POLITICA
El dato llamativo del homenaje al Papa Francisco en la marcha de la CGT del 30 de abril
La CGT confirmó que brindará un homenaje al Papa Francisco en la marcha del 30 de abril para conmemorar el Día del Trabajador, pero hasta el momento, llamativamente, no está acordada la presencia ese día de algún representante de la Iglesia para compartir una oración por Jorge Bergoglio.
Los detalles se ratificaron en una reunión que se hizo esta tarde en la sede de la CGT, donde quedó en claro que la concentración tendrá lugar en la intersección de las 9 de Julio e Independencia, donde se propondrá a los manifestantes una oración en recuerdo de Jorge Bergoglio y luego marcharán por la avenida Independencia hasta Paseo Colón, donde está ubicado el monumento Canto al Trabajo y será instalada una gigantografía con la imagen del fallecido pontífice.
Dirigentes de la CGT están en contacto con autoridades eclésiásticas desde que surgió la idea del tributo al Papa Francisco y por eso llama la atención que hasta ahora no se haya confirmado su presencia para encabezar la oración en la calle.
En el Gobierno creen que la Iglesia no quiere involucrarse en una movilización que arrancará con un homenaje a Bergoglio, pero que se convertirá en una muestra callejera de fuerte oposición hacia la administración de Javier Milei.
Como anticipó Infobae, la muerte de Bergoglio, que conmocionó a la dirigencia sindical, aunque era una noticia que esperaba por su delicado estado de salud, motivó intensos intercambios de llamados y mensajes para “hacerle justicia” al Papa y a partir de allí surgió la posibilidad de organizar el tributo al papa Francisco el mismo día en que se hará la marcha por el Día del Trabajador.
De alguna forma, los miembros de la CGT quieren potenciar el perfil “social” que tuvo el papa Francisco como una manera de diferenciarse del gobierno libertario y cuestionar sus políticas. Por eso se apunta a elaborar un documento en el que quede expuesto el contraste entre la postura de Bergoglio en los temas sociolaborales con las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei.
El año pasado, los gremialistas tuvieron una fuerte presencia en la agenda del Papa Francisco, en una nueva ratificación de la fuerte influencia que ejerce la figura del Sumo Pontífice en el sindicalismo argentino, cuya dirigencia concurrió periódicamente al Vaticano para saludarlo, hablar con él y llevarse como trofeo una foto: esa imagen suele estar en un lugar destacado de las oficinas de cualquier dirigente de peso, como si de esa forma se confirmara el poder que tiene.
La propia CGT fue recibida por Bergoglio el 16 de septiembre pasado, en la primera visita que mantuvieron desde que la actual conducción fue elegida en 2021. En el encuentro, que fue distendido y se extendió durante media hora, los sindicalistas le plantearon un cuadro crítico de la situación política y socioeconómica de la Argentina por las políticas del gobierno de Milei y coincidieron en la necesidad de defender “la dignificación del trabajo” y procurar “el diálogo social para resolver de manera tripartita los principales problemas que vive nuestro país”.
Sin embargo, el Papa se cuidó mucho durante la charla de no decir nada que pudiera utilizarse políticamente. Por eso, luego de darle la bienvenida a la delegación de 13 sindicalistas, comenzó hablando de “la importancia que tiene la dignificación en el trabajo, como un valor trascendental y un ordenador social que está alineado con los principios de la doctrina social de la Iglesia”.
Bergoglio escuchó atentamente las críticas de sus interlocutores a Milei, pero ante cada intervención de los dirigentes de las CGT no dijo nada y limitó a cerrar sólo con un “gracias”.
La delegación sindical que fue al Vaticano estuvo liderada por dos de los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Pablo Moyano (Camioneros), quien renunció a su cargo dos meses después; Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales), Argentino Geneiro (gastronómicos), Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (vidrio) y Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.
En junio de 2024, además, el Papa recibió por separado a dos contingentes sindicales que lo visitaron en el Vaticano. Por un lado, una delegación de la que participó Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y luego, una comitiva integrada por Juan Pablo Brey (aeronavegantes), José Voytenco (UATRE), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Pablo Flores (AFIP) y Juan José Moreyra (ceramistas), entre otros.
La foto más impactante de esa jornada, sin embargo, fue obtenida por Brey: se fotografió junto al Papa con una bandera del gremio y otra de Aerolíneas Argentinas, justo cuando el Senado de la Nación debatía la Ley Bases en la que estaba prevista la privatización de la línea de bandera.
