Durante el 2024, el 29% de los accidentes automovilísticos fatales que se registraron en el país ocurrieron en rutas nacionales, de acuerdo a las estadísticas que recabaron desde el Informe de siniestralidad vial que realiza el Gobierno Nacional. En ese sentido, el foco sobre el estado de los caminos ya elevó el reclamo de varios gobernadores, quienes piden por un esfuerzo del Ejecutivo para reactivar la obra pública.

Sin embargo, el presidente Javier Milei ha reiterado en varias oportunidades su búsqueda de implementar un sistema de obras privado para reemplazar al Estado en estas acciones. De hecho, en los últimos días, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció una reforma en el sistema de contratación, diseñada con el objetivo de eliminar antiguos mecanismos de “cartelización” y permitir una mayor competencia y transparencia entre las empresas nacionales y extranjeras.

Justamente, según un informe de Chequeado, hasta el mes de mayo de 2025 el Ejecutivo inició solo 18 proyectos de obra pública. En tanto que no se avanzó en el 54% de las construcciones que se comenzaron en la gestión de Alberto Fernández.

Esto generó que, desde varias provincias, pongan en el centro de discusión el estado de los caminos nacionales, no solo por la cantidad de accidentes viales, sino por el mal estado de rutas donde circulan automovilistas, camiones de carga y micros de larga distancia.

Uno de los que alzó la voz en los últimos días fue Alberto Weretilneck, mandatario de Río Negro, quien criticó el estado de los caminos nacionales y aseguró: “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”.

“La Ruta 22, la 23, la 40 y la 151… heridas, rotas, olvidadas. Hace más de 15 años que estamos esperando. Gobiernos van, gobiernos vienen, y las promesas se archivan. Pero la producción sigue saliendo por caminos destrozados, los turistas llegan por rutas intransitables y la gente se juega la vida todos los días. La respuesta es siempre la misma: que no hay plata. Pero en 2024, el Estado Nacional recaudó más de 2 billones de pesos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse a infraestructura vial. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué provincia invierten? Porque en Río Negro, no», continuó en sus redes sociales.

El gobernador rionegrino aclaró que los caminos nacionales “son competencia de Nación” y añadió: “No se puede intervenir sin recursos, sin maquinaria, sin acuerdos. Lo propusimos. Lo dijimos en todos los tonos. Y lo volvemos a decir: Río Negro no va a usar sus fondos para cubrir la desidia de un gobierno que se borró”.

“Esto no es ideología. Es una pelea justa por lo que nos corresponde. Defendemos a los rionegrinos. Defendemos a nuestra gente. Y tenemos derecho a transitar por rutas seguras. Porque cada vez que salimos a la ruta, salimos a trabajar, a producir, a sostener la economía de este país”, cerró.

Por su parte, el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe, Carlos Torres, se refirió al estado de las rutas en la provincia por los baches, la iluminación y la falta de desmalezado. “Parcialmente, han hecho arreglos. En la ruta 33 taparon algunos pozos, pero fue muy precario”, señaló en declaraciones radiales.

“Lo que exigimos es tapar pozos, prender las luces y cortar el pasto”, subrayó el funcionario en relación al trabajo que reclaman a Vialidad Nacional. Además, remarcó que “no es correcto desde lo legal”, pero justificó que la provincia debería accionar en los arreglos: “Si uno prioriza la vida de los santafesinos, yo lo haría”.

En ese sentido, en los últimos días, se conoció que Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que mantiene una buena relación con el Presidente, firmó un convenio para que el gobierno de Mendoza se haga cargo de los vía nacionales que pasan por esa jurisdicción. Todo esto se dio luego del pedido de diputados nacionales al Gobierno para que declare el estado de emergencia de la Ruta Nacional 7, la principal vía de acceso terrestre a Chile.

Cornejo señaló que se harán cargo de “235 kilómetros de rutas nacionales de alto tránsito y vital importancia logística y productiva”. En total será un tramo de la Ruta Nacional 7, uno de la Ruta Nacional 143 y tres sectores de la Ruta Nacional 40, que atraviesa la provincia.

Este acuerdo permite la construcción de infraestructuras clave previamente solicitadas por la provincia para mejorar la conectividad y seguridad en diversas rutas. Los trabajos, que ahora se transferirán al ámbito provincial, incluyen cláusulas que imponen a Mendoza la responsabilidad sobre posibles reclamos durante su desarrollo.

La administración mendocina tendrá la oportunidad de recuperar las inversiones, ya sea a través de la implementación de peajes en las nuevas rutas o reclamando los costos al Estado nacional si no se autoriza el cobro

El Gobierno avanza en el plan de privatización de las rutas nacionales

Desde la Casa Rosada, bajo la dirección de la Dirección Nacional de Vialidad, han puesto en marcha audiencias públicas para discutir la privatización de más de 4.400 kilómetros de rutas que estaban bajo la gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.. Este movimiento busca traspasar rutas a concesionarios privados como parte del plan mayor de cerrar la empresa estatal, según anunciaron fuentes oficiales al adelantar el medio Infobae.

La resolución 827/2025 establece audiencias para la segunda fase de la Red Federal de Concesiones (RFC) que incluye ocho tramos estratégicos, distribuidos en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Estos representan una porción significativa del tránsito nacional, con la expectativa de concesionar un total de 9.342 kilómetros. En su fase inicial, el RFC discutió la concesión del Corredor 18, una ruta crucial para el Mercosur.

Los futuros concesionarios podrían gestionar rutas de alto valor comercial como las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri. De aprobarse, la privatización se llevará a cabo sin subsidios estatales, rompiendo con el esquema anterior que era considerado deficitario. Las vías nacionales ya no recibirán apoyo fiscal, centrando la estructura de financiamiento en los operadores privados.

Durante las audiencias, divididas en fechas a mediados de junio, se dará voz a usuarios y vecinos para expresar sus opiniones y propuestas. Estas participaciones ciudadanas son parte del esfuerzo por mantener la transparencia en la adjudicación, que se completará usando resultados de un Data Room donde los oferentes han podido evaluar y sugerir mejoras a los documentos preliminares.

La consolidación de la fase inicial se anticipa para completarse entre septiembre y octubre, señalando un nuevo modelo de gestión vial que buscará redefinir el panorama de infraestructura en Argentina.

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