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ECONOMIA

El Gobierno acordó nuevos aumentos en los Precios Justos tras el triunfo de Milei

Las cadenas denunciaron que sus proveedores aumentaron hasta un 50% en productos básicos. Para evitar posibles desbordes, autorizan subas graduales de entre 13% y 20% hasta el 4 de diciembre.

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En el primer día hábil después del triunfo de Javier Milei en el balotaje, los supermercados advirtieron que les llegaron nuevas listas de precios con fuertes aumentos, llegando hasta un 50% en productos básicos. 

Desde la Secretaría de Comercio, dirigida por Matías Tombolini, convocó de urgencia a proveedores, mayoristas y cadenas para recordar la vigencia del programa Precios Justos hasta el 10 de diciembre, y para subrayar que “no hay ningún motivo para la corrida”.

De todos modos, con el objetivo de evitar desbordes, Tombolini autorizó subas mayores al 5% mensual, estableciendo un esquema gradual. De esta manera, se autorizará un 5% a partir de este martes y otro 8% el 4 de diciembre para productos básicos. Para el resto del surtido, se permite un 12% ahora y otro 8% a principios del próximo mes. A esto se suma el 5% que ya está en vigor desde el 1 de noviembre.

Las cadenas de supermercados señalaron que recibieron listas con incrementos de entre 9% y 50% en productos de consumo básico de diversas marcas líderes, lo que llevó a la suspensión inmediata de las entregas de mercadería. Tombolini, en una reunión virtual, les notificó sobre el descongelamiento parcial y las subas autorizadas que regirán hasta el recambio presidencial.

Según fuentes del sector privado, el secretario de comercio y alfil del ministro de Economía Sergio Massa, había acordado a fin de mes mantener el “sendero de precios” del 5% hasta el 21 de noviembre, con la posibilidad de revisar ese porcentaje para el resto del año. Este pedido surge debido a los problemas de abastecimiento que ya experimentaba Precios Justos en varias categorías.

Este último acuerdo se logró con muchas dificultades. Incluso muchas empresas acordaron de palabra y eludieron el compromiso de firmarlo. Los proveedores elevaban sus quejas por el retraso de precios frente a la escalada inflacionaria de agosto (12,3%), setiembre (12,7%) y octubre (8,4%).

“Hay una serie de reuniones con empresas para tener información directa y para relevar cómo está el tema de abastecimiento y de precios. La prioridad es cuidar que el producto esté en góndola. La intención es escuchar cuál es la situación real, para evitar una situación de corrida y que la transición sea lo más ordenada posible. Porque no hay elementos, ni subas salariales ni del dólar, ni nada que justifique aumentos del 40%”, reveló una fuente oficial en diálogo con Clarín.

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“Se nos pidió que no se aceptaran subas desmedidas y sin ninguna aprobación por parte de la Secretaría de Comercio. De todos modos, a esta altura y en este contexto hay muchas dudas sobre el nivel de autoridad que tienen para presionar sobre los precios”, razonó en voz alta una fuente de una cadena líder. De hecho, la gran mayoría de las empresas líderes del sector acordaron de palabra, rechazaron firmarlo por consejo de sus áreas legales para no quedar expuestos a eventuales juicios en el fuero tributario penal. 

El programa Precios Justos, continuación del plan antinflacionario de Sergio Massa, abarca a 330 compañías y 50,000 productos en diversos rubros, como consumo masivo (alimentos, bebidas, tocador y limpieza), indumentaria, calzado, electrónicos, motos, insumos industriales y materiales para la construcción.

Los supermercados, como principales actores, se comprometieron a no aceptar aumentos por encima de la pauta oficial. De allí la falta de muchas marcas líderes y de segundas marcas en las góndolas del canal que hoy concentra el 40% de las ventas de artículos básicos (alimentos, bebidas, tocador y limpieza).

No obstante, según las cadenas, en los últimos 12 meses se “relanzaron” 8.000 productos para evitar los controles de la Secretaría de Comercio. Una cifra absolutamente ilógica incluso para una economía floreciente. Mucho menos para la crisis que atraviesa la Argentina. Un artículo “nuevo” zafa del control porque no registra precios anteriores. El valor inicial lo establece libremente el fabricante, sin necesidad de violar ningún acuerdo preestablecido.

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ECONOMIA

El CIADI da la razón a Enagás y condena a Perú a pagarle 186 millones de euros Por EFE

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Madrid, 20 dic (.).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha dado la razón a Enagás (BME:) y ha condenado a Perú a pagar a la compañía 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP).

Así figura en el laudo que el CIADI ha notificado a Enagás este viernes, según ha comunicado la empresa española de infraestructuras energéticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El laudo estima que la República del Perú ha incumplido sus obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5 del APPRI Perú-España, y condena en consecuencia a Perú a pagar a Enagás un importe de 176 millones de dólares (unos 169 millones de euros).

A esa cantidad se suma un interés anual del 1,44 % calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone un total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75 % de las costas procesales.

El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (“TGP”), constituye una violación del APPRI España-Perú.

Este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo (194 millones de dólares) y la cuenta a cobrar (505 millones de dólares -unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance.

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El impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo, ha anunciado la empresa.

Los asesores legales de Enagás están analizando el laudo en detalle y la empresa ha señalado que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.

Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.

La empresa ha reafirmado su política de dividendo y el plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea.

Enagás presentó el arbitraje para recuperar su inversión en el GSP después de que el 23 de enero de 2017 el Gobierno peruano rescindiera la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.

La constructora brasileña, con una participación del 50 %, Enagás y Graña y Montero, estas dos con un 25 % cada una, eran las compañías concesionarias para la construcción del gasoducto, que suponía una inversión de 7.328 millones de dólares (algo más de 6.700 millones de euros).

La solicitud para iniciar el arbitraje contra Perú fue presentada por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque previamente la compañía española intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión.

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