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El Consejo de la Magistratura que preside Horacio Rosatti se prepara para desembarcar en Comodoro Py

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El Consejo de la Magistratura, encabezado por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se prepara para desembarcar en los edificios judiciales de Retiro donde opera la justicia federal, papel en mano, para relevar no sólo las necesidades edilicias, sino también la presencialidad de los agentes judiciales, la cantidad de empleados por causas y las necesidades edilicias y de infraestructura. También para estar más cerca y guiar un movimiento judicial que sufrirá varios cambios con la instrumentación del sistema acusatorio.

Por eso todo esta movida -dijeron fuentes judiciales a – se realiza de cara al 11 de agosto, cuando el Gobierno anunció que lanzará la puesta en marcha del nuevo código procesal, que le da mas poder a los fiscales por sobre los jueces para la investigación de las causas por corrupción.

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En los tribunales la nueva misión es percibida como un intento de las autoridades del Consejo de la Magistratura por tener una presencia más directa en un momento crucial para jueces y fiscales, y monitorear los cambios hacia el sistema acusatorio.

Coloquio CIDeS 2024. Mariano Cúneo LibaronaMarcos Brindicci

El proceso implica que tanto el fuero federal de Comodoro Py 2002 como el Penal Económico, del edificio vecino de Avenida de los Inmigrantes 1950, comenzarán a funcionar con un mecanismo que requiere reformas edilicias, salas de audiencia para grabar de manera digital las audiencias, pues desparece el expediente escrito y tecnología que no está.

Rosatti visitó a los jueces de la Cámara de Casación y de la Cámara Penal Económico hace dos semanas y empezó esta revisión en Comodoro Py e Inmigrantes.

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Un equipo de nueve personas, con técnicos, arquitectos y abogados no solo están revisando el tendido eléctrico, las filtraciones, la provisión de agua o el acceso a firma óptica e internet para alojar las audiencias en la nube, sino que están revisando la cantidad de personal.

Es que el nuevo sistema requiere personal en las fiscalías y no tanto en los juzgados y hoy el coeficiente es inverso. Hay cinco empleados judiciales por cada uno del Ministerio Público Fiscal, advirtieron los fiscales de Casación Raúl Pleé, Mario Villar y Javier de Luca.

Los fiscales hicieron un sonoro reclamo en una carta dirigida al Procurador Eduardo Casal -pero en realidad por elevación al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona– donde advirtieron -de manera elegante- que sin plata el sistema funcionará “de manera deficiente”. “Va a haber todo lo que piden los fiscales”, dijo una fuente del Ministerio de Justicia a .

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El procurador Eduardo Casal fue elegido por unanimidad como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios PúblicosFiscales.gob.ar

Hay juzgados federales superpoblados con 50 personas y fiscalías que no llegan a 10 personas. Por eso se está haciendo este relevamiento donde además se comprobó que hay pocas causas para muchos empleados y hay poca presencialidad para pocas causas.

La ley permite los traslados del Poder Judicial al Ministerio Público solo con audiencia de ambas cabezas y empleados. Hoy no están previstos traslados masivos, explican en tribunales.

Pero sí se dieron casos de empleados que toman licencia sin goce de sueldo en el Poder Judicial y van a trabajar a las fiscalías por un cargo superior. A los dos años, al no poder renovar esas licencias, optan por quedarse en el Ministerio Público.

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Una de las herencias de la pandemia fue la desaparición de las tareas presenciales diarias de toda la dotación de los juzgados. Hoy en los pasillos de tribunales no circulan casi empleados, ya que van a trabajar presencialmente días si y otros no. Con los jueces ocurre lo mismo.

En los tribunales orales hay juicios, que se pueden hacer on line, pero los jueces en general asisten diariamente y se conectan desde sus despachos o están en la sala de audiencias. Hoy esta dinámica de funcionamiento está en la mira del Consejo de la Magistratura.

