POLITICA
El Gobierno afina su estrategia para negociar cargos clave de la Justicia, pero esperará hasta las elecciones
Desde que asumió, Javier Milei no nombró jueces, fiscales ni defensores. Solo nombró a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente no pudieron ser convalidados por el Senado. Es un reclamo que emerge con fuerza de parte del ámbito judicial, donde le piden a la Casa Rosada que aceleren las gestiones para que se puedan a comenzar a llenar los puestos que siguen vacantes desde hace años.
Importantes funcionarios del Gobierno reconocen por lo bajo la importancia de comenzar a aceitar ese mecanismo de nombramientos, pero que esto no va a ser puesto en agenda hasta después de octubre. Es decir, faltan más de cuatro meses. “No es un tema que vayamos a tocar antes de las elecciones nacionales”, reitera una altísima fuente de Casa Rosada.
Y es que se trata de un asunto espinoso para los libertarios, porque todas las vacantes que precisan ser llenadas deben pasar por el Senado, donde el peronismo es un actor de bloqueo de cualquier iniciativa que quiera hacer el Gobierno. Los nombramientos pueden rechazarse con un tercio del recinto -más de 24 votos-, y el bloque de Unión por la Patria tiene 34 bancas.
El panorama no va a mejorar después de que el Senado renueve las 24 bancas de estas elecciones. “El recambio legislativo de diciembre no va a generar cambios sustanciales”, analiza un influyente miembro del Gobierno. En todo caso, lo que sucederá es una reducción del PRO, la UCR u otras fuerzas provinciales, con una potencial ganancia real de La Libertad Avanza; pero sin que eso modifique que el peronismo tenga al menos un tercio de la Cámara Alta. “Incluso, la correlación de fuerzas puede hacer que sean aún más poderosos”; afirma un analista del oficialismo.
Así planteado el escenario, es requisito obligatorio que el Gobierno negocie con Unión por la Patria si es que quiere acelerar los nombramientos de los distintos cargos judiciales. Quienes tienen a cargo esas tareas son, mayormente, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y su principal alfil judicial, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
A los ojos de los libertarios, la reciente detención de Cristina Kirchner no debería ser un impedimento para que después de los comicios inicien las primeras conversaciones. “Les interesa el mundillo judicial y van a querer que se activen las negociaciones”, afirma un integrante del Gobierno.
De todos los cargos vacantes o en disputa, la Casa Rosada mira con especial énfasis a los jueces de la Corte Suprema y el Procurador General de la Nación.
Menos conocido, pero no por eso menos importante, este último cargo comenzará a tener una importancia mayor a la que tenía hasta hace algunos meses. El Procurador es quien lidera el Ministerio Público Fiscal y es el jefe de los fiscales, teniendo potestad para decidir sobre las postulaciones, remociones y el accionar de estos.
En ese marco, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, está impulsando la implementación del Sistema Acusatorio, el cual empodera el rol de los fiscales, haciendo que automáticamente sean quienes tengan el poder de investigación en las causas, entre otros aspectos.
El Código Procesal Penal Federal ya se implementó en 12 provincias y a fin de año, y la próxima parada son los tribunales de Comodoro Py, donde no están exentas las tensiones. “Nos sorprendió que la mayor resistencia la tuvimos en los fiscales y no en los jueces”, afirma una fuente judicial libertaria, explicando que la queja de ese sector proviene por los fondos y los recursos que hacen falta para poder incrementar su capacidad ociosa.
“No entendemos las presiones. Queremos un cambio histórico para el país y la Justicia. Les dimos recursos, salas de audiencias con tecnología, computadoras último modelo, un UFED [Universal Forensic Extraction Device] por distrito y más de 5000 m² de la ex ESMA para sus nuevas oficinas. También les haremos una propuesta de equilibrio de personal progresivo, respectando derechos y sueldos o contratos”, comenta una altísima fuente a Infobae.
En el Gobierno perciben “hostilidad” de parte de aquellos que se oponen y temen un amparo que pueda demorar la vigencia del sistema, que tiene fecha a partir del 11 de agosto. El nuevo sistema implicaría que en segmentos vitales de los procesos judiciales deban estar presentes y no puedan hacer homeoffice. Un aspecto que parece menor, pero que sería fundamental en la oposición de los fiscales.
