El Gobierno presentó una iniciativa para recortar el financiamiento a los partidos políticos y destinar esos fondos al presupuesto educativo. La propuesta incluye una reducción en el Fondo Partidario Permanente, que asigna dinero a los partidos que compiten en elecciones. “Si quieren aumentar las partidas de las universidades, una de las vías posibles para concretarlo es reducir los fondos públicos para los partidos”, expresó un colaborador del Ejecutivo, dejando claro que el objetivo es responder a la demanda de más recursos en educación.

La Casa Rosada pretende modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 26.215) para reducir el monto destinado a este fondo, que para 2025 se proyecta en $2,930 millones. La administración de estos recursos está a cargo del vicejefe de gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el Gobierno espera concretar el cambio en conjunto con los bloques aliados, apuntando a aprobar la propuesta en el Congreso antes de fin de noviembre.

Para acelerar el tratamiento, el Ejecutivo planea apoyarse en José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto. La iniciativa incluye también modificar el límite de aportes privados a los partidos, elevando la contribución de una misma entidad jurídica del 2% al 20% del gasto total de la campaña. Esta modificación busca ofrecer una mayor flexibilidad en los ingresos privados para compensar el recorte de fondos públicos.

La Dirección Nacional Electoral (DINE) cuenta además con un presupuesto de $326,905 millones para la ejecución de los actos electorales en 2025, mientras que la subsecretaría de Asuntos Políticos destina $694 millones a la capacitación de dirigentes. Estos recursos, sin embargo, no se verán afectados directamente por el recorte que plantea el Gobierno.

Finalmente, el Ejecutivo también pretende eliminar la distribución de espacios de publicidad electoral que actualmente maneja la vicejefatura de gabinete del Interior. Esta medida, junto con el recorte de financiamiento, representa un cambio significativo en el modelo de apoyo estatal a los partidos, priorizando, según el Gobierno, “la educación sobre los gastos de la política”.