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POLITICA

El desahogo de Cristina, el plan venganza de Máximo Kirchner y el documental con tono épico sobre la prisión domiciliaria de la ex presidenta

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En las vísperas de la confirmación de su condena por corrupción, Cristina Kirchner tuvo largas charlas con un confesor habitual. Jorge «El Topo» Devoto, ex militante de Montoneros, publicista, productor audiovisual, es uno de los más leales amigos de su familia desde hace décadas. Devoto vivió todos los años de apogeo del poder K junto a ellos, y ahora sigue allí, con siempre con la capacidad singular de haber pasado casi desapercibido para la opinión pública a pesar de haber sido un «asesor» crucial para la familia.

Cristina se desahogó con él: «Son unos hijos de p…, Topo. Lograron lo que buscaban, me quieren humillar. ¡Humillar!», se enojó ella, de acuerdo a fuentes que la frecuentaron esos días. Devoto acompañó a la expresidenta a su último viaje en libertad, con destino la provincia de Corrientes, donde encabezó un acto con el candidato a gobernador del PJ local. Ya sabía que terminaría presa. Tiene informantes en los tribunales. Fue dos veces presidenta, una vez vice, y senadora nacional y diputada.

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Por eso planeó anunciar una candidatura a diputado bonaerense antes de que se expida el máximo tribunal. Plantó así la «escenografía» para denunciar después una «proscripción». Durante su travesía al Litoral, antes, y después, cámaras de la productora de Devoto filmaron a Cristina en la más cruda intimidad. La idea inicial fue realizar un documental sobre la detención de la expresidenta. El relato sería en tono de épica. Y no una narración alrededor de un caso jurídico y que tendría como consecuencia un destino penitenciario. Hasta que la Justicia afinó y se puso firme en las restricciones que le impusieron a Kirchner luego de otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, ella aprovechó lo que pudo moverse hasta límites temerarios. Si bien se le informó que podía pasar sus días de confinamiento en su departamento de San José 1111 con condiciones, como la de no alentar acciones que pudieran promover la alteración de la convivencia y la tranquilidad en el barrio, Kirchner salió a saludar y hasta a bailar al balcón del más modesto de sus inmuebles porteños.

La militancia saltaba de algarabía mirándola desde abajo. En esas apariciones copó las transmisiones de los canales de noticias. Cerca suyo la sobrevolaba un drone, muy cerca, que iba y venía. Los custodios K no temieron un ataque o una intromisión de los medios para lograr imágenes de una intimidad intrigante.

Ella sabía que la filmaban para el posible documental. Hay material audiovisual aun inédito de un acontecimiento histórico que puso en shock a los Kirchner, a la Justicia, a la política: Cristina es la primera expresidenta presa en arresto domiciliario para cumplir seis años de pena de cárcel por haber cometido el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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Según el Código Penal, ese crimen conlleva sí o sí la accesoria de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Cristina intentó mostrarse firme y fría cuando su destino de prisión era una certeza. Pero fuentes que accedieron a hablar con ella en las vísperas de la confirmación de su condena aseguran que la vieron sollozar. Evitó que trascendiera su decaimiento de ánimo. «Cristina está entera, es de una generación de peronistas que se bancó la dictadura. Su condena unió al partido y por eso nos movilizamos así«, contó Devoto en declaraciones a medios afines.

Fue un aliado fundamental del extranjero, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, el que sinceró todo: admitió que se comunicó con Cristina y que ella lloró cuando escuchó su voz. Lula estuvo detenido por corrupción, y volvió al poder. Cristina ve en el brasilero un espejo que espera que refleje el mismo destino para ella. Los casos sin diferentes. Da Silva no tuvo, como Kirchner, una condena firme del máximo tribunal de su país.