Se están relevando la infraestructura y los recursos humanos. El Ministerio de Justicia sacó de la órbita del Congreso la implementación y la puso a su cargo.

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La administración nacional trabaja sin un presupuesto aprobado y con la deuda del Poder Ejecutivo, que tiene 183 pliegos de jueces para elevar al Senado con sendas vacantes sin cubrir. Si se incluye a los fiscales y defensores oficiales las vacantes son mas de 200.

Guardia en los tribunales de Comodoro Py a la espera de la llegada de los abogados de Alberto Fernándezfabian-marelli-11419

El Consejo de la Magistratura ya hizo estos concursos pero el presidente no eligió aún un candidato de la terna para elevarlo al Senado y nombrarlo juez. En Comodoro Py faltan cuatro jueces de primera instancia, la mitad de los de los tribunales orales y tres de Casación.

En el fuero penal Económico la Cámara tiene cuatro vacantes con solo dos jueces de seis, faltan mas de la mitad de los fiscales de primera instancia y un juez. el presidente Roberto Hornos pidió a Cúneo Libarona suspender el sistema hasta completar las vacantes, pero no tuvo éxito en su solicitud.

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El senador radical Maximiliano Abad dijo que el Poder Judicial tiene un “funcionamiento limitado” sin cubrir las vacantes está en riesgo el sistema acusatorio.“Las vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales configuran un problema para la institucionalidad del país”, expresó.

“El otorgamiento de recursos y el acondicionamiento de la infraestructura, que hoy no está perjudica a los argentinos”, sostuvo.

Actualmente se da la paradoja de que no hay presupuesto aprobado y los fondos que debe girar el Gobierno a la Justicia dependen del mismo funcionario: el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, que es representante del Poder del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo presidente de su comisión de Administración y Finanzas.

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“Es responsabilidad total y absoluta de Amerio” dicen en los tribunales. En el ministerio prometen que los fondos están.

El Consejo está preparando además un diagnóstico que determine cantidad de causas por personal, en cada juzgado y también haciendo una ratio de presencialidad vs. cantidad de causas en trámite.

El entrecruzamiento de datos empezó el martes de la semana pasada cuando se empezó a relevar información en los edificios judiciales y ahora se avanza con los datos virtuales y de estadística.

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El Ministro de Gobierno de Córdoba explicó el aumento de 84% para las jubilaciones que anunció Llaryora: “El superávit es con la gente adentro”

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La provincia de Córdoba protagonizó en las últimas horas un anuncio de fuerte impacto: la decisión de elevar la jubilación mínima un 84%, que lleva el monto de 380 mil a 700 mil pesos. Y que suma un bono bimensual de 100 mil pesos para quienes perciben haberes de hasta 1.300.000 pesos.

La medida, promovida por el gobernador Martín Llaryora, generó un gran revuelo. En ese contexto, en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el ministro de Gobierno provincial, Manuel Calvo, explicó cómo y por qué se adoptó esta decisión y defendió la solidez de las cuentas públicas cordobesas.

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“La caja de jubilaciones de Córdoba no está transferida al sistema nacional. El gobierno nacional tiene una deuda histórica con la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, que llega casi a los mil millones de dólares a lo largo de las transferencias automáticas que debió recibir el gobierno de Córdoba a lo largo de varias gestiones y no recibió”, señaló Calvo.

Esa deuda estructural con el sistema pensionario cordobés forzó a la actual administración a reclamar los fondos ante la Corte Suprema de Justicia. “Nos presentamos ante la Corte a reclamar esos fondos que le pertenecen a los jubilados cordobeses. Obtuvimos un fallo favorable, por el cual el gobierno nacional empezó a transferir hace dos meses 5 mil millones de pesos mensuales para cubrir parte del déficit que tiene la caja de jubilaciones de Córdoba”, señaló el funcionario.