Es cierto que el Gobierno accedió a quitar Aerolíneas de la lista de empresas privatizables porque no tenía los votos suficientes en el Senado para evitar el rechazo de la Ley Bases, pero la foto del Papa con la bandera de Aerolíneas se convirtió en ese momento en un emblema político que la CGT quiso repetir con su postal en el Vaticano, aunque la actitud prudente de Bergoglio le bajó la intensidad.
El último sindicalista importante en visitar al Papa fue el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, uno de los más combativos contra el Gobierno. Tras el encuentro, que tuvo lugar el 9 de febrero, el dirigente dijo: “El Papa Francisco nos extendió la mano y alentó la lucha de todos los estatales de la Argentina. Le pedimos que rece por el Presidente para que lo haga mejor persona. Milei construye con odio, sus discursos son violentos y siembra resentimiento”.
POLITICA
Gobernadores aliados a Milei, en alerta por la suba de retenciones al campo y la apertura de importaciones
En un nuevo cruce de gobernadores aliados con el presidente Javier Milei, el santafesino Maximiliano Pullaro cuestionó la decisión de aumentar las retenciones agropecuarias a partir de junio y advirtió que “la carga tributaria es nacional”, pero también rechazó la apertura de importaciones y volvió a reclamar obras de infraestructura vial. En tanto que dos diputados cordobeses, que responden a Martín Llaryora, presentaron un proyecto en el Congreso nacional para mantener vigente hasta fin de año los derechos de exportación actuales, mientras el mandatario provincial pelea en la Corte Suprema por los fondos previsionales adeudados.
Los temas son comunes a la mayoría de las provincias, pero los gobernadores de la región centro -que son aliados clave de Milei en el Congreso– casi a diario insisten sobre los temas que podrían afectar ese vínculo, mientras aseguran que no se trata de una pelea, sino de dar respuesta a las necesidades de los distritos que gobiernan.
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Por ahora, todo se mantiene en tono de advertencia, pero podría reeditar las tensiones del inicio de gestión del Gobierno libertario en un año electoral, cuando nadie está dispuesto a ceder en sus territorios.
La queja de Pullaro
Al ingresar a la Bolsa de Comercio de Rosario, el gobernador santafesino planteó una larga lista de reclamos a Milei, que incluyó desde el estado de las rutas nacionales hasta el pedido de retrotraer la apertura de importaciones de bienes usados.
“Las rutas nacionales están en un pésimo estado, se están comiendo el activo vial, es decir, lo que queda aún de las rutas nacionales, algunas están muy rotas. Todas las semanas tenemos que lamentar un siniestro vial con fallecidos en la provincia, y eso, a veces, sentimos que desde Buenos Aires no lo ven”, dijo Pullaro. Y aunque aseguró que “a la provincia no le sobran los recursos”, insistió en que si el Gobierno nacional no se hace cargo de repararlas está dispuesto “a tener un plan de reparación, en principio, y posteriormente de inversión”. “Pero si no están dispuestos a transferírnoslas, por lo menos que las arregle”, insistió.
El mandatario también habló de la apertura de importaciones de bienes usados. “Me preocupa, porque la industria santafesina se va a ver afectada y creo que tal vez desde Nación eso no se ve. Nosotros tenemos que defender a nuestro sistema productivo y a nuestra industria”, afirmó.
Al respecto, señaló que cuando una industria deja de producir o cuando un producto termina siendo más barato importarlo que producirlo en el país hay que ver el contexto en términos generales. “No es porque tengamos industriales ineficientes, es porque tenemos una carga impositiva mucho más alta que el resto de los países, y eso hace que los productos terminen siendo más caros”, dijo.
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Y aclaró: “Nuestros industriales son eficientes, porque invierten en tecnología, en capacitación, porque nuestros operarios son buenos. El problema es en la carga impositiva y la carga impositiva es nacional”.
“Tenemos que ser claros dónde está la carga impositiva. La carga impositiva tiene que ver con los recursos que se lleva del interior productivo al Estado nacional”, fue la frase con la que dirigió su queja directo a Milei.
Sin embargo, aclaró que van a seguir acompañando “a un Gobierno que está haciendo un ajuste muy grande y que está reduciendo el costo del Estado y que ha ordenado la macroeconomía, pero que eso no sea a costa de que el sector productivo y lo que sostiene la República Argentina se cae, porque si empieza a haber desocupación va a haber un problema mayor”.
“Le pedimos al Gobierno nacional que mire muy bien lo que está haciendo y que pueda rever la apertura de importaciones, porque si eso nos afecta y nos impacta en nuestra industria, va a ser muy malo y muy difícil sostenernos y salir adelante”, alertó.