Volviendo a la cuestión macro, los jueces tenían automáticamente la potestad de juzgar e investigar y solo, si querían, le podían delegar toda la investigación a los fiscales. Un ejemplo es el caso $LIBRA, en el que María Servini delegó la causa a Eduardo Taiano. En síntesis, el Procurador tendrá un poder real mayor del que tenía antes, lo cual hace más jugosa la negociación por ese cargo que actualmente ostenta -aunque de manera interina- Eduardo Casal, que asumió automáticamente luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017.
Para facilitar estas tratativas, en las últimas semanas se escucharon rumores de que se puedan modificar las competencias que tiene la cabeza del Ministerio Público Fiscal. Dos fuentes inobjetables del Gobierno consultadas por Infobae rechazaron esto rotundamente. En cambio, sí se pretende buscar un candidato de consenso y que tenga perfil académico.
El oficialismo no tiene nombres para proponer. O si los tiene, prefiere no revelarlos. Las tratativas para este puesto es considerada como “prioritaria” para algunos integrantes del Gobierno, mientras que otros la matizan. Aun así, coinciden en que “la política no puede seguir teniendo un interino y tiene que ponerse de acuerdo en tener uno efectivo”. “El Procurador, mal que mal, es un interino y es un hombre serio y honesto“, dice un referente judicial del Gobierno, que prefiere priorizar el foco en la Corte Suprema.
El oficialismo experimentó en abril pasado los rechazos de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, por lo que saben que repetir con ese mecanismo va a producir los mismos resultados.
Con las necesarias interlocuciones que deberán tener con el kirchnerismo, vuelve a emerger la posibilidad de que sean “uno y uno”. Pero en altos despachos del Gobierno afirman que es más viable la ampliación del número de ministros de la Corte. Esto complejizaría la discusión, pero abriría a mayor cantidad de escenarios en los que el Gobierno puede sentirse cómodo para pactar con ese sector de la oposición.
En el oficialismo admiten que la composición actual de la Corte Suprema es insuficiente y que existe voluntad de ampliarla. Ninguna de las iniciativas que están en el Senado cuentan con el sello del sector de Santiago Caputo, pero algunas se les acercan más que otras, como por ejemplo una integración de 7 o 9 miembros. “Podrían ser más representativas de la sociedad y por qué no de los partidos”, afirma un funcionario violeta.
No se contempla la posibilidad de que la ampliación supere los nueve miembros, ya que eso podría ralentizar el tratamiento de los expedientes debido a la necesidad de coordinación entre más jueces. Un operador libertario citado por Infobae opinó: “La velocidad de la Corte depende del más lento de sus miembros y no tanto de si son muchos o pocos miembros”. Además, el oficialismo descarta la opción de dividir las funciones de la Corte en salas, porque es lisa y llanamente inconstitucional.
La actual integración del Máximo Tribunal es la más reducida de América Latina. El mayor vínculo que tienen los libertarios es con el juez Ricardo Lorenzetti, uno de los artífices de la candidatura de Lijo al Máximo Tribunal.
Pero en el Gobierno se ven urgidos a imponer a un catedrático libertario puro para tener potencialidad de influir en la jurisprudencia argentina, tal y como buscó hacer Donald Trump con las designaciones de Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett en 2018 y 2020, respectivamente. Ese papel era el que tenían pensado para García-Mansilla, quien, a pesar de sus buenas cartas credenciales, no tuvo el aval del kirchnerismo por su perfil conservador.
En los pizarrones que están en los encumbrados despachos de la Casa Rosada tampoco se olvidan de anotar las vacantes de magistrados y fiscales que hay en todo el país. Tal vez, uno de los asuntos que más urge en términos del funcionamiento de la Justicia.
Según los últimos datos de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, hay 184 vacantes en los juzgados federales que están en trámite del Poder Ejecutivo, es decir, que dependen de que Milei los revise y seleccione para que posteriormente sean enviados al Senado. De este segmento, hay varios que datan desde el 2018, mientras que el año pasado se le enviaron candidatos para 96 puestos.