En este marco, incorporar esos fondos permitió tomar la determinación que está orientada hacia el sector previsional local. “Nuestra provincia tiene superávit fiscal desde hace más de veinte años y haber logrado este triunfo en la Corte Suprema permitió que el gobernador haya tomado la decisión de aumentar las jubilaciones mínimas en un 84%”, resaltó. E indicó que el beneficio alcanza “a más del 50% de los jubilados y pensionados de Córdoba”.

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El superávit cordobés reafirmó el ministro, es la base que sustenta la viabilidad de estas definiciones en medio de “un momento de tanta incertidumbre” para la Argentina: “Mantenemos el orden fiscal y las cuentas de la provincia, lo cual nos permite tomar estas decisiones de acompañamiento a los sectores que más lo necesitan, producto de la crisis nacional que se está viviendo. Me parece que el superávit es correcto y en Córdoba podemos hablar de él correctamente y con mucha altura. Sabemos que el superávit tiene que tener un por qué, un plan de desarrollo, y es con la gente adentro y trabajando para los actores que más lo necesitan. Producto de haber logrado este acuerdo, podemos tomar estas decisiones”.

Respecto de la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial, Calvo indicó que se sostiene por recursos del presupuesto provincial. También explicó que la deuda de la Nación es aún mayor y que, durante años, fue soportada por recursos propios: “Ahora, por pedido de la Corte, hay una auditoría permanente entre la ANSES y la caja de jubilaciones de Córdoba para determinar el resto de la deuda nacional con la provincia. Mientras tanto, la Nación empezó a girar esos pagos para cumplir con el fallo. En los próximos meses tendremos una nueva audiencia y tenemos la expectativa de seguir sumando recursos para volcarlos a este sector que hay que atender como corresponde”.

Y criticó: “Hay una ley nacional que no está siendo cumplida por el gobierno nacional, que establece la transferencia automática de recursos a todas las jurisdicciones argentinas que no tienen las cajas nacionales transferidas”.

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“Es como si las jubilaciones que tenemos en Córdoba las debiera pagar ANSES. Esa diferencia de recursos de lo que tiene que pagar ANSES y lo que paga la caja de jubilaciones la tiene que cubrir ANSES. El resto es en base al aporte que hacen los activos en nuestra provincia”, puntualizó.

Además, aseguró que esta medida no es una improvisación ni una reacción demagógica, sino el resultado de una administración sostenida y una actitud responsable ante la adversidad. Y definió: “Podríamos haber reservado estos fondos para cubrir el déficit de la caja, pero creemos que, en la situación en la que está Argentina, hay que atender los sectores más vulnerables y de esta forma fortalecer el sistema de ingresos de los jubilados”.

El mecanismo de actualización jubilatoria, según relató Calvo, respeta los parámetros nacionales y busca ser lo más progresivo y claro posible. Y adelantó que el bono de 100 mil pesos “empieza a regir con los haberes de julio y se replicará en septiembre”.

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La entrevista completa a Manuel Calvo

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

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Javier Milei recibe a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la Casa Rosada

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El presidente Javier Milei recibe este lunes en la Casa Rosada a Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La funcionaria, de suma confianza del presidente Trump, es conocida por sus posturas restrictivas contra la inmigración y su férrea defensa del endurecimiento de controles fronterizos.

El encuentro se da cuando la Argentina inicia el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program (VWP), en inglés), para ciudadanos que viajen por turismo o negocios que viajen a suelo estadounidense, según informaron fuentes oficiales.

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Noem llegó esta mañana a la Casa Rosada antes de las 11, la hora prevista para la reunión con Milei, y fue recibida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ofició de anfitriona en un recorrido de la funcionaria estadounidense por la casa de gobierno.

Si bien el proceso para flexibilizar el ingreso de los argentinos a los Estados Unidos está contemplado que comience hoy, el ingreso al programa no es inmediato. Previamente, la Argentina deberá atravesar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar que cumple con los requisitos y estándares exigidos por ese país. La Argentina ya había entrado en ese programa en 1996, cuando gobernaba Carlos Menem, y fue sacado tras la crisis de 2001, luego de la caída de Fernando de la Rúa.

