Tras el anuncio del cierre de Télam que hizo el Gobierno, el interventor de la agencia estatal resolvió que el plan de Retiro Voluntario finalizará el próximo 10 de mayo. Y al día siguiente, comenzará a despedir a cientos de empleados bajo el Procedimiento Preventivo de Crisis.

El interventor de Télam, Diego Chaer, presentó una nota ante la Secretaría de Empresas del Estado, de Jefatura de Gabinete, donde pide que «se dé inicio formal» a ese Procedimiento, para «la implementación de las desvinculaciones del personal y suspensión de cláusulas convencionales vigentes».

Ese Procedimiento le permitirá a la actual gestión de Télam pagar a los despedidos, a partir del próximo 11 de mayo, con una fórmula económica equivalente «al 50% del actual esquema de Retiro Voluntario implementado», según informó Chaher en esa nota a la que accedió Clarín.

Es que hasta ahora solo el 20% de los empleados de la agencia se anotó en el plan de Retiro Voluntario que implementó el Gobierno en Télam, quedando en la actualidad 628 empleados, de los cuales 582 están en planta permanente y 46 contratados.

Las puertas de Télam están cerradas desde principio de marzo y los empleados tienen prohibido ir a trabajar a esa agencia de noticias y publicidad del Estado nacional. Pero todos los que no se anotaron en el plan de Retiro Voluntario siguen cobrando como si fueran a trabajar.

El presidente Javier Milei anunció hace casi dos meses su cierre, cuando dio el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. «Vamos a cerrar la agencia Télam, que ha sido utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista», dijo el Presidente ese viernes por la noche en el Congreso. Tres días después la agencia dejó de funcionar, se dio de baja su sitio web, las dos sedes amanecieron valladas y sus empleados fueron «dispensados» de ir a trabajar.

Pero la realidad es que hasta ahora 150 empleados firmaron los retiros voluntarios que ofrece el Gobierno, sobre 780 empleados totales que tenía Télam cuando cerró sus puertas. No llegan al 20% del total, mientras que 628 siguen cobrando sus salarios como si fueran a trabajar todos los días y nada ocurriera allí.

Además, pese a los recortes realizados estos meses por la actual gestión en Télam, con un «plan de reducción integral de los costos operativos», el «resultado logrado a la fecha por todas estas acciones resulta meramente cosmético a la hora de abordar el desafío de rediseñarlo y favorecer de ese modo la continuidad operativa de algunas funciones valiosas de la organización», sostuvo Chaher en su nota enviada a la Secretaría de Empresas del Estado, que conduce Mauricio González Botto.

Y agregó que «esta organización en su actual fisonomía resulta absolutamente inviable de no contar con las millonarias transferencias que en forma regular realiza el Tesoro nacional para solventar sus gastos operativos. Para tener una idea general del tema esta Sociedad del Estado ha recibido en los últimos tres años más de 16.000 millones de pesos para ‘sostener’ su funcionamiento».

«Es importante destacar que la intención de esta Administración es ordenar y recrear condiciones para que -realizadas las optimizaciones necesarias- se genere una estructura de gestión adecuada que pueda desarrollar funciones de ‘agencia'», aseguró el interventor de Télam en su nota a la que accedió Clarín.

El «convenio de desvinculación voluntario» establece que quienes se anotaron al plan de Retiro Voluntario hasta el 31 de marzo cobraron toda la indemnización en una sola cuota, junto con el sueldo que les pagaron en los primeros días de abril; mientras que el resto de los que ya se anotaron al plan tendrá que esperar hasta principios de mayo para cobrarlo junto con el sueldo de abril.

«El problema es que cuando uno va a hablar con la gente de Recursos Humanos, te dicen que el monto máximo que pueden pagar es de $ 23,5 millones, más allá de la antigüedad que uno tenga en la agencia. Y esa no es una cifra razonable para los que tenemos más de 10 años ahí, cargos altos o los que tienen inmunidad gremial», le dijo un empleado de Télam a Clarín, desconociendo que el plan oficial es pagarles la mitad de esa cifra a los que no se anoten hasta el 10 de mayo al plan de retiros voluntarios.

Otro empleado explicó a Clarín que «Hernán Lombardi despidió al 40% de los empleados, cuando gobernaba (Mauricio) Macri, de los que la Justicia laboral impuso que volvieran más de 200, mientras que el resto aceptó las indemnizaciones y no volvió».

Esos fallos en contra de los despidos de Pousá y Lombardi fueron porque no habían implementado el Procedimiento Preventivo de Crisis, según estableció la Cámara Nacional del Trabajo.

Es que en junio de 2018, la gestión de Rodolfo Pousá en Télam y Lombardi como titular del Sistema de Medios Públicos, despidieron a 354 empleados, que eran el 40% de los 878 empleados totales. Pero muchos de los despedidos reclamaron ante la Justicia laboral y 225 fueron reincorporados, mediante un plan de devolución de indemnizaciones.

Fuentes cercanas a la gestión de Pousá y Lombardi defendieron esos despidos y dijeron que «la indemnización total fue de unos US$ 25 millones y la mitad de los despedidos quedaron afuera de Télam. En ese entonces no se podía cerrar la agencia sin una ley del Congreso, pero ahora con el DNU 70 de Milei se puede hacer, con un Decreto reglamentario», aseguraron a Clarín.

De todos modos, la actual intervención en Télam sabe que no puede despedir a los empleados nuevamente como hizo la gestión macrista, bajo riesgo de volver a tener el mismo problema judicial que tuvo Lombardi hace casi seis años atrás.

Por eso, Chaher presentó el Procedimento Preventivo de Crisis y planea echar a cientos de empleados bajo ese paraguas normativo.

Pero una fuente oficial dijo a Clarín, que en algún momento del año pretenden retomar las actividades que hacía Télam, «bajo otro nombre y quizás en otro lugar, con unos 200 trabajadores, de los cuales 100 quedarían en la agencia de noticias y otros 100 para la publicidad oficial».

Habrá que ver si eso se confirma y puede retomar la actividad una «Télam reestructurada», o si cierra en forma definitiva la empresa estatal.