POLITICA
El gobernador de Chubut denunciará a un juez por ordenar la cobertura de una cirugía estética de feminización
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que presentará una denuncia contra el juez Santiago Martín Huaiquil por haber ordenado a la obra social provincial Seros cubrir una cirugía estética de feminización integral. La intervención, que abarca múltiples procedimientos estéticos, generó controversia debido a que su costo supera el de algunos tratamientos oncológicos.
En un mensaje en redes sociales, Torres calificó al magistrado de “demagogo, irresponsable e ignorante”. El gobernador sostuvo que este fallo pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud provincial. Según su declaración, la cirugía ordenada implica un gasto significativo que excede ampliamente los costos de los tratamientos oncológicos más caros que enfrenta la provincia. Por lo tanto, subrayó que su administración no permitirá que un “juez ideologizado y populista” cause el colapso de la obra social.
Torres también recordó que, al asumir su mandato, la obra social de la provincia presentaba un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que fue necesario un arduo trabajo para sanear sus finanzas. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica”, agregó, al alertar sobre el riesgo que representa este tipo de decisiones para los ciudadanos de Chubut.
El fallo del juez Huaiquil obliga a Seros a cubrir diversos procedimientos estéticos, entre los que se incluyen feminización facial, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas, cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula y transferencia de grasa facial, además de la cobertura sanatorial y los honorarios médicos. Torres puntualizó que estas intervenciones, orientadas a modificar la apariencia de género, no corresponden a una cobertura obligatoria por parte de la obra social provincial.
El gobernador también anunció que el Estado provincial revisará otros amparos judiciales y fallos que ordenen a Seros cubrir prestaciones que, según su criterio, no deben ser asumidas por el sistema de salud. “Cada vez que nos encontremos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, vamos a dar todas las peleas necesarias”, concluyó Torres.
Semanas antes, el gobernador también había anunciado la denuncia penal contra prestadores de la obra social provincial SEROS por falsificaciones de recetas, firmas y estudios médicos con el objetivo de obtener beneficios económicos.
La causa se caratuló como defraudación a la administración pública, falsificación de instrumento y, eventualmente, asociación ilícita. El perjuicio económico exacto para la obra social será determinado a medida que avance la investigación judicial.
“Tomamos la decisión de intervenir el instituto y normalizarlo. Se hizo una auditoría cuando notamos que se habían disparado algunas prestaciones y decidimos ir a fondo. Agradezco a los trabajadores y al personal del instituto”, expresó Torres. En ese marco, destacó que el proceso de control y depuración permitió un ahorro fiscal de más de 1.000 millones de pesos en esta primera instancia.
Según el informe elaborado por el área de Auditoría Médica del ISSyS, el caso que refiere a una profesional del rubro de la Psiquiatría, expuso que en el lapso de tiempo entre noviembre y diciembre del año 2024, la médica cometió diversos hechos que resultan encuadrar en conductas penadas por el código penal sustantivo. En su calidad de profesional de la salud, y prestadora de servicios del Instituto, realizó facturaciones psiquiátricas en nombre de afiliados que no habrían recibido atención médica de su parte, ni se habrían entrevistado con ella en ninguna ocasión.
Por otro lado, de la auditoria médica realizada surge que la profesional prescribió, en diversas oportunidades, recetas para medicamentos psiquiátricos en nombre de afiliados que no necesitaban de los mismos.
Dichas recetas habrían sido utilizadas para retirar medicamentos de diversas farmacias de manera mensual por la denunciada, generando un impacto económico aproximado, a partir de dicha maniobra fraudulenta, que asciende a $1 millón en perjuicio de los afiliados del Instituto.
La causa por fraude y asociación ilícita en la provincia de Buenos Aires apunta ahora a Diego Spina, exsecretario de Gobierno de Morón, acusado de replicar el esquema de corrupción de Jorge D’Onofrio, con una defraudación superior a los 11.400 millones de pesos mediante la anulación ilegal de multas de tránsito.