Un funcionario de primera línea comentó que una de las que podría estar más avanzadas después de las elecciones son las vacantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico de la Capital Federal.
En noviembre de 2024, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, anunció en Casa Rosada el envío de la designación de jueces, fiscales y defensores del pueblo. En ese entonces, al funcionario detalló:
- Jueces: 1002 cargos totales y 311 vacancias (de las que en ese momento había 146 en el Poder Ejecutivo Nacional, hoy son más, al igual que en el resto de los casos).
- Fiscales: 368 cargos totales y 161 vacantes (37 para su envío en manos del PEN).
- Defensores: 265 cargos totales y 80 vacantes (45 en el PEN para enviar al Senado).
Esto no se materializó en el tiempo. Y es que, en rigor, en el Gobierno afirman que no tienen grandes incentivos para acelerar los envíos de los pliegos.
“Somos un espacio muy joven y todavía no construimos este tipo de relaciones. No tenemos candidatos ‘libertarios’ para los juzgados y las fiscalías. Y en algunos casos no tenemos apuro”, afirma una fuente que conoce de estas negociaciones. En todo caso, estos pliegos van a ser prenda de negociación con la oposición y los gobernadores dialoguistas, así como los defensores que se pretenden movilizar, entre ellos cargos en la Defensoría General de la Nación y el puesto del Defensor del Pueblo, vacante desde 2009.
POLITICA
Los salarios militares, en la línea de pobreza: la nueva hipótesis de conflicto en los cuarteles
Si bien el gobierno de Javier Milei avanzó parcialmente en la reducción de la brecha salarial que separa a los efectivos de las Fuerzas Armadas de sus pares de Seguridad, los militares ven con preocupación que en el último año y medio creció la cantidad de oficiales y suboficiales que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.
Las estimaciones del sector castrense advierten que entre el 56% y el 60% de los uniformados conviven con la amenaza de quedar por debajo de los niveles de pobreza, línea marcada por la Canasta Básica Total, que el Indec fijó este mes en $1.128.398. Ese cálculo ubica en esa franja roja a los militares con grados de capitán, tenientes de navío y otras jerarquías inferiores.
Hay que tener en cuenta, de todos modos, que muchos de ellos sobreviven a la dramática línea de postergaciones sociales con las bonificaciones por antigüedad y suplementos por destinos geográficos. “Existen algunos suplementos por actividad, como buceo, paracaidismo o prácticas de montaña. Pero no son permanentes sino cuando se cumple una determinada cantidad de tareas a lo largo del año”, explicó una fuente del Ejército.
Cada destino geográfico tiene un porcentaje determinado de suplemento. Por ejemplo, en los lugares más alejados, como Puente del Inca, en Mendoza, el plus puede llegar al 90% y en una capital del interior, puede alcanzar entre el 12 y el 15 por ciento. Por el contrario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existen suplementos, explicaron fuentes castrenses a .
En su última presentación en el Senado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que la diferencia de haberes entre los militares y el personal de las fuerzas de seguridad se redujo del 25% al 6% en la gestión libertaria. En una de sus primeras medidas al asumir, el ministro de Defensa, Luis Petri, dejó sin efecto dos aumentos que su antecesor Jorge Taiana había programado dos aumentos salariales sucesivos del 10% para enero y abril de 2024, tomando como base los haberes de marzo de 2023. Petri entendió que se trataba de un “esquema engañoso, con un mínimo de impacto real” y se comprometió a llegar a una equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad al final de su gestión, en diciembre de 2027.
En sendos pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo, el senador nacional Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) planteó que, de acuerdo con los datos del Indec, los sueldos por debajo de las jerarquías de capitán y grados equivalentes en las otras fuerzas y de suboficial primero hacia abajo, entre los suboficiales, se hallan “por debajo de la línea de pobreza, lo cual da cuenta de casi el 60% del total del personal por tratarse de las jerarquías más numerosas”.
