POLITICA
“El gobierno actual está debilitando a ARSAT y favoreciendo al sector privado”
Alfredo Moreno recordó el proceso de privatización de ENTEL en la década de los ’90 como una “gran pérdida de oportunidad histórica” para el país. Explicó que la división de la Argentina en dos sectores, Norte para Telecom y Sur para Telefónica, resultó en una monopolización de los servicios de telefonía e internet. “Las empresas se quedaron con todo el conocimiento acumulado en ENTEL, y durante años no hubo un avance significativo en las telecomunicaciones”, sostuvo.
El rol fundamental de ARSAT en la conectividad nacional
El especialista destacó el papel de ARSAT en la última década. “ARSAT surgió en el 2006 y comenzó a desplegar fibra óptica en el 2010, logrando una red de 40.000 kilómetros”, explicó. Este desarrollo permitió que cooperativas y empresas locales accedan a un servicio de internet de alta calidad. “ARSAT se consolidó como un proveedor mayorista, vendiendo acceso a cooperativas y pequeños proveedores que luego distribuyen el servicio a los usuarios finales”, indicó Moreno, resaltando que, gracias a esta estructura, ARSAT llegó a áreas donde las empresas privadas no invertían.
Además, señaló que la red federal de fibra óptica y los satélites lanzados en 2014 y 2015 posicionaron a Argentina en un selecto grupo de países con capacidad de brindar internet satelital. “ARSAT ha sido autosuficiente en términos financieros, sin representar una carga económica para el Estado, y su infraestructura es fundamental para conectar regiones desatendidas”.
Conectividad 5G y la nueva política del gobierno
Respecto a la implementación de la red 5G en Argentina, Moreno subrayó que el gobierno anterior había asignado 100 MHz a ARSAT para desarrollar aplicaciones en salud y educación, con una reserva de otros 50 MHz en manos del ENACOM. Sin embargo, señaló que la administración actual revocó esta asignación para poner los 150 MHz a disposición del sector privado. “El gobierno actual está debilitando la posición de ARSAT y favoreciendo a las empresas privadas, entregándoles más espectro para el desarrollo de 5G”, aseguró.
Finalmente, advirtió sobre los riesgos de esta política. “Los servicios de 5G son muy buenos, pero al priorizar al sector privado, se corre el riesgo de que muchas zonas del país queden desatendidas, como ocurrió en el pasado con la telefonía móvil. La velocidad y calidad de conexión que ofrece el 5G podrían quedar restringidas a las grandes ciudades, dejando a las regiones rurales con un servicio deficiente”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Más del 30% de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral no se presentó a las auditorías
El Gobierno nacional inició la auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de revisar más de un millón de subsidios en todo el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI son un cargo del operativo, que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. Durante enero, se realizó un muestreo en la Ciudad de Buenos Aires que reveló diversas irregularidades, entre ellas que el 31,6% de los convocados no se presentó a la evaluación.
El relevamiento, realizado sobre 1.108 beneficiarios, también evidencia que el 16,6% de los casos no cumple con los requisitos para percibir la pensión, mientras que se detectan 20 bajas por fallecimiento o renuncia voluntaria. La auditoría se enmarca en el plan del Gobierno para reforzar los controles sobre las prestaciones sociales. En un operativo previo realizado en 2024, se revisó 22.417 pensiones y se encontró que el 80% de ellas no cumplía con los criterios establecidos. Además, se dieron de baja 212 beneficios que eran cobrados desde cárceles y otros 150 correspondientes a personas fallecidas.
El polémico gasto de Axel Kicillof en tratamientos de hormonización para personas trans
Para mejorar la transparencia en la asignación de las pensiones, el Gobierno identificó la falta de digitalización de los registros como un problema clave. Como parte del proceso de auditoría, se está implementando la digitalización de documentos y la revalidación de cada caso mediante evaluaciones médicas presenciales y controles documentales. “La normativa está nutrida de los baremos confeccionados por expertos en medicina legal-laboral”, indicaron fuentes oficiales sobre los criterios de evaluación.
El proceso de auditoría se desarrollará de manera progresiva durante todo el 2025 y contará con cuatro etapas principales: verificación documental, evaluación médica en territorio, análisis de datos por parte de ANDIS y resolución de cada caso. Se espera que en marzo el Gobierno presente un informe con los resultados nacionales, lo que permitirá determinar cuántas pensiones se mantendrán y cuántas serán suspendidas por incumplimiento de los requisitos.
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