La máxima jerarquía del Ejército expresó en forma verbal al ministro de Defensa, Luis Petri, su preocupación por los alcances del proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Interior que comprometería la participación de efectivos militares en misiones esencialmente policiales para luchar contra el terrorismo. La inquietud fue trasmitida «en forma institucional y con todo el respeto del caso».

En particular, la preocupación es por la parte referida a la eventual utilización de la violencia y del control de la población, “sin que quede definida una autoridad de aplicación, ni quien ejercería el mando en el terreno durante una actividad de ese tipo”, explicaron fuentes militares a Clarín.

La inquietud fue planteada «por el general Carlos Presti en la segunda semana de agosto», después de que el Gobierno remitiera al Congreso, el 5 del corriente mes, el proyecto que modifica el artículo 27 de la Ley 24.059, de Seguridad Interior, cuyo anteproyecto fue revelado por Clarín.

Las máximas jerarquías del Ejército están de acuerdo con que hay que «actualizar» las leyes de Defensa, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y de Seguridad Interior, votada durante la gestión de Carlos Menem y así lo habrían expresado en un documento entregado al ministro. Pero agregaron esas objeciones jurídicas puntuales.

Altas fuentes del Ministerio de Defensa consultados por este diario afirmaron, en cambio, que «Petri consultó a los altos jefes de las tres fuerzas y el único pedido es que la reforma salga por ley«. Las fuentes confirmaron que los militares están satisfechos con «la reivindicación de las Fuerzas Armadas que hace el presidente Javier Milei» y la decisión de dejar de hacer «inclusión social en las villas miserias como hizo Cristina Kirchner».

El texto será considerado en una reunión plenaria conjunta de las Comisiones de Defensa y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, que preside del diputado Ricardo López Murphy, este miércoles y se adelanta que habrá mucho debate. Preti quiere ir ese mismo día a defender el proyecto, adelantaron las altas fuentes de Defensa a Clarín.

Inmediatamente después de que Clarín y, luego, otros medios publicaran el texto, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la propuesta, cuya primera parte se refiere a una reorganización de las competencias de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad.

La modificación sobre la utilización de las Fuerzas Armadas se plantea en el artículo 12 del proyecto, que habría sido redactado en marzo (el anteproyecto tiene esa fecha) en el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo a lo trascendido, el entonces Jefe de Gabinete Nicolás Posse y su Secretario de Asuntos Estratégicos, el brigadier (RE) Jorge Antelo “no le dieron curso ejecutivo en ese momento que fue activado ahora y no había sido analizado con las conducciones de las Fuerzas Armadas”, como es la práctica.

El Ejército está preocupado porque en una situación hipotética de terrorismo serían sus efectivos los que primero serían movilizados y no los de la Armada y la Fuerza Aérea.

Ahora se suma la propuesta del eventual empleo de las FF.AA., según el texto oficial, para que «en caso de detectar un presunto delito», en zonas y tiempos establecidos con criterios, que podrían quedar sujetos a interpretación éstas «deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar sus efectos».

Es previsible que, en un número indeterminado de casos, más terminantemente en los que fueran definidos como «terrorismo», las más probables «medidas necesarias», tratándose de efectivos militares, resulten letales. También deberían realizar «patrullajes», «control de persona y vehículos» y «aprehensión en flagrancia», agregaron las fuentes.

En el texto «no se define en forma indubitable quién ejerce el mando durante un conflicto en desarrollo o en el que intervenga más de una fuerza. Tampoco queda definido cómo asciende la cadena de comando sobre los elementos que intervendrían», explicaron las fuentes.

Por supuesto, «todas estas acciones típicamente policiales, después deben ser comunicadas al juez o fiscal. Nuestra historia muestra que es muy probable que entonces comiencen las dificultades legales del personal involucrado. Es grave, además, que no se precisa de manera indubitable quien ejerce el mando en el desarrollo de una situación conflictiva y como ascienden las responsabilidades de comando”, insistieron las fuentes.

Podría eventualmente pasar algo parecido con el decreto 261 de 1975 del ex presidente Italo Luder que ordenó «aniquilar el accionar de la subversión» en forma ambigua, pero tras el golpe de 1976 se pasó a una política de violación de los derechos humanos.

El artículo 12 de la iniciativa, que modifica el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior que es presentada como una «alternativa intermedia» frente a las actuales exigencias legales para la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interior, que requieren la declaración del Esta de Sitio, con participación del Congreso. Con tal fin se crearía (artículo 9) un Consejo de Seguridad Interior, del dependería un Comité de Crisis que sería la autoridad de aplicación de la utilización de equipos y personal militar.

Los artículos 31 y 32 de la ley vigente, que no son derogados en el texto enviado al Congreso, exigen la declaración del estado de sitio, con participación del Congreso, la designación de un Comandante Operativo militar en la zona o áreas afectadas y limitan fuertemente la doctrina, capacitación y equipamiento militar para conmociones internas. También limita la actividad específica militar el vigente decreto 727, de Cristina Kirchner y Garré, repuesto por Alberto Fernández y actualmente en vigencia.

“No se entiende cómo se aplicaría, entonces, lo afirmado en el proyecto en el sentido de que las FFAA deberán contar con la capacitación técnica legal correspondiente» y que «el equipamiento deberá ajustarse a las necesidades operativas de la misión», agregaron las fuentes.

Argentina mantiene actualmente 24 policías provinciales con muy numerosos efectivos; ahora 5 fuerzas federales: Gendarmería Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal. Argentina tiene más policías por habitante que los Estados Unidos por lo que en fuentes militares se preguntan para qué involucrar a los militares en la lucha contra el terrorismo que es un término difuso. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo por ejemplo que el asesinato de un playero en Rosario fue un “mecanismo para crear terror en la población”.

Las Fuerzas Armadas subordinadas al poder político son el garante de última instancia de la autoridad del Estado y de la soberanía democrática de una Nación sobre su población y espacios. Es así en todos los países de Occidente, también en el nuestro, aunque reciben presupuestariamente 2,5 pesos de cada 100 que gasta la Nación y sus cuadros perciben las remuneraciones más bajas de todo el personal del Poder Ejecutivo.

El presidente Javier Milei, el viernes en la entrega de sables de los oficiales de las FF.AA., dijo que “nosotros no vamos a desconocer la deuda histórica con nuestra Fuerzas y vamos a hacer el mayor de los esfuerzos posibles para ir recomponiendo su salario a medida que vayamos estabilizando la situación económica”. Es por la promesa de los últimos gobiernos de equiparar los sueldos de las fuerzas armadas con las fuerzas de seguridad.

“A partir del segundo semestre, comenzaremos a reponer la situación salarial de nuestras fuerzas. Pero, además, como entendemos de la deuda histórica de la política con las Fuerzas Armadas, no empiezan y termina con una recomposición salarial, hemos hecho un esfuerzo para que el Senado trate los ascensos para todos los rangos que tenían cajoneados desde hace más de dos años”, agregó.

“Lo cual es curioso, porque el mismo gobierno que prometía en campaña los ascensos era el que tenía pisado los trámites. Pequeñas perlas de la hipocresía de la política argentina”, finalizó Milei en una crítica al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.