La expresidenta logró concentrar la centralidad política antes de que se conocieran los detalles de su arresto. Presionó a la Justicia para que le otorgasen la domiciliaria en lugar de cumplir su pena en una cárcel. Le daba terror pasar años en una penitenciaria, así como le ocurrió a decenas de sus ex funcionarios. Puso al PJ en estado de alerta y anunció, con energía impostada y con ayuda de voceros, que se entregaría el miércoles que pasó en los tribunales, a los que llegaría escoltada por una multitud de militantes. Incluso pensó en salir caminando desde San José 1111 y llegar a pie a Comodoro Py 2002. El plan mutó a encabezar una caravana para después sí entrar a notificarse de la ejecución de su pena junto a un número indefinidos de dirigentes leales.

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En rigor, mediante el ministro de Justicia bonaerense, ex subdirector de la SIDE, e integrante de la agrupación K La Cámpora, Juan Martin Mena, sondeó en los tribunales cuál sería la decisión que se tomaría sobre ella. Coincidió en esas comunicaciones con interlocutores del Gobierno con el tribunal oral federal 2. La política prefería evitar desmanes y solicitó al Poder Judicial que Cristina evite su paso por la Justicia: podían otorgarle la domiciliaria anunciándoselo vía Zoom. Pasó. Fue el martes.

La verdad es que hasta ese momento, la expresidenta había aceptado que tanto Mena como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, acordasen con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de la Casa Rosada cuál sería el recorrido exacto de la movilización hacia Comodoro Py 2002. El shock para ella se produjo cuando supo que el TOF 2 le impondría restricciones a sus visitas y la implementación de una tobillera electrónica. Hubo de nuevo llantos en San José 1111.

El primogénito de los K, el diputado nacional Máximo Kirchner, hervía de furia en la intimidad. «Nos vamos a vengar de cada uno de los metió en cana a mi vieja», rumiaba. Varios dirigentes del PJ, con exposición mediática, transmitieron el mensaje a periodistas: «Déjense de joder, muchachos. Miren que va a haber vuelto por esto», dijeron, según le consta de modo irrefutable a Clarín. Aunque planeaba hacer un documental épico sobre su detención, aunque bailó en el balcón y tensó al máximo los límites a las restricciones que le impuso la Justicia, Cristina empezaba a entender, hacia mitad de semana, que pasaría años encerrada.

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La movilización que en origen sería hacia los tribunales mutó a una marcha a Plaza de Mayo. Otra vez: Mendoza y Mena acordaron con las autoridades que la concentración de la militancia no sería en la avenida San Juan y San José, tal como igualmente expresaban en público y en las redes. La convocatoria sería directamente en Plaza de Mayo. Incluso se pactó el horario. De diez de la mañana a las cuatro de la tarde. A las seis, a pesar de que la masividad del apoyo a Cristina, el espacio público frente a la Casa Rosada ya estaba casi vacío.

Los incidentes y amenazas a periodistas, medios, y hasta jueces se sucedieron durante toda la semana y en varias partes del país. Habían empezado con los disturbios aun impunes que La Cámpora desató en las instalaciones de Artear y el canal TN, de Clarín. Encapuchados rompieron autos de los empleados, invitados a programas de tevé y toda la entrada al edificio. El plan venganza incluso pegatina de afiches contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y hasta ataques a la casa del diputado libertario José Luis Espert, o la aparición de un pasacalle en contra del camarista Carlos Mahiques, justo en las cercanías del jardín de infantes en el que se escolariza su nieto. «Antes eran los condenados los que amenazaban, ahora lo hace la política», se quejó Mahiques y nadie lo desmintió.

Cristina, entre el miércoles, jueves y viernes de esta semana, mutó en su ánimo. Con algunos visitantes, los últimos a los que pudo recibir sin ser acechada por las fuerzas de seguridad y la Justicia que le impuso el arresto domiciliario y la tobillera electrónica, se mostró con entereza y casi como si nada le hubiera ocurrido. Con su entorno de todos los días la situación fue diferente. Hubo llantos de asesores, diputados, custodios. Y de ella.

