que, merced al trabajo conjunto con las autoridades de universidades de todo el país, el ministerio de Justicia ha iniciado el proyecto de instalar salas de simulación de prácticas profesionales en universidades públicas de todo el país. A la fecha se han inaugurado este tipo de salas en 20 universidades nacionales y 4 están próximas a inaugurarse”.

También en las respuestas entregadas por la jefatura de Gabinete se informó “que la implementación se compone de cuatro etapas, siendo el último seguimiento y monitoreo. Prevé que los funcionarios y empleados de los juzgados y tribunales involucrados en la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal podrán solicitar su traspaso al Ministerio Público Fiscal o al Ministerio Público de la Defensa, de acuerdo con las reglamentaciones que estos organismos dicten a tal efecto; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura deben garantizar que los traspasos se realicen junto a la transferencia de los cargos y previsiones presupuestarias correspondientes.”

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También el legislador hizo referencia al acceso a la información sobre la marcha de la implementación, “entre las atribuciones que tenía la Comisión Bicameral se encontraba la de garantizar el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación”, función que actualmente no se está cumpliendo de forma cabal y para hacer cumplir este precepto jurídico es que necesario solicitar correctamente está información”.

Ante la decisión del presidente Javier Milei de no tratar el presupuesto 2025, el Congreso desconoce las partidas presupuestarias destinadas para la implementación del Código. Abad reflexionó que “una incorrecta implementación del Código Procesal podría generar disparidades sustanciales en el acceso a la justicia y en las condiciones de administración del proceso penal, según la jurisdicción en que se lleve adelante. Esta situación afecta los principios de igualdad ante la ley, debido proceso, y eficiencia judicial consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, urge garantizar una correcta implementación a nivel nacional para evitar la lesión de los derechos de la ciudadanía y que el Congreso cuente con toda la información necesaria para poder hacerlo.

Las disposiciones desde el ministerio de Justicia

Estableció la entrada en vigor del nuevo sistema acusatorio a partir del 6 de mayo de 2024 en el ámbito de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que comprende la totalidad de la provincia de Santa Fe y el sector del norte de la provincia de Buenos Aires que se encuentra bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de San Nicolás.

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Determinó la aplicación del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de Mendoza, que abarca también a las provincias de San Juan y San Luis, a partir del 5 de agosto de 2024.

Dispuso la entrada del nuevo código en el distrito de General Roca a partir del 4 de noviembre de 2024, y en el de Comodoro Rivadavia desde el 2 de diciembre de 2024.

Incorporó al cronograma los distritos de Mar del Plata y Bahía Blanca, este último incluyendo también a la provincia de La Pampa.

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Dispuso la vigencia del CPPF en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, a partir del 11 de agosto de 2025. La misma normativa establece además que el nuevo sistema se pondría en funcionamiento en Corrientes y Resistencia a partir del 1 de diciembre de 2025.

Código Procesal Penal, Senado, Maximiliano Abad

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Renunció Eduardo Bustamante, el número dos de Werthein en la Cancillería

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El número dos de Gerardo Werthein, Eduardo Bustamante, renunció a su cargo dentro de la Cancillería. La decisión no había sido anticipada y fue efectivizada este martes a través del Boletín Oficial.

En el Decreto 491/2025, que lleva firma del presidente Javier Milei y de Werthein, le aceptan la renuncia a Bustamante, que había sido presentada el viernes pasado pero no había trascendido públicamente. El hombre había desembarcado en el Gobierno recomendado por Pro.

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Bustamante se desempeñaba hasta ahora como secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería y había tomado ese lugar en octubre del año pasado, todavía bajo la gestión de Diana Mondino.

En ese momento, este diplomático de carrera y reservista del Ejército reemplazó a Leopoldo Sahores y venía de ser cónsul general en Uruguay.

“Es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y realizó estudios de posgrado en Seguridad Internacional. Se desempeñó en las embajadas argentinas en Angola y en Pakistán, y su experiencia profesional también incluye la coordinación de asuntos fronterizos y de negociaciones internacionales en temas críticos como terrorismo y crimen organizado transnacional”, lo presentaron cuando llegó a la Cancillería.

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El arribo de Bustamante a la cartera de Relaciones Exteriores de la administración de Javier Milei se dio en una época en que se barajaba el ingreso de macristas a las filas de la Casa Rosada.

