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POLITICA

El estallido

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Literalmente no encontramos una sola fuerza política de relevancia, a excepción de pequeños espacios muy ideologizados, como la izquierda o la Coalición Cívica, que no se hayan atomizado y adoptado posiciones contrapuestas en su relación con el gobierno nacional. Tanto el tratamiento de la ley Bases como la respuesta al veto a la modesta mejora en las jubilaciones han fracturado una vez más a un radicalismo que, desde hace años, ha perdido el rumbo, y se parece más a una agencia de colocaciones que a un partido político con un programa definido.

En UxP, gobernadores como Raúl Jalil o Osvaldo Jaldo se vendieron en el mercado persa, en tanto el Pro se desgarra entre el apoyo a Javier Milei, a Mauricio Macri o a Patricia Bullrich. El peronismo no cristinista se ilusiona con encontrar en Victoria Villarruel el liderazgo de recambio para sustituir su devaluación que ya lleva casi dos décadas; y ni qué decir de la propia LLA, que pese a detentar el oficialismo no ha dejado de desgarrarse en los pocos meses que lleva de gestión.

Con las coaliciones políticas pasa algo muy similar: UxP y JxC prácticamente se han esfumado, con cruces letales y cortocircuitos permanentes. En este último caso, apenas si subsiste un leve vínculo entre los gobernadores del Pro y del radicalismo.

La centralidad política de Javier Milei ha arrasado la grieta que durante una década y media confrontó a Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Conscientes de su pérdida de relevancia, ambos ex presidentes han coincidido en adoptar una estrategia de amor-odio con el libertario, para tratar de recuperar su perdido protagonismo de otrora. La ex presidenta aparenta confrontar con Milei para tratar de redefinir una nueva grieta política entre ambos, pero en realidad fortalece a un gobierno nacional que sobrevive pese a su indisimulable carencia de experticia. Cristina precisa de Milei para tratar de disciplinar a su interna, y el presidente para alentar los temores sobre un eventual -aunque imaginario- retorno del cristinismo. Por eso ella no deja de aclarar que Milei debe terminar su gestión porque lo votó la ciudadanía: lo necesita en su cargo para confrontar, y así impedir el surgimiento de un liderazgo que pueda reemplazar el propio.

En cambio, Macri, quien afirma coincidir en los objetivos aunque no en los procedimientos del gobierno de Milei, naufraga entre el apoyo y la conspiración para desplazarlo. Sabe que si al libertario le va bien le absorberá su partido y a sus votantes definitivamente, y que si le va mal se lo verá como corresponsable del fracaso. Paradójicamente Cristina es la principal garante de la gobernanza de Milei, enfocando sus cañones sobre la vicepresidenta, mientras que Macri ve en Villarruel una alternativa para acceder al cogobierno.

En estas condiciones, la escena política no deja de desarticularse. En el radicalismo ya son varios los que plantean una expulsión de quienes se expresen en favor de mantener el veto presidencial. En LLA, la desplazada Lourdes Arrieta afirma que votará en contra del veto. En UxP, los diputados de Jalil y de Jaldo dudan entre ausentarse para no dar quórum o votar en favor del veto. Y en el cristinismo, los intendentes camporistas Mayra Mendoza y Julián Álvarez han llevado a la Justicia sus reclamos contra el devenido en “axelista”, Jorge Ferraresi, por la administración del puerto Dock Sud.  

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El cuadro de situación confirma sobremanera que la elección de “El Estallido” como tema de campaña resultó premonitoria, aunque sumamente riesgosa. El gobierno sobrevive apelando a los peores procedimientos de la “casta”, y hace rato que ha pasado a formar parte de ella. Claro está que, en la medida en que siga insistiendo con sus políticas de destrucción de la economía argentina y de empobrecimiento de sectores cada vez más amplios de la sociedad, corre un riesgo que está presente en la letra de esa misma canción: “Se viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

ETIQUETAS DE ESTA NOTA

Mayra Mendoza, Cristina Fernández, Jorge Ferraresi, Patricia Bullrich, Bersuit Vergarabat, Puerto de Dock Sud, Mauricio Macri, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, La Libertad Avanza, Julián Álvarez, Victoria Villarruel, Unión por la Patria, Lourdes Arrieta, Javier Milei

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POLITICA

El Gobierno oficializó la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima

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El Gobierno oficializó este lunes la transformación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una sociedad anónima, bajo la denominación de Carboeléctrica Río Turbio S.A., y habilitó la participación de capitales privados en su administración. La medida, dispuesta mediante un decreto del Poder Ejecutivo que se publicó esta medianoche en el Boletín Oficial, mantiene el control mayoritario del Estado Nacional, aunque allana el camino para una eventual privatización.

La flamante sociedad anónima estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y absorberá la operación del yacimiento carbonífero, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, y la usina termoeléctrica de Río Turbio. Según se desprende de la publicación oficial, identificada bajo el decreto 115/2025, el Estado retendrá el 95% de las acciones a través de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante quedará en manos de la Secretaría de Minería.

Reducción de subsidios y reestructuración laboral

Uno de los principales objetivos de la reforma, que lleva las firmas de Luis Caputo (Ministro de Economía) y Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) es reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional. En ese sentido, se establece un plazo de 60 días para la presentación de un presupuesto 2025 que contemple una disminución progresiva de los aportes estatales, así como un plan de inversiones que garantice la operatividad del complejo minero y energético.

En el plano laboral, el decreto determina que los trabajadores de la empresa pasarán a regirse por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, lo que implica un cambio en las condiciones actuales de empleo. Además, en un plazo de 180 días deberá negociarse un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.

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El Estado absorbe pasivos y exceptúa a la empresa de controles administrativos

Como parte del proceso de transformación, el Estado Nacional asumirá la totalidad de las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Asimismo, el decreto establece que Carboeléctrica Río Turbio S.A. estará exceptuada de los procedimientos de contratación pública y normas administrativas, aunque seguirá sujeta a los controles de la Ley de Administración Financiera N° 24.156.

En diciembre, se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, YCRT tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Según estimaciones del Gobierno, el déficit final de 2024 se ubicará entre los 80 y 100 millones de dólares.

Lugar para una eventual privatización

Si bien el decreto no implica una privatización inmediata, sí sienta las bases para que ello ocurra en el futuro. La Ley N° 27.742, aprobada recientemente, incluyó a YCRT dentro del listado de empresas estatales sujetas a privatización. En caso de que el Gobierno decida avanzar en la venta total o parcial de la compañía, deberá negociar previamente con la provincia de Santa Cruz. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir el peso de la empresa sobre las cuentas públicas y hacerla más atractiva para la inversión privada, en un contexto de reestructuración del sector energético y de ajuste fiscal.

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