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La expresidenta pretende que la Justicia le otorgue más beneficios: quiere que no haya restricciones para poder seguir recibiendo a quien quiera, cuando quiera.

La narrativa K, ya con los hechos penitenciarios consumos, era que el departamento de San José 1111 sería una especie de «Puerta de Hierro», en alusión a la casona en la que Juan Perón recibía a la militancia que viajaba a su exilio a Madrid a recibir instrucciones. Pero no pasará. La expresidenta se desespera por la Justicia le impuso un confinamiento que no imaginó. No podrá recibir a dirigentes políticos.

Las comunicaciones con la militancia solo podrá efectuarlas por teléfono o las redes. Así lo hizo hasta ahora. Envió audios a la concentración en Plaza de Mayo, en tono épico. Y otros ya diferentes a otra movilizaciones que cambió de sede: su hijo Máximo y La Cámpora habían convocado a un «banderazo» el viernes pasado en San José 1111, pero por miedo a que el Poder Judicial le revocara la domiciliaria todo debió moverse al Parque Lezama. Ella le rogó a esos militantes que no pasen por su casa: «Está lleno de cabezas de tortuga», alertó, por la infantería que se desplegó en la zona por orden de Patricia Bullrich.

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La expresidenta apelaría las restricciones de visitas en su domiciliaria a la Cámara de Casación Penal Federal. Quizás una resolución de ese tribunal la disguste aun más, supo Clarín de fuentes judiciales.

Lo cierto es que ella esconde un «secreto» en el mismo edificio de San José y Humberto Primo en el que vive. Hace alrededor de tres meses, sin que trascendiera a los medios, la expresidenta se cayó en un baño. Vive sola, aunque antes recibía cada día a una maquilladora, una peinadora y una empleada que la ayudaba con la limpieza del inmueble.

Desde que sufrió esa caída, su familia decidió que Nancy, hija de ésa última ayudante diaria, llamada Zulma, se mude al departamento que está justo enfrente al de Kirchner. Y allí está Nancy: trabaja de asistente en todo lo que quiera comprar, recibir, buscar fuera de su casa Cristina, tal como adelantó Clarín. Cristina, por la tobillera electrónica, no puede moverse para tocarle siquiera el timbre a Nancy.

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Pero Nancy sí podría tocarle la puerta a su jefa. Incluso entrar en su domicilio, algo que se descarta que haga porque violaría las condiciones de su detención. Pero a ese pasillo del edificio solo accede la custodia de la expresidenta. ¿Cómo se controlaría lo que pasa en el lugar? Desde el ministerio de Seguridad dejaron trascender que la custodia de Kirchner no puede cuidar que la condenada cumpla su pena. Pero sí podrían hacerlo agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Con todo, Kirchner empezó a experimentar lo que sucede cuando se debe cumplir una pena de arresto. Aunque domiciliario, es una pena de encierro judicial al fin y al cabo. Fue notificada por policías de la Ciudad sobre su encierro. Si nada lo modifica, deberá permanecer en su confinamiento hasta el 16 de junio del 2031. A las doce del mediodía.

Cristina Kirchner,Corrupción K

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El Gobierno trabaja en un proyecto para que el Congreso habilite el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

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El Ministerio de Justicia mantiene reuniones con todas las cámaras de la justicia nacional para elaborar un informe que elevará al Congreso a fin de año para que legisle sobre el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El traspaso de la justicia nacional a la Ciudad es resistido por los jueces nacionales nucleados en la Asociación de Magistrados.

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El debate se dio a partir de la reforma Constitucional de 1994, que dotó de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires.

Esta situación se superpuso con la existencia anterior de la justicia nacional, que incluye a los jueces que tramitan casos ordinarios, no federales, en tribunales con asiento en la Ciudad. Son los que intervienen en quiebras, divorcios, causas civiles, o delitos como homicidios o robos con armas.

Esos jueces nacionales se resisten ser convertidos en jueces de la Ciudad, que hoy son los que atienden otros casos de delitos menores o faltas, o asuntos contenciosos de la administración porteña.

