POLITICA
El gesto intimidante de Santiago Caputo con un fotógrafo

Santiago Caputo, principal asesor del presidente Javier Milei, tapó la cámara de un fotógrafo que lo estaba retratando mientras entraba al debate entre candidatos a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Luego tomó su credencial de prensa para ver su nombre y le sacó una foto con su celular.
La escena quedó registrada en un video del momento en el que el ingresa al edificio sin hacer declaracinones a la prensa. Segundos depsués, se lo ve resgistrándose en un mostrador y es ahí donde el reportero gráfico Antonio Becerra, quien trabaja para Tiempo Argentino, comienza a retratarlo. Tras poner su mano sobre el lente de la cámara, en señal de negación, y ante la insistencia del fotoperiodista que continuó disparando el flash, Caputo realizó un gesto intimidante y le tomó una foto a su credencial.
El asesor, considerado una de las figuras más influyentes del entorno presidencial, no hizo declaraciones tras el cruce y siguió su camino sin responder preguntas. Caputo, aunque no ocupa un cargo formal en el organigrama estatal, su influencia en las decisiones del Gobierno es reconocida tanto por funcionarios del oficialismo como por la oposición, y tiene injerencia en áreas sensibles del Gobierno como la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La noche anterior, había tenido otro intercambio con medios de comunicación cuando se retiraba de una cena organizada por la Fundación Libertad en el salón Goldencenter, también en la Ciudad de Buenos Aires. Allí compartió el encuentro con figuras del oficialismo y de Pro, entre ellas el expresidente Mauricio Macri y el vocero presidencial Manuel Adorni. En ese contexto, al ser consultado por su vínculo con Macri, respondió escuetamente: “No me pongan la cámara en la cara, muchachos”.
No fueron estos los únicos incidentes protagonizados este año por Caputo. En febrero pasado interrumpió abruptamente una entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale, luego de que estallara el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, para decirle algo al oído al Presidente, y rápidamente se convirtió en un nuevo foco de polémica.
Después de esa situación, Viale explicó que Caputo ingresó al plano para advertirle a Milei sobre una mención que había hecho en relación con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Milei en un momento, al final, dice que iba a consultar al ministro de Justicia. Ahí Caputo se da cuenta de que está cometiendo un error delicado, que es que no tiene que él preguntarle al ministro cómo seguir porque el ministro no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la Justicia”, contó el conductor.
El vocero presidencial Manuel Adorni también se refirió a aquel episodio y señaló que la intervención del asesor no había sido del agrado del presidente. “Caputo tiene el defecto, por así decirlo, de la excelencia. Notó que eso podía prestar a confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota».
Otro hecho que puso a Caputo en el centro de la escena se registró durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, a principios de marzo. En esa ocasión, increpó al diputado Facundo Manes en uno de los pasillos del palacio legislativo.
El nuevo episodio con el fotógrafo se conoció el mismo día en que Javier Milei volvió a apuntar contra el periodismo. En un mensaje publicado en X, el mandatario insistió con la idea de que la gente “no odia lo suficiente a los periodistas” y cuestionó a los medios por generar una “montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias”.
“¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si cometen un error ¿qué les parece pedir perdón?”, escribió el jefe de Estado. Además, agregó que “es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa”.
POLITICA
Las curiosidades del debate en la Ciudad: la no pregunta de Adorni, el candidato que llegó con su perro y la chicana de Caruso Lombardi sobre Gago

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Caruso Lombardi comparó la política con el fútbol: «Preguntale a Gago…»
El micrófono rebelde de Lospennato
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La no pregunta de Adorni
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POLITICA
El Gobierno convirtió la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal

