POLITICA
El Ejecutivo se apura a negociar con gremios aeronáuticos para evitar paros masivos en diciembre
El reciente paro de 24 horas del transporte ha llevado al Gobierno a reactivar las negociaciones con los sindicatos aeronáuticos en un intento por desactivar una potencial ola de protestas que podría afectar a miles de pasajeros en diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de verano. En este contexto, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, se reunió con líderes sindicales como Pablo Biró y Juan Pablo Brey para discutir la situación.
A pesar de la voluntad inicial de diálogo, los sindicalistas han expresado que aún no han recibido propuestas salariales, lo que deja la situación tensa. La próxima reunión está programada para el lunes, y se espera que los líderes sindicales evalúen las acciones a seguir, que incluyen la posibilidad de una nueva huelga antes de fin de año. Con la Mesa Nacional del Transporte deliberando sobre el paro reciente, la posibilidad de protestas escalonadas no se descarta.
La Mesa Nacional del Transporte celebró el paro y apuntó a Milei: “No sabe dónde se está metiendo”
Mientras tanto, algunos sindicalistas están impulsando la idea de acelerar las medidas de fuerza para presionar al Gobierno, lo que podría tener un impacto significativo en el transporte aéreo justo antes de las fiestas. En este contexto, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas llevarán a cabo una jornada de “concientización” en aeropuertos para informar a los pasajeros sobre sus reclamos.
El panorama se complica por las tensiones internas dentro de la CGT, donde los moderados y los sectores más combativos han expresado visiones opuestas sobre cómo manejar las negociaciones con el Gobierno. Con el temor a que la falta de acuerdo lleve a paros continuos, el Ejecutivo busca negociar mientras las diferencias en el sindicalismo se vuelven más evidentes. Si las tensiones continúan, el impacto en los pasajeros podría ser significativo, lo que añade presión al Gobierno en un contexto ya complicado.
POLITICA
La oposición prepara una sesión especial para limitar los DNU de Javier Milei
La oposición prepara una sesión especial para modificar la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), con el objetivo de limitar el poder del presidente Javier Milei en el uso de esta herramienta. La iniciativa, impulsada principalmente por el bloque de Encuentro Federal, cuenta con el apoyo de otros sectores. Se necesitan 129 votos para lograr la aprobación. Entre los cambios propuestos está que un solo rechazo de una cámara del Congreso pueda invalidar un DNU, y un plazo de 90 días para que el decreto sea ratificado, de lo contrario perdería vigencia.
El bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto apoya en gran medida la reforma, aunque enfrenta algunas dudas entre los legisladores que responden a los gobernadores. Unión por la Patria, que previamente había resistido cambios en la ley, ahora también apoya la medida con 99 votos. En tanto, la Coalición Cívica y el nuevo bloque radical Democracia para Siempre también están a favor de la modificación, aunque con diferencias en el tema del plazo de vigencia.
Javier Milei vs. ‘la casta’: “Son ellos o nosotros”
Al interior de la oposición también se perciben divisiones: algunos sectores consideran que quitarle a Milei la facultad de DNU es un riesgo institucional. Mariano Campero, dirigente de la UCR, advirtió que “quitarle la posibilidad de decreto le impide gobernar directamente a Milei”. En el PRO también hay desacuerdos internos, aunque en general la bancada busca respaldar al Presidente en este tema.
Además de los cambios en los DNU, la oposición analiza incluir la derogación del DNU 846 de Milei, que permitió al Ejecutivo hacer canjes de deuda sin la aprobación del Congreso, lo que considera un paso necesario para garantizar el control legislativo sobre la deuda pública. Sin embargo, se requiere asegurar los votos para agregar este tema en la sesión especial.
Mientras tanto, el oficialismo de La Libertad Avanza busca avanzar en su propia sesión para aprobar la llamada “Ficha Limpia”, que impediría que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatos o asumir cargos públicos. Aunque esta propuesta también enfrenta resistencia en el Congreso, especialmente del kirchnerismo y algunos sectores federales que piden mayores garantías legales para su implementación.
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