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En ese contexto la Corte viene avanzando con diversos fallos que reconocen la autonomía porteña y en el último (en el caso Levinas) le dio potestad al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que sea el que resuelva en las apelaciones de las causas civiles, comerciales, o criminales de los jueces nacionales.

En el avance, el Ministerio de Justicia de la Nación dispuso además la creación de una comisión que analice el traspaso de la justicia nacional ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma. El ministro Mariano Cúneo Libarona, basó su decisión de realizar esta tarea en el fallo Levinas.

La comisión está presidida por el asesor del ministerio Marcelo Ruíz, designado como representante nacional. Los vocales son Alberto Nanzer, Pablo González y Mariano Loprete.

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Esta comisión se reunió con las autoridades porteñas, entre ellas con el ministro de Justicia, Gabino Tapiab y luego con los camaritas a quienes les pidió un informe de cada fuero.

La idea es avanzar en una legislación reconociendo que la justicia nacional ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires es “de carácter transitorio”, dijo el Gobierno citando a la Corte.

El 27 de diciembre de 2024, en el caso Levinas, la Corte Suprema reiteró la necesidad de avanzar en la adecuación de las leyes para garantizar el ejercicio pleno de la autonomía jurisdiccional de la ciudad de Buenos Aires. Y lo reiteró al semana pasada al firmar “Levinas 2″, donde mantuvo el mismo criterio que en el anterior, solo que ahora con la firma de conjueces, que acompañaron los votos de Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El juez Juan Carlos Maqueda, que firmó “Levinas 1″ se jubiló.

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“Tenemos la convicción de que la Ciudad debe ser plenamente autónoma. Contar con las competencias judiciales, laborales, penales y civiles que nos corresponden nos va a permitir dar respuestas más rápidas, cercanas y eficientes a los porteños”, dijo Tapia. “La Corte Suprema volvió a ratificar que estamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando para concretar la transferencia de competencias de manera coordinada, progresiva y consensuada con la Nación”, expresó en la red X.

Según se recordó en la resolución del ministerio, la Corte había exhortado a los poderes políticos a adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional.

Entre las propuestas que analizan están la de formular propuestas de leyes, identificar los costos presupuestarios del traspaso, y los temas relacionados con la estabilidad laboral de los empleados para asegurar el funcionamiento continuo del sistema judicial en ambas jurisdicciones.

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Durante las reuniones con los camaristas se exploraron diversas alternativas, por ejemplo, en el fuero laboral. Ante la demora en la transferencia o al firma de convenios, la Ciudad avanzó con la creación de sus propios fueros. El último es el laboral, que es visto con atención por el mundo empresarios.

Los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires: Santiago Otamendi , Alicia E. C. Ruiz, Inés Weinberg, Luis F. Lozano y Marcela De Langhe

Marcela De Langhe

La puesta en marcha del fuero laboral porteño quedó frenada por un fallo de la semana pasada dictado a instancias de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal, con la firma de Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó una medida cautelar y frenó la implementación.

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En la Ciudad explicaron que seguirán adelante con los procesos de concursos en el Consejo de la Magistratura hasta llegar a las ternas y ahí esperarán a que la Corte Suprema de Justicia resuelva.

Uno de los asuntos más espinosos para jueces y abogados es la índice que se aplica para la actualización de las indemnizaciones y de la multas. A pesar de que la Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes, la Cámara del Trabajo no llegó a un consenso sobre como ajustar.

La mayoría de las salas aplica un índice de ajuste basado en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) más un 3 por ciento. Excepto la Sala 10, que aplica un ajuste solo por IPC y la Sala 8, que aplica el índice de ajuste del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

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Actualmente en la Cámara hay diez vacantes. Está en trámite en el Consejo de la Magistratura el concurso 451 destinado a cubrir cuatro vacantes en la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Son las vacantes existentes en la Salas 2, 3, 5 y 7. Y además tramita el concurso 486 con el que se busca cubrir otras cuatro vacantes.

