Después de las expresiones públicas del presidente Javier Milei respecto a considerar a China como un “socio interesante”, el gobernador de Santa Cruz -Claudio Vidal- viajó al país oriental con dos objetivos claros: reactivar la polémica obra del complejo hidroeléctrico que licitó el gobierno kirchnerista hace más de doce años y que se encuentra detenida desde noviembre del año pasado; y conseguir inversores para la compra del carbón que produce Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La empresa integra el listado de las firmas que el gobierno nacional quiere privatizar.

El proyecto de las dos represas sobre el río Santa Cruz, que Cristina Kirchner y Julio De Vido -presentaron con un gran acto en 2012, continúa detenido. Durante los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández la obra ingresó en un impasse del cual aún no logra salir.

Una resolución del gobierno de Javier Milei es clave para la continuidad de la obra: el pedido de un desembolso de 500 millones de dólares a China, atado al pago de una deuda con el consorcio constructor, de 400 millones de dólares correspondientes a certificaciones de obras. ENARSA, la comitente de la obra, manifestó la voluntad de reactivar el plan de trabajo mientras hay 1.800 trabajadores que esperan ser reincorporados.

El complejo hidroeléctrico consta de dos represas, denominadas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner. El contrato se encuentra a cargo de la Unión Transitoria de Empresa (UTE), encabezada por la firma china Gezhouba Group Corporation, Eling Energía S.A. e Hidrocuyo.

Las obras presentan diversos grados de avance: la represa de menor dimensión, denominada Jorge Cepernic, se encuentra en un 42%, mientras que la bautizada Néstor Kirchner cuenta con un avance del 22%. Desde noviembre pasado las reuniones con ENARSA son continuas y si bien el gobierno ha manifestado la voluntad de seguir con el complejo hidroeléctrico, hay dos decisiones que son determinantes.

Según informaron a Clarín fuentes oficiales, las negociaciones comenzaron a destrabarse con la llegada del nuevo titular de ENARSA, Tristán Socas, quien asumió en el cargo de la mano de Santiago Caputo.

En medio de esos cambios, el presidente de la Nación dio un giro de 180 grados a su posición política sobre China y ahora la calificó como «un socio interesante» y en los primeros días de noviembre viajará a Shanghai una delegación de la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones.

Con ese telón de fondo, el gobernador santacruceño Claudio Vidal viajó a China acompañado del nuevo interventor de YCRT, Pablo Gordillo, y el Ministro de la Producción provincial, Gustavo Martínez. Clarín confirmó que la excursión de negocios fue informada al gobierno nacional previamente.

Desde la administración provincial se informó que la comitiva se encuentra en China “gestionando inversiones clave para reactivar las represas sobre el río Santa Cruz y avanzar en proyectos para YCRT”. Las reuniones con empresas energéticas y el embajador argentino en China “tienen como objetivo generar empleo y fortalecer la infraestructura energética de la provincia”, informó la administración de Vidal.

El gobernador santacruceño busca inversores para la compra del carbón que extrae YCRT que estuvo envuelta en un caso de presuntos hechos de corrupción revelados por Clarín, que condujeron a la Casa Rosada a despedir al interventor Thierry Decoud. En esta ocasión, Vidal designó un hombre propio para estar frente a la empresa que integra la lista de las compañías a privatizar.

Respecto a las represas ¿qué se necesita para reactivar la obra? Por un lado, que el gobierno nacional solicite el próximo desembolso a China, responsable de financiar la totalidad de la obra. El último desembolso fue de 500 millones de dólares y se destrabó el año pasado, pero de ese monto 280 millones de dólares los recuperó el Estado, que había realizado un “préstamo puente” hasta que llegara el financiamiento. La diferencia se volcó a la obra.

En agosto de 2023 ese dinero se acabó, y para continuar con los trabajos, se requiere que el Gobierno -con quien se firmó el préstamo- requiera otros 500 millones de dólares.

Hay un conjunto de complejidades alrededor de ese pedido que debe formular el Estado nacional. Para que se requiera el desembolso, la UTE debe presentar el programa de trabajo, que se adenda al contrato comercial, de construcción de obra, y requiere la firma del Poder Ejecutivo. Desde octubre de 2022 se comenzó a discutir esa adenda pero aún no se logró firmar.

Las represas sobre el río Santa Cruz, son el complejo hidroeléctrico más ambicioso. Desde 2015 se desembolsaron 1.850 millones de dólares de los 4.714 millones presupuestados para culminar toda la obra que incluye además, una línea de alta tensión de 500 kilovatios.

A esa situación se suma otra no menos delicada: hay un conjunto de certificaciones de obras que el gobierno de Alberto Fernández dejó sin abonar a la UTE, por 400 millones de dólares. La determinación de la firma china, que encabeza el Unión Transitoria porque traen el financiamiento de la obra, es no seguir financiándola «a cuenta». Exigen que el gobierno abone ese dinero que se compone en un 50% con facturaciones de trabajos realizados y otro 50% de gastos improductivos, que incluyen todo lo invertido durante el Covid19 con los diversos protocolos para continuar con la obra.

En otras ocasiones el Estado firmaba préstamos puente, es decir, a la espera de que ingresen los desembolsos provenientes de la República de China ponía dinero y los recuperaba después, pero la administración de La Libertad Avanza fue contundente al respecto: “No hay fondos”. El presidente Milei este lunes anunció como un punto favorable el haber dejado de financiar casi el 80% de la obra pública.

Pero además, hay otro conjunto de adendas sin firmar que son necesarias para ordenar la documentación. Cuando el gobierno de Mauricio Macri modificó la obra, reduciendo sus costos en un 20%, incorporando una red de alta tensión y cambiando la potencia de las represas de 1.740 a 1.290 megavatios, quedó inconclusa la firma de ese cambio. Esto tiene que ver con el contrato financiero. La última adenda se firmó antes de que Silvina Batakis dejara el ministerio de Economía. Desde entonces, la situación no se regularizó.

Las represas santacruceñas arrancaron con el nombre de dos gobernadores de esa provincia (Jorge Cepernic y Néstor Kirchner) durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner. Luego, la administración de Cambiemos les devolvió las denominaciones originales, Cóndor Cliff-La Barrancosa. El regreso del Frente de Todos al poder reinstaló los nombres políticos.

La obra de las represas generarán alrededor del 4% del total de energía nacional. Fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno de Cristina Kirchner, y otro foco de disputa con Cambiemos que en plena campaña electoral relanzó el proyecto, pero después detuvo por una discusión ambiental el proyecto.