El puntapié inicial se había dado con el nombramiento de María Tettamanti en la secretaría de Energía y después ocupó su oficina Bustamante, que había tenido un puesto en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri.

Noticia en desarrollo

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Cancillería,Conforme a,Cancillería,,Debe viajar a EE.UU. La Justicia ordenó a Cancillería que resuelva la situación de un hombre que no ve a sus hijas hace ocho años,,»Fortalecer las relaciones». Milei recibió al primer ministro de India, con la mira puesta en los negocios bilaterales,,Fuerzas Armadas. Defensa avanza con un plan para enviar a más militares a distintas embajadas del mundo

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Renunció el vicecanciller Eduardo Bustamante

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Este martes se formalizó el recambio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto con la renuncia de Eduardo Bustamante al cargo de secretario de Relaciones Exteriores, el segundo puesto en jerarquía dentro de la Cancillería.

La decisión fue comunicada mediante el Decreto 491/2025, publicado en el Boletín Oficial de la Nación, con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Gerardo Werthein. El texto establece que la renuncia fue aceptada con vigencia retroactiva al 18 de julio.

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Diplomático de carrera, Bustamante había asumido como vicecanciller el 17 de octubre de 2024, en reemplazo de Leopoldo Sahores, quien era apuntado por la alta dirigencia libertaria, que intenta imprimirle a la política internacional del Gobierno una impronta más acorde con el estilo del presidente Javier Milei, quien en la Asamblea General de Naciones Unidas anterior había planteado duras críticas a los organismos internacionales y a los consensos que están plasmados en la Agenda 2030, renombrada ahora como Pacto por el Futuro. El mandatario buscaba desde entonces convertir a la Argentina en “faro del mundo” en materia de libre mercado y de posiciones más conservadoras en materia social y política.

Posteo de Diana Mondino confirmando la renuncia de Sahores y la incorporación de Eduardo Bustamante (Captura de X)

En ese entonces, Bustamante fue presentado como “un funcionario del Servicio Exterior de la Nación con una destacada trayectoria diplomática”.

Es abogado y licenciado en ciencia política y realizó estudios de posgrado en seguridad internacional. Trabajó en las embajadas argentinas en Angola y en Pakistán durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Su experiencia profesional también incluye la coordinación de asuntos fronterizos y de negociaciones internacionales en temas críticos como terrorismo y crimen organizado transnacional. Entre 2016 y 2018 fue subsecretario de Desarrollo de Fronteras del Ministerio de Seguridad que lideraba Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri.

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Sumada a la salida de Demian Reidel como jefe de Asesores presidenciales este lunes, la de Bustamante es la 156° partida oficial del gobierno nacional desde el comienzo de la gestión Javier Milei y la 11° dentro del área de relaciones exteriores.

Reidel se abocará por completo a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino. Su renuncia fue aceptada por el mandatario a través del Decreto 481/2025, publicado este lunes 21 de julio en el Boletín Oficial, aunque con efecto retroactivo al 17 de julio.

La medida impacta directamente en la estructura de asesores de la Casa Rosada y marca la salida de uno de los colaboradores más influyentes del círculo presidencial.

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Javier Milei aceptó la renuncia de Demian Reidel como jefe de asesores

“Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino”, señaló Reidel en sintonía con lo informado por el Ejecutivo.

Añadió que esta estrategia busca “recuperar la soberanía energética y potenciar el desarrollo científico-tecnológico del país”, y que se trata de “una política de Estado”.

“El plan abarca la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, el impulso a la minería de uranio, la creación de YPF Nuclear y muchas otras iniciativas estratégicas”, detalló Reidel, cuya salida se da en un contexto de reacomodamientos internos en el Gobierno y mientras Milei relanza su ofensiva política en el marco del Consejo de Mayo.

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Además, remarcó, que junto a Milei siguen escribiendo juntos “un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala”. Y enfatizó que su “compromiso personal es total”.

Desde abril, el economista preside Nucleoeléctrica, la empresa estatal encargada de operar las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. También lidera el ambicioso Plan Nuclear Argentino, que busca expandir la infraestructura energética mediante la construcción de nuevos reactores modulares de fabricación nacional, entre otros objetivos estratégicos.

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El Gobierno busca evitar nuevos reveses en el Senado y afina su estrategia política para el segundo semestre

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El Senado es el gran desafío para La Libertad Avanza en el segundo semestre, tras el receso de invierno. Ya están pensando en cambios en estrategias desde el oficialismo y en eso trabajan los senadores y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Unión por la Patria, conducido por José Mayans y Juliana Di Tullio, ya demostró que puede avanzar con iniciativas opositoras junto a legisladores aliados como los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri.

