El Gobierno nacional está evaluando la posibilidad de declarar la educación como un servicio esencial, según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Esta medida fue suspendida por la Justicia luego de la inclusión en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al poco tiempo de asumir su mandato.

El DNU había modificado la ley laboral argentina, incluyendo a la educación como servicio esencial, lo que restringiría el derecho a huelga. Esta medida ha sido discutida como un mecanismo para garantizar el derecho a la educación frente a prolongados conflictos docentes en algunas provincias, pero también ha generado resistencia por limitar el derecho a la huelga.

El fallo judicial declaró inconstitucional este apartado del DNU tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), determinando que las reformas laborales deben debatirse en el Congreso.

La medida propuesta por el Gobierno implica una restricción en los paros docentes, estableciendo un mínimo del 75% de prestación normal del servicio en caso de conflicto. Esto quiere decir que, ante una eventual medida de fuerza legítima por parte de los gremios, sólo podrá adherirse 1 de cada 4 docentes.