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El entramado de corrupción vinculado a las absoluciones de multas en la provincia de Buenos Aires suma un nuevo implicado de peso: Diego Spina, exsecretario de Gobierno del municipio de Morón, quien dejó su cargo a finales de 2024, tras la desvinculación de Martín Sabbatella, para convertirse en presidente del bloque de Unión por la Patria en el distrito. Spina es investigado en la causa IPP 06-00-066756-24/00 por fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita, con cifras que ascienden a miles de millones de pesos.
Según la investigación que tramita en la fiscalía Nro. 11 de La Plata, a cargo del doctor Álvaro Garganta, se detectó un crecimiento exponencial en el número de absoluciones dictadas por el juzgado de Faltas de Morón, a cargo de Javier Gustavo Báez. El esquema fraudulento habría permitido la anulación masiva de infracciones de tránsito a cambio de transferencias bancarias a cuentas de intermediarios, según testimonios de gestores y particulares que han declarado bajo identidad reservada.
Las cifras del fraude son impactantes:
– 2022: 11.608 absoluciones sobre 18.154 infracciones (64 por ciento), con una defraudación estimada en 2.329.725.600 de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– 2023: 16.796 absoluciones sobre 43.334 infracciones (39 por ciento), con una defraudación de 3.370.957.200 de pesos (3 millones de dólares).
– 2024: 28.418 absoluciones sobre 40.910 infracciones (69 por ciento), con un perjuicio al estado de 5.703.492.600 de pesos (5 millones de dólares).
En el expediente se incluye evidencia contundente, como un video presentado por un particular damnificado que muestra la operatoria: a través de Facebook Marketplace, se ofrecía la eliminación de multas a cambio de pagos directos. La investigación también cuenta con comprobantes de transferencias, DNI de infractores beneficiados y capturas de pantalla del sistema de infracciones de la provincia de Buenos Aires, que certifican la eliminación fraudulenta de actas.
Un apéndice del D’OnofrioGate
El caso Spina guarda estrecha relación con la causa que involucra al gobierno de Axel Kicillof y al ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, investigado por el armado de un esquema de coimas en las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). En esa trama, empleados administrativos y jueces de Faltas ligados a la política decidían qué infracciones se cobraban y en qué porcentaje, generando un negocio millonario del que participaban gestores y funcionarios.
Fuentes judiciales señalan que el rol de Spina en Morón habría replicado el modus operandi de la estructura de D’Onofrio, permitiendo que particulares accedieran a «descuentos» en sus infracciones mediante pagos ilegales a intermediarios, en lo que califican como una organización criminal enquistada en la administración municipal.
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POLITICA
La Justicia rechazó un amparo y permitirá la intervención de las fuerzas federales en la marcha de este miércoles
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires decidió este martes rechazar in limine un amparo que había sido presentado por la CGT, UTEP y otras organizaciones sociales que participarán de la jornada de manifestaciones que se espera para el miércoles.
El fallo que dictó el tribunal desestimó un pedido que buscaban frenar la intervención de las fuerzas federales en el operativo de seguridad de la manifestación de los jubilados, programada para este 9 de abril.
El conflicto comenzó cuando el juez Roberto Andrés Gallardo, en una resolución preliminar, ordenó al Gobierno porteño asumir la coordinación exclusiva del operativo de la movilización y le indicó al Estado Nacional que se abstuviera de intervenir más allá de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior. Esta medida fue impugnada por las autoridades porteñas, quienes consideraron que el fallo violaba la autonomía de la Ciudad y comprometía la coordinación de las fuerzas de seguridad locales y federales.
“Los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik sostuvieron que el fuero local carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de la actuación de fuerzas federales o sobre la aplicación de normas de alcance nacional, como la Ley de Seguridad Interior y sus reglamentos. Además, resaltó la existencia de un expediente anterior con objeto similar, lo que refuerza la decisión de archivar la causa», indicaron desde la administración porteña.
En ese sentido, la resolución estableció que los actores que interpusieron el amparo podrían reformular su planteo ante la justicia federal si lo consideraran necesario.