Al recoger la experiencia de la inusual protesta que voceros de la Gendarmería y la Prefectura protagonizaron en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, el legislador fueguino señaló que “el personal de las Fuerzas Armadas no puede manifestar, no puede hacer peticiones sino a través del superior directo y no está sindicalizado, ni tiene un ombudsman que defienda sus intereses”. Pero observó que esas prácticas existen en otros países. Citó los casos de Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia y Sudáfrica, donde “el personal militar tiene una representación de sus intereses por fuera de la estructura de mandos militares”. En Alemania, en cambio, existe la figura del comisionado de Defensa, que actúa de enlace entre el personal militar y el gobierno. Incluso, Australia y Canadá pusieron en marcha la figura de un ombudsman, que “vela por los derechos de los militares”.
Lejos de la existencia de tales mecanismos, en la Argentina la discusión se limita a los niveles salariales que disponen los gobiernos de turno.
Con la última actualización de haberes para las Fuerzas Armadas, dispuesta por la resolución conjunta 24/2025 dictada por los ministerios de Economía y Defensa, los máximos cargos (teniente general, almirante y brigadier general) tienen una retribución de $ 2.613.259. Le siguen en la escala los grados de general de división, vicealmirante y brigadier mayor, con $2.330.450.
Mientras un coronel y sus equivalentes de capitán de navío y comodoro cobran $1.859.800, un teniente coronel, un capitán de fragata, y un vicecomodoro perciben $1.617.005.En escalas inferiores, un teniente primero, un teniente de fragata, y un primer teniente tienen un sueldo de $938.420, mientras que un subteniente, un guardiamarina y un alférez cobran $766.215.
En su pedido de informes, el senador Blanco definió el esquema que rige en la Argentina como “una obligación de velar por el subordinado que no se queja y no puede quejarse”. Una práctica inherente a la esencia de los asuntos militares. En ese esquema encuadra la caótica situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que hasta ahora no ha podido detener la impactante sangría de $19.000 millones por mes.
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POLITICA
Pablo Domenichini, el candidato de la tercera sección que se enfrenta a los dos oficialismos: “Están generando una decadencia en la provincia”
El diputado bonaerense y cabeza de lista de la tercera sección electoral por Somos Buenos Aires, Pablo Domenichini, criticó tanto al Ejecutivo provincial como al nacional por profundizar la crisis social y llamó a cortar con la polarización: “Lo único que están generando es decadencia en la provincia”, manifestó durante una entrevista en la que defendió la necesidad de una tercera alternativa política en la campaña por las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.
Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En ese contexto, Domenichini profundizó sobre la coyuntura social y política bonaerense, cuestionando la gestión del oficialismo y el avance de propuestas de “crueldad” desde el gobierno nacional. “Nos pusimos con la convicción de construir una alternativa y eso es Somos Buenos Aires”, remarcó.
Desde su rol como diputado y también como dirigente oriundo de Esteban Echeverría, Domenichini describió que la situación en el conurbano bonaerense es cada vez más apremiante: “Yo vivo en el conurbano bonaerense, en Esteban Echeverría, nací en Monte Grande y he visto cómo nuestra querida tercera sección, tras años bajo un mismo color político, no mejora: los vecinos viven cada vez peor”. A juzgar por el dirigente de Somos Buenos Aires, la falta de progreso es atribuible a un estancamiento en la gestión local y a la connivencia entre la inercia gubernamental provincial y el ajuste que llega desde la Casa Rosada. “El gobierno nacional plantea con mucha crueldad un modelo de ajuste que viene a agravar esos problemas que tienen los bonaerenses”, señaló.
Las críticas de Domenichini no se limitaron a una descripción general de la crisis sino que incluyeron una radiografía del funcionamiento electoral y político bonaerense. “Nosotros representamos una alternativa a los dos extremos. El Frente Somos Buenos Aires surge de la confluencia de distintos partidos políticos, expresiones del radicalismo, del peronismo referenciado en Juan Schiaretti, en el modelo cordobés. Frente a los gritos y agravios, nuestro camino es la construcción y la gestión”, subrayó, en diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana.
Enfatizó que el desafío principal de su espacio es instalar la discusión de ideas y de gestión eficiente, frente a una campaña marcada por la polarización y la falta de propuestas. “Si hubiéramos hecho una especulación electoral, seguramente habríamos elegido otro camino. Pero creemos en la buena gestión que resuelve los problemas de los vecinos. Por eso, 32 intendentes a lo largo y ancho de la provincia acompañan nuestra propuesta”, explicó y dio cuenta de acompañamientos significativos, como el de Pablo Petrecca, intendente de Junín, y Maximiliano Suescun, presidente del Foro de Intendentes Radicales.
