En medio de la creciente tensión interna entre los sectores que expresan una postura de dureza hacia la gestión libertaria y aquellos que pugnan por privilegiar el diálogo con la Casa Rosada, la CGT se movilizará este miércoles hasta el Congreso para acompañar la tradicional marcha de los jubilados en reclamo por la recomposición de haberes, instancia que iniciará una jornada de protesta de 36 horas y que culminará un día después con un nuevo paro general, el tercero dispuesto por la central contra la administración de Javier Milei.

Desde el fin de semana, y a la par de los cruces internos derivados de la decisión de los colectiveros de la UTA de no adherir a la huelga, lo que sin dudas debilitará el impacto de la medida de fuerza, los principales referentes de la conducción cegetista se concentraron en la organización de la marcha de este miércoles en conversaciones con sus pares de las dos CTA y las organizaciones que agrupan a los jubilados.

Allí se definió que la protesta arrancará a las 15 y finalizará a las 17 con un acto en el que solo hablarán los representantes de los jubilados y se repetirán los reclamos de un aumento de los haberes, la reapertura de la moratoria previsional y la entrega gratuita de medicamentos. «No se trata de una movilización sindical. La marcha es de los jubilados y la CGT va a estar acompañando sus reclamos», remarcaron de la cúpula de la central obrera.

De cualquier forma, en la conducción cegetista aseguran que la protesta será multitudinaria. A excepción de la UTA y los gastronómicos de Luis Barrionuevo que tampoco se plegarán al paro, el grueso de los gremios de la entidad anunció su participación en la marcha. Algunos prometen columnas numerosas, otros una presencia más acotada.

Pero entre los organizadores estiman que la multitud podría superar los 30 mil manifestantes si, además de la participación de los sindicatos de la CGT, se cuentan los gremios de las dos CTA, los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda que también anticiparon su adhesión a la protesta. Justamente en parte para garantizar una mayor presencia en la marcha, algunas organizaciones sindicales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), optaron por adelantar el inicio del paro general para el mediodía de este miércoles. El gremio que lidera Rodolfo Aguiar mantiene un fuerte conflicto con el Gobierno por el ajuste y los despidos en la administración pública nacional.

La protesta estará también enmarcada por el conflicto abierto entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad.

El magistrado hizo lugar a un planteo de los gremialistas Julio Piumato y Maia Volcovinsky, miembros de la cúpula de la CGT, y del titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, y dispuso que el Gobierno porteño coordine el operativo de seguridad durante la movilización de este miércoles, con la Policía de la Ciudad al frente de la custodia de los manifestantes.

El fallo de Gallardo fue cuestionado por Bullrich, quien acusó al magistrado de querer limitar la aplicación del protocolo antipiquete en la Ciudad y le reclamó que «no se entrometa».

La participación de la CGT en la marcha de los jubilados será la antesala del paro general que la entidad concretará el jueves, esta vez sin la adhesión de los colectiveros, lo que restará fuerza a la medida. Esa situación evidenció en las últimas horas las divisiones que surcan a la primera línea de la central, entre los grupos de perfil más dialoguista y los sectores más críticos, que descreen del éxito de cualquier gestión con el Gobierno. Dentro de este último grupo se inscriben, además de los dirigentes alineados con el kirchnerismo, como Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (Smata) y Sergio Palazzo (bancarios), dos de los miembros del triunvirato de conducción, Héctor Daer de Sanidad y Octavio Argüello de Camioneros, y los referentes «independientes» Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri.

A su vez, Luis Barrionuevo -al que los duros acusan de jugar para Milei al no comprometerse con la medida de fuerza-, junto a Roberto Fernández de la UTA, y los jefes de Comercio, Armando Cavalieri, y de la Uocra, Gerardo Martínez, expresan una posición más moderada y plantean la necesidad de retomar el diálogo con el Ejecutivo. De cualquier manera, tanto Cavalieri como Martínez ratificaron que sus organizaciones adherirán a la huelga de este jueves.

La fiscal Betina Lacki pidió la elevación a juicio del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau y de sus jefes, el exconcejal massista Facundo Albini y su padre, el exsubdirector de personal de la Legislatura bonaerense Claudio Albini, todos acusados de apropiarse de los sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura provincial para el financiamiento ilegal de la política.