En una medida que avanza sobre el rediseño estructural del aparato estatal, el Gobierno ratificó la conversión legal de la tradicional Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.). La empresa encargada de la impresión de billetes y acuñación de monedas de curso legal había sido intervenida a finales de octubre de 2024.
Concretamente, el Decreto 295/2025, publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, consolida un proceso iniciado en diciembre pasado con la Asamblea General Extraordinaria que aprobó la transformación “ad referendum” del Poder Ejecutivo y define el nuevo estatuto jurídico de una de las instituciones más emblemáticas del Estado argentino.
El documento lleva las firmas del presidente, Javier Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo, y se enmarca en el esquema de reforma del sector público delineado en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que declaró la emergencia pública en múltiples áreas hasta fin de año. En ese contexto, el artículo 51 de la norma habilitó una transición de 180 días para convertir las empresas estatales en sociedades regidas por la Ley General de Sociedades.
Aunque jurídicamente la mutación es significativa, el proceso no implica por ahora una pérdida de control estatal: el Estado nacional continúa siendo el único accionista, tal como quedó estipulado en el nuevo estatuto aprobado oficialmente.
Según se desprende del propio decreto, la conversión tiene como finalidad “optimizar la eficacia y la eficiencia” de la gestión, mediante un cambio en la estructura jurídica que permita mayor flexibilidad operativa. El estatuto ratificado por el Gobierno fija una duración de 99 años para la sociedad, contados desde su fundación en 1977, y mantiene su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El texto también menciona que el objeto social de la nueva empresa fue ampliado y sistematizado para reflejar de manera precisa las actividades actuales de la institución, que ya no se limitan exclusivamente a la impresión de billetes. Las cinco unidades de negocio activas son: la fabricación de dinero circulante, la producción de instrumentos fiscales de control y trazabilidad, la confección de pasaportes, la elaboración de chapas patente y los servicios de destrucción y atesoramiento de billetes para el Banco Central.
El nuevo estatuto de la Casa de Moneda S.A.U. detalla un amplio espectro de actividades que podrá desarrollar tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, se incluye la impresión de documentos especiales, la producción de software y soluciones tecnológicas vinculadas a trazabilidad, inteligencia artificial y plataformas transaccionales, así como la administración de servicios de pagos digitales y bienes electrónicos.
En términos de gobernanza, la sociedad estará dirigida por un directorio compuesto por tres miembros titulares, con posibilidad de ser reelegidos indefinidamente, y fiscalizada por una comisión integrada por tres síndicos titulares y tres suplentes. La normativa también contempla la posibilidad de realizar reuniones no presenciales mediante sistemas de transmisión simultánea de audio y video.
El capital social fue fijado en 123.519.854 pesos, dividido en igual número de acciones nominativas no endosables, de un voto cada una. Todas estas acciones fueron suscriptas íntegramente por el Estado nacional.
En el mismo acto administrativo, el Poder Ejecutivo prorrogó por 120 días corridos la intervención de la Casa de Moneda S.A.U. dispuesta inicialmente por el Decreto N° 964/2024, y ratificó la continuidad del interventor Pedro Daniel Cavagnaro. Esta decisión responde a que el proceso de transformación aún no concluyó en su totalidad, particularmente en aspectos de adecuación organizativa y operativa, según detalla el informe elaborado por el propio interventor.
De este modo, el Gobierno refuerza su hoja de ruta en materia de reestructuración estatal, dotando a la Casa de Moneda de un nuevo formato jurídico sin alterar por el momento su condición patrimonial. A partir de ahora, la institución queda bajo un régimen societario que podría facilitar futuras decisiones estratégicas en materia de modernización tecnológica, alianzas público-privadas o apertura parcial al capital privado.
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POLITICA
El Consejo de la Magistratura avanza en la causa contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque
El Consejo de la Magistratura avanzó con la investigación al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque: le pidió a la justicia que le envíe los tres expedientes en los que el magistrado está investigado por sus nexos con narcotraficantes y por inventar causas para obtener beneficios económicos de los falsos imputados.
En la reunión de hoy de la Comisión de Acusación del organismo encargado de designar jueces y promover su remoción se aprobó la ejecución de las medidas de prueba propuestas por el consejero y diputado nacional Álvaro González, del larretismo.
González es el consejero instructor de la investigación y había pedido incorporar al caso del Consejo de la Magistratura los tres expedientes judiciales que se encuentra instruyendo el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
En esos tres expedientes se investigan distintas conductas ilícitas del juez Bailaque, que habrían tenido lugar en el marco de su desempeño como magistrado.
En uno de esos expedientes se investiga el vínculo entre el juez Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en supuestas maniobras de lavado de activos de la organización narcocriminal dirigida por Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso. El juez tenía el mismo contador que el narco condenado.
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”.
Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque.
En el segundo de esos expedientes se investiga la relación del magistrado Bailaque y el empresario Fernando Whpei -quien sería su amigo-, debido a que el juez habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, en favor de una entidad financiera que pertenecía a este allegado.
En el último de esos expedientes se investiga al juez Bailaque, por el “armado” de causas contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto.
En este expediente se presentó como “arrepentido” el extitular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna, quien dio detalles de su relación con Bailaque y como había armado expedientes con el magistrado para obtener beneficios de los empresarios.
Se investiga que el exjefe de la AFIP y Bailaque no actuaron solos, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.
La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.
Vaudagna se hizo rico con estas prácticas y ahora confesó todo. Negoció una pena reducida y pagará una multa de un millón de dólares, además de la entrega de una casa en un country.
Ahora, su declaración judicial se incorporará al expediente disciplinario contra el juez federal de Rosario, que pese al escándalo sigue en funciones y dicta sentencias a diario.
Recabar toda esa información resulta vital para el avance de la investigación instruida por el consejero González, que se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.
Si se confirman los hechos denunciados, el juez Bailaque podría terminar sentado frente al Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, lugar donde se evalúa el mérito para la destitución de los jueces federales.
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