Mayoritariamente el concurso 451, que es el más próximo a salir, esta dominado por candidatos cercanos al gobierno bonaerense. Incluso hay una postulante que es hija de un sindicalista. Entre los primeros diez candidatos hay dos jueces de primera instancia: Raul Ojeda y Alberto Calandrino.

Ojeda fue funcionario del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Carlos Tomada y Calandrino viene de la vida tribunalicia. Ojeda integra el grupo de jueces propensos a elevar los montos de sus sentencias, Calandrino en cambio es más prudente. El tercer juez que se encontraba entre los diez primeros, Mariano Candal, renunció al concurso. Más atrás viene el juez Claudio Loguarro. La futura integración de la Cámara laboral es fundamental para el destino del fuero y para valorar la influencia del peronismo bonaerense, en una línea jurisprudencial cuestionado por la Corte Suprema.

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Actualmente, el concurso 451 está en las vocalías de los consejeros Alberto Lugones (concejero juez de la Lista Celeste) y Roxana Reyes (consejera diputada radical) para definir el orden de mérito luego de las entrevistas realizadas por el Consejo de la Magistratura.

Alberto Lugones. miembro del Consejo de la Magistratura, tiene bajo su órbita los concursos para cubrir vacantes en la justicia laboralricardo-pristupluk-11511

La Cámara Laboral es un tribunal donde el sindicalismo pesa. La CGT y uno de sus históricos abogados, el fallecido Héctor Recalde, maniobraron para ocupar casilleros en el fuero de modo de conseguir sentencias en beneficio de los trabajadores.

Ahora, los ajustes de los cálculos indemnizatorios deberán ser analizados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que tiene en sus manos más de 1000 casos laborales, pero aún no se pronunció en ninguno de ellos.

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El TSJ ya armó una secretaría laboral y designó a un secretario. Se trata del juez laboral Juan Carlos Cerruti, que renunció al juzgado 29 para protagonizar esta etapa fundacional en el Poder Judicial porteño.

El Gobierno analiza en este contexto, presentar un proyecto de ley para ratificar el indice de ajuste establecido en el capítulo laboral del DNU 70, fundacional del Gobierno de Milei, y suspendido por la justicia laboral.

Allí se establecía aplicar el ajuste del 3 por ciento más el Indice de Precios al Consumidor (IPC), casi la misma solución que aplican las mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo.

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diversos fallos que reconocen la autonomía porteña,el caso Levinas,reación de una comisión,El último es el laboral,a Corte dictó dos fallos en los que limitó esos exagerados ajustes,July 21, 2025,Hernán Cappiello,Justicia Federal,Conforme a,,Cambios en Cancillería. Las razones de la salida del número dos y el rearmado que dispuso Werthein,,La Derecha Diario. Así es el periodismo que no odia Milei: militancia libertaria, insultos y datos sin rigor,,Revés para Bullrich. Citan a indagatoria al gendarme que disparó la granada que hirió al fotógrafo Pablo Grillo,Justicia Federal,,Un vergonzoso aval al escrache,,Pesos en dólares. Levantan el secreto bancario del pastor evangélico que recibió a Milei en su megaestadio,,Recién asumido. El nuevo juez federal en la zona estratégica de la Triple Frontera acumula graves denuncias en su contra

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El Gobierno negocia con siete gobernadores para sostener el veto al aumento de las jubilaciones

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En los últimos cinco días, la Casa Rosada recibió a los gobernadores de Salta, Jujuy, Neuquén, Mendoza, Catamarca, Chaco y Entre Ríos en una serie de encuentros destinados a “recomponer vínculos” y construir consensos de cara a las elecciones de octubre e iniciativas legislativas clave, como los vetos por jubilaciones y discapacidad, que se oficializarían en agosto.