También –dijeron fuentes judiciales a – se solicitó la elevación a juicio de 47 de los 48 titulares de las tarjetas de débito ajenas que usaba Chocolate Rigau cuando fue detenido extrayendo dinero de cajeros automáticos del centro de La Plata. Uno de ellos se mudó a España y se realizará otra solicitud.

Ahora, el juez de La Plata Federico Atencio deberá decidir. Todos están acusados en la misma causa. Rigau fue detenido el 9 de septiembre del año pasado cuando sacaba dinero en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Y los Albini cayeron el 23 de noviembre de 2023 y desde entonces están tras las rejas, procesados con prisión preventiva.

La investigación está a cargo de la fiscal platense Lacki y del juez Atencio. Rigau fue liberado a los 13 días de ir preso por una disposición de los camaristas platenses Alejandro Villordo y Juan Benavides, pero tras el estrépito público que generó, el fallo fue revocado y Rigau volvió a prisión el 14 de octubre de 2023.

Rigau, los Albini y su entramado de tarjetas de débito de “ñoquis” y prestanombres de la Legislatura bonaerense le causaron un perjuicio neto a la provincia de Buenos Aires durante dos años de por lo menos $395,4 millones, sujetos a actualización por inflación, según surge de un informe elaborado por la División Lavado de Activos de la Policía Federal, y cuya copia obtuvo .

El informe alerta, sin embargo, que el perjuicio para las arcas públicas sería muchísimo más elevado, según los expertos de la Policía Federal. Indicaron que a esa cifra preliminar sobre los años 2022 y 2023, que debe ajustarse por inflación, también hay que sumar el desvío de fondos que pudo ocurrir en años anteriores. Algunos de los presuntos empleados de la Legislatura bajo la lupa judicial figuran con cuentas salariales abiertas en el Banco Provincia desde 2012.

Cuando la justicia confirmó la prisión preventiva de los Albini, ellos pretendieron deshacerse de una mansión de 481 metros cuadrados en un barrio cerrado sobre la ruta 2, mediante una venta simulada. El caserón se ubica en el lote 13 “D” del club de campo Miralagos I, a la altura del kilómetro 64 de la autopista que conecta las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Albini compró el terreno de 1282 metros cuadrados en mayo de 2011.

El 23 de febrero de 2024, Albini le informó a Sintec SA, la firma desarrolladora de Miralagos, que pretendía cederle su lote a un tercero por apenas US$30.000, cuando inmuebles de similares superficies y características cotizan desde los US$250.000 en ese country, según surge de la información disponible en distintos portales inmobiliarios. La empresa informó a la Justicia y todo se suspendió.

El informe oficial también aportó un indicio más que complica a la presunta asociación ilícita que integrarían los “ñoquis”, Rigau y, por encima de ellos, Facundo Albini –en ese entonces apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa–, y su padre, Claudio Albini.

Tanto la fiscal Lacki como el juez Atencio consideran que los ñoquis, Rigau y los Albini serían apenas los niveles iniciales y medios de un entramado delictivo cuyos máximos responsables continúan en las sombras, desde donde buscan controlar los daños.

Los chats de Rigau con sus jefes revelan cómo funcionaba el mecanismo, donde “Chocolate” debía rendirles el dinero en efectivo y reponer lo que faltaba si los titulares de las tarjetas usaban la plata para sus gastos.

Los chats exponen que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que en los papeles debían desempeñar y que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini. En un caso, uno de los titulares de las tarjetas reclamaba que le den de baja en la Cámara de Diputados porque al figurar en ese trabajo le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De esas conversaciones, a las que accedió , surge que Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.

La Legislatura bonaerense mostró nulo interés por investigar la trama de corrupción y menos aun por cooperar con los pedidos de la Justicia. El caso explotó durante la presidencia en la Cámara de Diputados del insaurraldista Federico Otermín, hoy intendente de Lomas de Zamora, y continuó con el kirchnerista Alejandro Dichiara y el massista Alexis Guerrera, actual titular de la Cámara baja.

Es más, la Legislatura bonaerense completó este año una “investigación preliminar” plagada de inconsistencias, en la que descartó que se hayan cometido “irregularidades” –mucho menos delitos–, elogió el “buen desempeño” y el “compromiso laboral” de los empleados que la Justicia considera “ñoquis”, y hasta desechó un “perjuicio” económico para el Estado bonaerense, según consta en esas actuaciones cuya copia obtuvo .