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El 10 de julio, con 37 votos —la mitad del Senado—, aprobaron seis proyectos que golpearon al Gobierno. Tres de ellos obligaron a la Casa Rosada a vetar las leyes que otorgaban aumentos del 7,2% a jubilados, prorrogaban la Moratoria Previsional y declaraban la Emergencia en Discapacidad.

El presidente provisional del Senado, el libertario, Bartolomé Abdala, ya planifica cambios en la estrategia del oficialismo. (Foto: NA – Daniel Vides)

Ahora el Senado espera que la Cámara de Diputados apruebe y devuelva los proyectos que declaran la emergencia del Hospital Garrahan y del sistema universitario. Se estima que podrían tratarse en Diputados la primera semana de agosto, aunque UxP busca consensos para sesionar el 30 de julio.

También quedaron listos para llegar al recinto los decretos delegados firmados por Javier Milei. Con ellos, en el marco del cierre de facultades delegadas por la Ley Bases, el presidente reorganizó las estructuras de las fuerzas de seguridad federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

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Cambio de estrategia en el oficialismo

El oficialismo evalúa su estrategia ante la falta de mayoría propia. “Hay que esperar dos fechas clave: el 7 de agosto, cierre de alianzas nacionales, y el 26 de octubre, elecciones legislativas”, dijo a TN el senador Francisco Paoltroni, ex La Libertad Avanza, que hoy lidera el monobloque “Libertad, Trabajo y Progreso”. Paoltroni impulsa un proyecto de intervención federal en Formosa, su provincia: “Está muerta la República y la situación es terminal”.

Los proyectos del oficialismo o de sus aliados están trabados por las mayorías que construye UxP en el Senado. “Hay que replanificar la estrategia. A través del diálogo con senadores dialoguistas, debemos recuperar la mayoría con la que derrotamos al kirchnerismo en otras ocasiones”, afirmó a TN el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Para eso, el Gobierno necesita recomponer la relación con los gobernadores y con la vicepresidenta Victoria Villarruel, además de acercarse a senadores que el año pasado votaron la Ley Bases y el paquete fiscal. Muchos de ellos responden a sus provincias y ahora buscan modificar la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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La crisis con Victoria Villarruel

En los últimos meses, se agravaron las diferencias entre Javier Milei y su vicepresidenta. A las críticas del presidente se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El presidente la acusó de “traidora” por permitir que UxP abriera el recinto para tratar proyectos que finalmente se aprobaron. Villarruel respondió desde sus redes: “Si hay equilibrio, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. Un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”.

Francisco Paoltroni, senador nacional bloque Libertad, Trabajo y Progreso, insistió con su proyecto de intervenir la provincia de Formosa. Foto: Sofia Areco / Comunicación Senado
Francisco Paoltroni, senador nacional bloque Libertad, Trabajo y Progreso, insistió con su proyecto de intervenir la provincia de Formosa. Foto: Sofia Areco / Comunicación Senado

El 10 de julio, Villarruel no logró bloquear la sesión impulsada por UxP y apoyada por senadores de distintas fuerzas, que reclamaban debatir proyectos presentados por gobernadores ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

El último fin de semana, Villarruel viajó a Catamarca, se mostró con el gobernador Raúl Jalil y evitó hablar de política. Participó de la Fiesta del Poncho y, ante un periodista que la acusó de traicionar al presidente, respondió: “No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer. La verdad es que no ha sido nada de eso”. Ya había hecho apariciones públicas en Santa Fe, el 20 de junio, y en Tucumán, el 9 de julio.

Victoria Villarruel en Catamarca, junto al gobernador, Raúl Jalil. Foto Senado de la Nación
Victoria Villarruel en Catamarca, junto al gobernador, Raúl Jalil. Foto Senado de la Nación

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los pocos funcionarios que aún dialoga con Villarruel, admitió que existe “una crisis política en el Gobierno, no institucional”.

Por ahora, el Senado está en receso hasta el 4 de agosto. UxP asegura que, en caso de sesionar, lo haría recién la semana siguiente, dando tiempo al oficialismo para recuperarse de la última sesión legislativa.

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Senado, Victoria Villarruel, Casa Rosada

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