La negociación centraliza el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posible modificación a la distribución del impuesto a los combustibles. El Ejecutivo propone conceder transferencias discrecionales sin comprometer el equilibrio fiscal, al mismo tiempo que busca evitar que las provincias presionen en el Congreso para modificar la distribución actual.

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El FMI alertó al Gobierno por la escasez de reservas en medio de la corrida cambiaria

Los encargados del diálogo por parte del Gobierno fueron el jefe de gabinete Guillermo Francos, el presidente de Diputados Martín Menem, el vicejefe de Interior Lisandro Catalán y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, acompañados por el secretario de Hacienda Carlos Guberman, quien exploró mecanismos para transferencias sin desbalancear las cuentas públicas.

Ese mecanismo incluye propuestas cuidadosamente diseñadas, como ceder solo la porción del impuesto a combustibles destinada al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), mientras se mantiene intacto el grueso del Fondo de Infraestructura de Transporte y se evita cambios arriesgados en el superávit fiscal.

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AUMENTO DE JUBILACIONES,Fondos,Gobernadores,veto

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Ritondo, tras el acuerdo con LLA: “Decir que Pro perdió es no ver la película completa”

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Tras el cierre de listas con el que se selló el acuerdo de Pro con La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, el diputado nacional Cristian Ritondo -armador bonaerense del partido amarillo- analizó el resultado de semanas de negociaciones con la fuerza oficialista. “Decir que Pro perdió es no ver la película completa”, expresó sobre los lugares que consiguieron desde su espacio.

“Estoy muy conforme porque logramos un equipo con gente de peso para ganarle al populismo en la Provincia. No se trataba de quién ponía o quien no, sino que decidimos construir juntos una alternativa en la Buenos Aires para un cambio en serio”, evaluó el jefe de la bancada de Pro en Diputados.

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El Frente La Libertad Avanza tendrá como primer candidato al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (que era de Pro pero se pasó a LLA), en la primera sección. También se presentó el líder municipal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, por la quinta sección. En tanto, el oficialismo nacional llenó sus listas de candidatos con funcionarios públicos, dirigentes de oficinas clave y referentes territoriales, ligados sobre todo al armador libertario Sebastián Pareja.

Consultado sobre si Pro quedó “desdibujado” en las listas por los lugares que obtuvieron en el armado, Ritondo sostuvo: “Pensamos que ganan los bonaerenses, que van a contar con un espacio potente. Decir que Pro perdió es no ver la película completa. Defender al Pro era esto, hacerlo competitivo para ganar la Provincia. Hoy LLA junto a Pro pueden resultar un frente fuerte. No ir juntos no sólo hablaría contra la historia más reciente sino que seríamos funcionales al kirchnerismo”.

Aseguró en tanto que “la división beneficia al kirchnerismo” y que “hay que enfocarse en la batalla que es derrotar al populismo”.

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“La primera y tercera sección (el bastión peronista en la Provincia; allí irán por Fuerza Patria Verónica Magario y Mayra Mendoza) hacen una fortaleza electoral gigante. Tenemos que poner toda la fuerza, eso va a tener un peso real”, consideró, en diálogo con radio Mitre.


cierre de listas,Cristian Ritondo,Pro (Propuesta Republicana),La Libertad Avanza,Conforme a,,Cruce con la oposición. Bullrich se quejó por una nota de los senadores sobre el uso de los baños por parte de las fuerza de seguridad,,El caso $LIBRA. Hayden Davis transfirió medio millón de dólares cuando comenzó su reunión con Milei en la Casa Rosada,,Baja en el Gobierno. Renunció el número dos de Werthein en la Cancillería,Cristian Ritondo,,Interna bonaerense. Ritondo denunció «juego sucio» del PJ tras el corte de luz que demoró el cierre de listas en La Plata,,Desde Miami. Ritondo contó cómo recibió Macri el acuerdo sellado entre Pro y LLA,,Solo en Off. El silencioso encuentro de Ritondo y Caputo en medio de la negociación bonaerense

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