La pelea por las retenciones
A mediados de abril, los diputados cordobeses Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez -alineados con Llaryora- presentaron un proyecto para mantener sin modificaciones las actuales retenciones agropecuarias hasta fin de año. Fue tras la advertencia de Milei a los productores para que liquiden exportaciones porque la baja de los derechos de exportación es “transitoria”. “En junio le vuelven las retenciones”, aseguró.
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El proyecto convive en el Congreso con otros que plantean una reducción definitiva por ley, para que no dependa de las necesidades de los gobiernos.
Si bien Pullaro cuestionó la idea de volver a subirlas, dijo que para mantenerlas por ley “hay que consensuarlo con el Gobierno nacional”. “Tampoco podemos dañar la macroeconomía o las cuentas públicas del Estado nacional, pero tiene que haber un plan”, afirmó.
Retenciones, importaciones, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Gobernadores
POLITICA
El peronismo acelera para habilitar las reelecciones indefinidas para los legisladores y concejales en Provincia
Avanzado el período parlamentario por tratarse de un año electoral, el peronismo pondrá este miércoles -el último día de abril- en tratamiento en el Senado bonaerense el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas para senadores y diputados provinciales, concejales municipales y consejeros escolares. En esa iniciativa los intendentes quedaron afuera, pese a la inquietud y la presión para también despojarse de ese límite de cara a 2027.
El proyecto fue presentado por el senador Luis Vivona, alineado con Cristina Kirchner, con el respaldo de otros legisladores que responden a la titular del PJ como Teresa García, Emmanuel González Santalla y Gustavo Soos. En caso de prosperar, ya en este turno electoral se levantará la prohibición de volver a presentarse para los que acumulaban más de un mandato.
Verónica Magario, titular del Senado, giró la iniciativa a la comisión de Asuntos Constitucionales. Su presidente, Soos -vinculado al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y uno de los que la firmó-, convocó a una reunión este miércoles. Todavía no difundió el temario pero en la Legislatura descuentan que incluirá el proyecto de Vivona.
A diferencia de las prolongadas disputas en torno a las fechas de las elecciones y la presentación de las listas, en este caso Axel Kicillof y el kirchnerismo coincidirían en el aval a quitar la prohibición a las reelecciones indefinidas. El gobernador también está de acuerdo con ese esquema para los intendentes, aunque no envió un proyecto a la Legislatura. “Ni lo hará”, adelantó un integrante de su Gabinete.
En todo caso la tensión y los recelos pasan por los pases de factura y el costo político de impulsar la medida. Entre las múltiples lecturas por no estar incluidos los jefes comunales en el debate de este miércoles, en la sede de la Gobernación lo atribuyeron a una jugada de La Cámpora contra los intendentes que apoyaron a Kicillof en su decisión de adelantar la elección provincial.
Otra interpretación giró en torno a una estrategia para arrancar con la eliminación de la barrera para los legisladores y concejales, los más urgidos porque en poco más de cuatro meses tendrán la elección, y que la sanción funcione como un primer paso para luego liberarles el camino a los jefes comunales en 2026, en la previa al año en el que buscarán sus nuevas reelecciones.
La ley para impedir más de dos mandatos fue sancionada durante la gobernación de María Eugenia Vidal, con el respaldo del Frente Renovador de Sergio Massa. Ahora esos dos espacios adelantaron su rechazo a la derogación de la normativa. “Nosotros ya hicimos nuestro planteo en contra de las re-reelecciones”, aseguró Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense.
“Más allá de nuestra posición, tienen el número para dictaminar. Pero sólo lo tratan para legisladores y concejales, porque tienen claro que para los intendentes no pasa”, diferenciaron cerca de Massa. En el caso de los jefes comunales hubo tanteos para avanzar este año, pero esperarían al próximo período legislativo. Con el proyecto de Vivona el peronismo procurará acelerar el tratamiento, lo que quedó de manifiesto al tener a Legislación General como único giro para el debate (no se discutirá en la de Reforma Política), cuando por lo general se designa a más de una comisión.
Axel Kicillof,Sergio Massa,María Eugenia Vidal
POLITICA
El caso Libra llega a Diputados y por primera vez en casi 30 años un ministro vuelve a ser interpelado
Los diputados trabajaron esta última semana en cómo llevar adelante la interpelación en la Cámara Baja al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Mariano Cúneo Libarona y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por el caso Libra. Luis Caputo, de Economía, también fue citado, pero no asistirá.
