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POLITICA

El gobernador de Santa Fe pidió que cambien las leyes: “Un menor que delinque debe ser juzgado como mayor”

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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, llevaron a cabo este jueves una nueva reunión del Comité de Crisis de Rosario y luego brindaron una conferencia de prensa donde dieron algunas precisiones.

Luego de hacer hincapié en la detención del adolescente sospechado de ser el autor del homicidio del playero Bruno Bussanich, el gobernador santafesino pidió cambiar las leyes: “Un menor que comete un delito violento tiene que ser juzgado como un mayor”.

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“No podemos tener menores o mayores que utilizan a menores para cometer actos de terrorismo o de violencia extrema en nuestro territorio. Ante las críticas de algunos organismos, que creen que estas personas son víctimas de una sociedad injusta, desde mi lugar les digo que se los lleven a su casa. No son víctimas de nada esos violentos. Sepan que la provincia va a poner todos los recursos para llegar a las últimas consecuencias. Les va a caer todo el peso de la ley”, sentenció.

Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa. (Foto: NA - Daniel Vides)
Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa. (Foto: NA – Daniel Vides)

Por su parte, la ministra de Seguridad destacó: “En nombre del Gobierno nacional, quiero decir que estamos totalmente comprometidos con el pueblo santafesino para trabajar junto a ellos y junto con el gobernador”.

“Que los vecinos sepan que vamos a estar con la misma fuerza que estamos ahora. Seguramente, cuando pase el primer semestre, les daremos a conocer datos y cifras concretas para que vean los resultados del trabajo que estamos haciendo”, continuó, evitando dar números sobre los hechos delictivos.

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De la misma manera, confirmó que el Ministerio de Seguridad ya envió a la Presidencia de la Nación proyectos. “Hemos evaluado con todo el Gabinete que, tan importante como la aprobación de la nueva ley bases, es la discusión de los proyectos que van a generar un cambio muy importante en lo que es la estrategia contra las organizaciones criminales en la Argentina. Esta hace que todos los delincuentes de una organización tengan la pena máxima, lo que va a generar un cambio paradigmático en la historia criminal de la Argentina”, dijo.

Luego, indicó que “la reforma de la reincidencia por la reiterancia va a hacer que la gente sienta que cada delito cometido directamente tiene una pena y que no se va a esperar 6 o 7 años para tener una condena”.

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La presencia de Bullrich en Rosario comenzó hace poco más de un mes, ya que junto al ministro de Defensa, Luis Petri, fueron hasta la ciudad para brindar “más fuerzas federales” y así ponerle fin a la escalada de la violencia.

Patricia Bullrich viajará a Estados Unidos para trabajar con el FBI

En la conferencia de prensa con Pullaro, la ministra de Seguridad también adelantó que este sábado viajará a Estados Unidos para trabajar en conjunto con el FBI y las organizaciones de inteligencia sobre las “leyes antimafia” y el almacenamiento del ADN.

Fundamentalmente, la finalidad del viaje es para trabajar en proyectos de capacitación para las fuerzas locales sobre cuidados de información policial para la investigación de las bandas criminales.

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A su vez, llamó a apoyar el proyecto que impulsó el presidente Javier Milei para que las Fuerzas Armadas intervengan en casos de terrorismo narco.

“Esta es una discusión que tenemos que dar con la gente, que necesitan saber que sus gobernantes están dispuestos a hacer cambios que terminen con la violencia, la destrucción, la muerte, los asesinatos, el sicariato en Rosario y en todo el país. Que lo hagan rápido porque la sociedad los necesita”, remarcó.



Patricia Bullrich, Maximiliano Pullaro, Rosario

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Juan Pazo, el otro funcionario del Gobierno que es investigado por su participación en sociedades en el exterior

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Además del titular de la DGI, Andrés Vázquez, otro funcionario del gobierno está involucrado en la trama que investiga la compra de propiedades en Estados Unidos a través de sociedades radicadas en el exterior. Se trata del nuevo titular de ARCA, Juan Pazo, muy cercano a Luis Caputo, relacionado en el capítulo que tiene como protagonista central al diputado nacional Cristian Ritondo y a su esposa Romina Diago.

De acuerdo a la investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), la sociedad Goformore LLC de Diago le compró un departamento a Harbour House 1533, de Pazo. Fue el 14 de marzo de 2013 cuando adquirió la propiedad, ubicada en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach. La operación, según plantean los investigadores, se hizo por US$ 580.000.

Juan Alberto Pazo es el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y políticamente responde a Luis “Toto” Caputo, con quien trabajó hasta el mes pasado en el Ministerio de Economía, antes de asumir en reemplazo de Florencia Misrahi como titular del ente tributario que sucedió formalmente a la ex AFIP.

Ese departamento, según una información de ElDiarioAr, fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$ 650.000, cuando Diago constituyó un fideicomiso, Warwick Trust, y abrió otra sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) como manera de resguardo de una propiedad en Florida valuada en ese valor.

En su momento, Clarín consultó a fuentes cercanas a Pazo por cómo se dio esa operatoria. «No hay nada que explicar. La empresa vendió esa propiedad hace 11 años«, argumentaron y recordaron que Pazo, en ese entonces se desempeñaba de manera completa en el sector privado y no cumplía tareas de funcionario. También sostuvieron que Pazo, cuando ingresó al Gobierno, presentó todo como corresponde ante la OA, al igual que su esposa.

Denuncias contra Pazo

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Según reseñó el sitio Letra P en una nota reciente, Pazo cuenta con varias denuncias en la Justicia. Por caso, una de ellas la radicó el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, que detalló que en 2018, Harbour House 1533 se desprendió de ese inmueble, pero adquirió otra propiedad del mismo condominio que, según la tasación estadounidense, alcanza el millón de dólares. En ese entonces Pazo era superintendente de Seguros (SS) del gobierno de Mauricio Macri y no informó ese inmueble en su declaración jurada.

También se vincula a Pazo con la creación del «Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros» (Prosas), que era conocido en el sector como Seguro Verde, a través del cual recibían el aporte «voluntario» de las compañías y que estaba compuesto del «1% sobre las primas emitidas netas de anulaciones correspondientes a los contratos de seguro de los Ramos Vehículos Automotores y/o Remolcados, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos.

Ese Seguro Verde motivó dudas sobre irrregularidades en torno al manejo de los fondos que se recaudaban allí y de la voluntariedad del mismo. En el juzgado federal del juez Sebastián Ramos se tramita una denuncia, que apunta directamente contra Pazo y Guillermo Plate, actual superintendente, debido a la supuesta «protección» que se le brindaba a las compañías que se adherían al Prosas y pagaban esa tasa de 1%.

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