Consultado sobre las tensiones internas y los alineamientos cruzados de los partidos tradicionales, Domenichini admitió que “es cierto que tenemos tensiones para ponernos de acuerdo hacia el 2027, pero en la provincia de Buenos Aires, en unidad, dijimos que hay que construir una alternativa”. Haciendo referencia al apoyo de figuras nacionales como Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, señaló: “Recorrimos juntos el conurbano hablando de seguridad y de la necesidad de tener decisión política para combatir a las bandas narco criminales”.
Rechazando el “camino fácil” de la especulación y la pérdida de identidad política, el referente de Somos Buenos Aires sostuvo: “La solución de compromiso era ir a donde sumara bancas, como hizo el PRO, perdiendo identidad. Nosotros elegimos sembrar una alternativa difícil pero necesaria, y proyectar una opción distinta para 2027”.
En cuanto al fenómeno de continuidad electoral de los intendentes peronistas a pesar de la degradación social, Domenichini lo atribuyó tanto a la ausencia de alternativas viables como a la gestión del “metro cuadrado”: “Muchos de quienes vivimos en el conurbano lo hacemos en los mismos barrios donde nacimos, conocemos la realidad. Hay una identidad peronista muy fuerte, pero los vecinos reconocen que viven cada vez peor y la política no ha sabido construir una alternativa que inspire confianza para mejorar esa situación”.
Al repasar ejemplos concretos, describió: “El intendente que logra resolver el alumbrado, poner un par de palmeras, arreglar una calle, termina capitalizando el voto por una cuestión muy práctica y cotidiana, aunque el trasfondo de los problemas siga igual o se agrave”. Por esto, para Domenichini el desafío de su espacio es presentar una gestión que pueda resolver tanto lo inmediato como lo estructural.
Sobre la fragmentación de opciones, la confusión de alianzas y el surgimiento de figuras sorpresivas, el diputado bonaerense asumió: “Siguen apareciendo dentro del panorama figuras que antes compartían boleta con nosotros y ahora están en otros espacios, como el caso de los libertarios. Nosotros nos mantenemos defendiendo las mismas ideas”.
Especial atención le dio al tema de la inseguridad, al considerar que es la principal preocupación de los habitantes de la tercera sección: “Queremos discutir la seguridad porque es el problema número uno. La política tradicional, poniendo a excomisarios, vuelve sobre modelos que ya fracasaron. Pedí a Pullaro que venga al conurbano para mostrar que otro modelo es posible: la determinación política de combatir el delito, modernizando y controlando la Bonaerense, pagando sueldos justos y exigiendo profesionalismo”.
En este sentido, remarcó: “La Bonaerense, en las condiciones actuales, es parte del problema. Hay que profesionalizar, equipar y controlar a la fuerza para que cumpla con el mandato de proteger a la ciudadanía, no de perpetuar privilegios ni complicidades”.
Frente a la referencia de los avances en seguridad en la provincia de Santa Fe, donde la colaboración entre la Nación y la gestión local fue clave, Domenichini reconoció: “Hay que coordinar con el Gobierno nacional y celebrar cuando se toman medidas positivas como el combate al narcotráfico o la baja de la inflación. Claro que tenemos diferencias profundas, pero se puede y se debe trabajar en conjunto”.
Sin embargo, puntualizó las diferencias de fondo con el actual oficialismo nacional: “Este es un gobierno que no cree en el Estado, que no apuesta a una gestión eficiente para resolver lo que importa: seguridad, salud, educación. Ni invierte en universidades ni en ciencia. Nosotros creemos que es imprescindible fortalecer el Estado para darles oportunidades a los bonaerenses”.
Consultado sobre los sondeos y las chances electorales de Somos Buenos Aires, Domenichini desestimó los relevamientos de intención de voto: “Es un momento para no mirar encuestas. El camino recién empieza. Tenemos claro nuestro eje, que es la construcción de una alternativa”.