Javier Milei, Kristi Noem y Karina MileiArchivo

Noem llegó a Buenos Aires este fin de semana, y se convierte así en la cuarta visita de un funcionario de alto rango del gobierno dirigido por Trump en llegar al país. Este lunes, además de ser recibida por el mandatario, mantendrá un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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Estados Unidos es, junto a Israel, uno de los dos países con los que la Argentina tiene alineación total desde la llegada de la administración libertaria, en diciembre de 2023.

La profundización del vínculo con referentes del partido republicano también muestra la cercanía entre los gobiernos y podría dar algún indicio sobre los objetivos de la gestión Trump en la Argentina. Hace algunos días, el designado embajador, Peter Lamelas, dijo que el gobierno estadounidense espera que la Argentina se aleje de China.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur entre 2019 y 2025, cobró notoriedad durante la pandemia de Covid-19 al rechazar la obligatoriedad del uso de barbijos y oponerse a la cuarentena y a las vacunas, en línea con las posiciones de Trump.

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Pero fue su estilo combativo en materia migratoria lo que le valió el apodo de “la caza-migrantes”. En sus redes sociales suele difundir videos con declaraciones contra el ingreso de extranjeros a Estados Unidos, especialmente de origen latinoamericano. “Estamos sacando a las basuras de estas calles”, señaló en uno de sus registros, grabado en Nueva York.

Donald Trump y Kristi NoemEvan Vucci – AP

Kristi Noem,el ingreso al programa no es inmediato.,Conforme a

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Avanza el caso del memorándum con Irán contra Cristina Kirchner: el tribunal oral anunciará la fecha del juicio después de la feria

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Apenas termine, en una semana, la feria judicial de invierno, se anunciaría la fecha de un nuevo juicio oral y público contra Cristina Kirchner; esta vez, por la firma del Memorándum con Irán.

Los jueces a cargo de ese proceso son Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Ríos, quienes pidieron a la Corte Suprema de Justicia que les habilite nuevos contratos para poder empezar con el proceso.

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Reclamaron sumar nueve empleados, ya hoy hay una sola persona del tribunal oral abocada a la causa, dijeron a en los tribunales. No buscan reforzar el equipo existente, sino armar uno nuevo desde cero.

El juicio oral podría comenzar en 2026, señalaron fuentes judiciales que dijeron que esperan “personal” y “la prueba pedida por las partes”.

La Corte rechazó el 5 de diciembre del año pasado todos los recursos de las defensas y despejó el camino para que el juicio oral y público se inicie lo antes posible.

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Pasaron siete meses y nada ocurrió. Primero, porque se discutió la integración del tribunal, ya que hubo recusaciones y excusaciones; luego, por “cuestiones de agenda”, según se informó. “Es una situación sin precedentes de un tribunal integrado por jueces ajenos [que no son los titulares del tribunal] y sin personal para semejante causa”, se quejaron en Comodoro Py.

Peter Lamelas, el embajador designado por Trump en la Argentina, en un evento en Mar-a-Lago

En esta causa hay poco que hacer antes del juicio, dijeron funcionarios judiciales que revisaron el caso, porque el tribunal oral que intervino con anterioridad había prácticamente agotado la instrucción complementaria.

Sin embargo, fuentes del caso mencionaron que se está respondiendo a los últimos pedidos de prueba, admitiendo y rechazando las medidas según el caso.

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Y señalaron que están reclamando la prueba que aún no llegó; por ejemplo, la autorización de Interpol para que declaren dos funcionarios de ese organismo, que fue enviada hace casi un mes y aún no hay respuesta.

Los jueces del tribunal oral Gabriela López Iñíguez, Daniel Obligado y Juan Michilini estaban por llamar a juicio, cuando decidieron sorpresivamente hacer unas audiencias preliminares y, tras escuchar a los defensores, a los querellantes y al fiscal Marcelo Colombo, absolvieron a la expresidenta.

Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.