Desde la sede de Uspallata enviaron el recurso firmado por el Dr. Agustín Luzzi (Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA) que fue elevado con carácter urgente a la Cámara.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en tanto, expresó que “una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir, que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando. Vamos a garantizar la seguridad en la Ciudad con las fuerzas federales y con las fuerzas de la Ciudad, como siempre”.
La denuncia del Ministerio de Seguridad Nacional al juez Gallardo
Este lunes, la cartera, a cargo de Patricia Bullrich, presentó ante el Consejo de la Magistratura porteño una denuncia contra el juez Gallardo. Se lo acusó por presunto mal desempeño en sus funciones.
La presentación de Nación la hizo Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. Y surgió a raíz de una decisión adoptada por el juez Gallardo de hacer lugar al amparo interpuesto por la CGT, la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La solicitud de los gremios pedía que las fuerzas de seguridad federales no intervinieran en las manifestaciones programadas en la Ciudad de Buenos Aires, alegando una vulneración de derechos en movilizaciones anteriores.
El principal argumento de la denuncia desde el ámbito nacional se basó en la supuesta incompetencia y falta de jurisdicción del juez Gallardo para tomar decisiones sobre cuestiones de seguridad que exceden su rol como magistrado local. Según el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, los hechos denunciados violan la Ley Nacional de Seguridad Interior (Ley N° 24.059) y afectan competencias exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional.
El documento presentado remarca que el magistrado incurrió en una intrusión en las facultades del Ejecutivo, lo que resultó en una actuación sesgada y con un tinte ideológico. Argumentaron que “habilitó indebidamente la jurisdicción judicial mediante una interpretación subjetiva y forzada de los hechos”, lo cual constituye, a criterio de los denunciantes, mal desempeño de sus funciones.
El texto agregó: “La violación deliberada de las normas que delimitan las cuestiones federales y la intrusión en facultades exclusivas del Ejecutivo derivan en una actuación parcial e ideológica, contrario al mandato judicial de imparcialidad”.
La Cámara de Apelaciones porteña rechazó un amparo presentado por representantes de la CGT, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y otras organizaciones sociales, que buscaban impedir la intervención de fuerzas federales en manifestaciones dentro de la Ciudad. Esta decisión de la justicia porteña surge un día antes de la marcha de jubilados que tendrá lugar este miércoles con el apoyo de las tres centrales obreras.
Esto ocurre luego de una apelación del gobierno de Jorge Macri a un fallo del juez Roberto Gallardo, quien en primera instancia había hecho lugar parcialmente a una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo porteño a asumir de forma exclusiva la coordinación del operativo de seguridad para la marcha de jubilados de este 9 de abril. El Congreso ya está vallado y Bullrich buscará aplicar el protocolo antipiquetes.
El fallo fue firmado por los jueces Pablo Mántaras y Fabiana Schafrik, quienes resolvieron que la justicia porteña carece de competencia para intervenir en controversias vinculadas a la legalidad del accionar de fuerzas federales o a la interpretación de normas de alcance nacional.
Los sindicatos y organizaciones había solicitado a la justicia que garantizara que la seguridad de la marcha en defensa de los derechos de los jubilados, convocada para este 9 de abril, fuera coordinada exclusivamente por la Policía de la Ciudad, sin intervención de fuerzas federales. Su planteo se basaba en una medida cautelar dictada por Gallardo, quien había ordenado al Ejecutivo local asumir en exclusividad la coordinación del operativo y al Estado Nacional abstenerse de actuar fuera de sus competencias vinculadas a la custodia de “objetivos federales”.
Previamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había denunciado a Gallardo por hacer lugar al amparo. La acusación fue por mal desempeño y se tramitó ante el Consejo de la Magistratura. Además la funcionaria del gabinete nacional ratificó que las fuerzas federales participarían del operativo del miércoles. También aseguró que no permitirán que se limite el accionar legal del Estado Nacional en la vía pública.
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