Coordinada por el titular del Cuerpo, Martín Menem, los bloques presentarán propuestas que se definirán en la reunión de Labor Parlamentaria del martes, el mismo día en que, a partir de las 14, comenzará la sesión.
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El último antecedente de interpelación a ministros data del 24 de abril de 1996, cuando en el hemiciclo de la Cámara se sentó durante varias horas Domingo Cavallo, por entonces titular de Economía en el gobierno de Carlos Menem.
“El gran desafío que tenemos es que todos puedan preguntar y que no se desvirtúe el procedimiento. Estamos trabajando con la Secretaría Parlamentaria, buscando darle un orden y una lógica”, le dijo a TN el diputado Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
La sesión comenzará con una introducción que realizarán los funcionario. Luego los diputados solicitarán respuestas a las preguntas ya enviadas por los legisladores a la oficina de Francos. Posteriormente se abrirán las preguntas y respuestas de los bloques que solicitaron la interpelación, y en la nueva instancia las preguntas del resto de los diputados. Serán preguntas cortas y concretas a los funcionarios.
“El proceso del artículo 71 de la Constitución Nacional sobre la interpelación, que establece que cada Cámara del Congreso puede convocar a los ministros del Poder Ejecutivo para que expliquen y proporcionen informes, señala que el actor es el Congreso, que pregunta, y debe haber respuestas. Hay un ida y vuelta donde el actor conduce las preguntas. Nosotros definimos a quién le preguntamos”, aclaró Agost Carreño.
La comisión investigadora
El otro punto central de la semana en el Congreso será la puesta en marcha de la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda, que deberá definir a sus autoridades.
Son 28 diputados que están divididos, en primera instancia, en dos bloques de 14 legisladores cada uno. El oficialismo buscará que un legislador libertario quede al frente y, de esa manera, manejar los tiempos, retrasar el trabajo y el proceso a desarrollar por la comisión.
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El primer nombre que surgió para encabezar el espacio fue el de la diputada Nadia Márquez, de La Libertad Avanza. También el radicalismo ofrece una candidata, Soledad Carrizo, para llevar adelante la investigación.
Nadia Márquez aclaró que “Pidieron una comisión investigadora los que silbaban para el costado frente a los bolsos (de José López) y tantos casos de corrupción del kirchnerismo -sostuvo Nadia Márquez-. Los que silbaban haciéndose los disimulados cuando le hicieron los dos últimos pedidos de informes verbales (interpelación) a la hoy diputada Victoria Tolosa Paz (exministra de Desarrollo Social) por las irregularidades de los planes Potenciar Trabajo. Para mí, esto es un circo político”.
Los sectores que impulsaron la creación de la comisión afirman que el oficialismo no puede conducirla. Unión por la Patria, que cuenta con seis integrantes más Julia Strada, no buscará la presidencia y apuesta por sectores de consenso. Por eso están mirando principalmente a los representantes de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot.
Otros no descartan a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pero todos ellos están dentro de los 14 diputados que impulsaron la creación de la investigadora. Las conversaciones para romper esa paridad podrían abarcar a los representantes de los gobernadores y allí crecen las chances de proponerle la titularidad del cuerpo a Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro.
“En los días que quedan habrá muchas conversaciones en esta idea de que le sirve al Gobierno que exista una comisión de investigación porque deslinda responsabilidades, si efectivamente no las tienen, y mejorara la futura performance que vaya a tener en el proceso judicial”, sostuvo Danya Tavela, la diputada radical critica de Democracia para Siempre.
El trabajo de la comisión
La comisión tendrá como objetivo investigar la sucesión de hechos vinculados a la promoción y difusión de la criptomoneda $Libra, que derivaron en pérdidas millonarias por parte de actores locales y extranjeros; y determinar el grado de participación y la responsabilidad política del presidente Javier Milei, la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo, como también la de todos los ministros y funcionarios públicos involucrados en el caso.
Podrá remitir oficios y solicitar informes, documentos y antecedentes que sean relevantes al objeto de la investigación a entes públicos o privados, incluyendo sin limitación a cualquier órgano, funcionario o empleado de cualesquiera de los distintos poderes de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, o entes centralizados, descentralizados, autónomos y/o autárquicos. Es decir, podría citar al Presidente y a su hermana. También tiene entre sus facultades tomar declaraciones testimoniales, recibir denuncias, escritas u orales.
El tiempo de trabajo será de tres meses para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones. Una vez agotado el objeto de la investigación o transcurrido el plazo máximo fijado, y dentro de los 30 días corridos, debe elevar un informe final a Diputados detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos.
Diputados, comisión, Libra, Guillermo Francos
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