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La Cámara de Casación indicó que la vicepresidenta debe ser juzgada por su presunta participación para beneficiar a los sospechosos iraníes prófugos que volaron el edificio de la AMIA en 1994, en un ataque terrorista que dejó 85 muertos.

Además de Cristina Kirchner, serán juzgados Eduardo Antonio Zuaín, Carlos Alberto Zannini, Oscar Isidro Parrilli, Angelina María Esther Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis Ángel D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Alejandro Khalil y Ramón Héctor Allan Bogado.

Esta causa se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero cuatro días después de efectuar esa presentación.

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En el expediente judicial, la AMIA, que es la entidad mutual de la comunidad judía, no es querellante en este juicio por la firma del Pacto con Irán, como sí lo es, en cambio, en la causa en que se investigan a los terroristas que demolieron su edificio de Pasteur 633 desde los cimientos. “No es un asunto que estemos llevando”, dijeron en la entidad sobre el caso del memorándum.

La DAIA sí es querellante en este juicio, aunque con muy bajo perfil. Quienes -como acusadores particulares- tuvieron un rol preponderante en el proceso son los familiares Luis Czyzewski Y Mario Averbuch, patrocinados por el abogado Tomás Farini Duggan, que empujaron la realización de este nuevo juicio.

Pero también el proceso tiene una dimensión internacional con el interés de Israel y de los Estados Unidos para que se lleve adelante.

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El embajador de Israel en Argentina Eyal Sela dijo a : “No corresponde que yo emita una opinión sobre decisiones de la justicia argentina. Lo que sí puedo decirle, y sin involucrarme en las cuestiones internas del país, es que la lucha contra el terrorismo y sus históricos promotores (sabe exactamente a qué país me refiero), es un tema que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. Pasaron 31 años de AMIA, y aunque su pregunta no lo refiera, no quiero olvidar los 33 desde el atentado la Embajada: los familiares y sobrevivientes, y es más, la sociedad toda merecen que se haga justicia”.

En cambio, sin eufemismos, el designado embajador norteamericano en la Argentina Peter Lamelas dijo esta semana al Congreso norteamericano (que analiza su postulación) que iba a llegar a la Argentina para asegurarse “de que Cristina [Kirchner] reciba la justicia que bien merece”.

Tras afirmar que Donald Trump le indicó trabajar en apoyo de su “amigo” Javier Milei, dijo que Cristina Kirchner, si no fuera expresidenta, probablemente cumpliría su condena en una prisión y no en su casa.

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Y fue mas allá cuando la vinculó con el encubrimiento del ataque a la AMIA y eventualmente, con la muerte del fiscal Nisman.

“Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento” dijo Lamelas.

Y agregó, cuando se refirió a la muerte de Nisman: “Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal Nisman”.

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El kirchnerismo a coro repudió los dichos de Lamelas, presionó en el Senado para que no se le de acuerdo y Cristina Kirchner tuiteó: “Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son ‘Las Fuerzas del Norte”. Y parafraseando la consigna Braden o Perón, escribió “Argentina o Lamelas”.

Donald Trump, a diferencia de sus antecesores, ha hecho gala y se enorgullece de interferir en los asuntos judiciales de otros países, cuando sus enemigos son acusados, por ejemplo, Irán, o cuando sus amigos son sometidos a la justicia, como en el caso de Jair Bolsonaro.

Por ejemplo, el Departamento de Estado anunció restricciones de visa para el juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, y un número no especificado de otros funcionarios judiciales, acusándolos de llevar a cabo una “caza de brujas política” contra el expresidente Bolsonaro.

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“Trump dejó claro que su administración exigirá responsabilidades a los extranjeros responsables de la censura de la libertad de expresión en Estados Unidos”, dijo.

Y agregó que “la cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los norteamericanos”.

“Por lo tanto, he ordenado la revocación de visas para Moraes y sus aliados en la corte, así como para sus familiares directos, con efecto inmediato”, señaló Rubio, por indicación de Trump.

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Hernán Cappiello,Conforme a

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