A la hora de hablar de candidaturas futuras y posibles acuerdos, anticipó que en octubre su espacio tendrá lista propia: “Vamos a presentar nuestros candidatos, aunque es posible que surjan nuevas discusiones en torno a la representación de los diputados nacionales”. Aclaró que la unidad alcanzada fue “muy difícil”, producto de consensos entre distintas fuerzas y de la ausencia de una candidatura nacional única. “Fue necesario generar consenso para llegar a ocho listas, en nuestro caso siete. La boleta única papel también exigirá dar relevancia a las figuras personales y a las ideas que acompañan”, planteó.
Por otra parte, Domenichini señaló que el espacio de Somos Buenos Aires reúne a expresiones diversas: el radicalismo, el peronismo de Schiaretti, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la línea de Florencio Randazzo, y Facundo Manes. “Aún falta definir candidaturas nacionales, pero hemos logrado la confluencia de sectores muy diversos que creen en el mismo horizonte político”, aseguró.
En el cierre de su participación en Infobae en Vivo, Domenichini insistió en la responsabilidad de la dirigencia política para “salir de la especulación permanente, recuperar las ideas y reconstruir el vínculo con la sociedad”, enfatizando la vocación de construir una opción sólida “frente al pasado y a la crueldad del presente”.
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POLITICA
Grabois apuntó contra Bullrich por “encubrir un complot” de cúpulas policiales en la provincia
El dirigente social y político Juan Grabois apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por tener al personal de las fuerzas federales “pésimas condiciones” y la acusó de “encubrir un evidente complot de ciertas cúpulas policiales corruptas en la provincia de Buenos Aires”. “Se la da de defensora de policías y la realidad muestra todo lo contrario”, escribió en X.
Desde el entorno de Grabois hablaron de “una crisis interna” que atraviesa la Policía Federal tras el presunto suicidio de un agente en el Hospital Churruca que habría ocurrido hace dos semanas cuando fue desatendido por el nosocomio por la dramática situación que vive la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Además, el dirigente social mencionó que la tensión aumentó por las condiciones laborales, bajos salarios y la falta de contención institucional.
A raíz de los bajos salarios, más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad pidieron la baja en lo que va del año. Muchos sueldos dejan a oficiales y suboficiales a sobrevivir por debajo de la línea de pobreza.
Además, la crisis la empeora la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que mantiene una deuda superior a los $160.000 millones e interrumpió su cobertura de prestaciones de medicina de alto costo en casi todo el país. El presidente del instituto, Roberto Fiochi, renunció tras solo siete meses de gestión.
“Bullrich intenta encubrir un evidente complot de ciertas cúpulas policiales corruptas en la Provincia de Buenos Aires montando un show estrafalario que justifica la infiltración política en una institución que debe estar completamente ajena a las divisiones partidarias”, escribió Grabois en X.
Las fuerzas de seguridad bajo la cartera de Bullrich presentaron fuertes bajas: 412 en la Policía Federal, 386 en Gendarmería, 322 en Prefectura Naval, 292 en el Servicio Penitenciario Federal y 177 en la Policía de seguridad Aeroportuaria.
“Esta mujer se la da de defensora de los policías. La realidad muestra todo lo contrario. Ya lo advertí cuando me llevaron a la Superintendencia de Investigaciones Federales: Bullrich tiene al personal en pésimas condiciones, con el salario por el piso, sin uniformes ni infraestructura adecuada, con la obra social desfinanciada y sus familias desprotegidas”, señaló el dirigente de Argentina Humana.
La obra social afronta una deuda millonaria desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Antes de diciembre de 2023, Iosfa se encontraba saneada y con superávit. Desde entonces, hubo dos gestiones que llevaron a que renuncien dos presidentes.
Los casos más preocupantes son los de pacientes que requieren de medicamentos oncológicos, los que recibieron o necesitan trasplantes, los insulinodependientes y quienes enfrentan patologías crónicas severas.
“Las fuerzas tienen derecho a una verdadera política de bienestar policial, con remuneraciones acordes, protección a sus familias y acceso a la salud, en particular a la salud mental. La ministra no tiene derecho a exponerlos brutalmente en cumplir sus deberes reprimiendo manifestaciones en vez de velar por la seguridad ciudadana”, reclamó Grabois.
Y cerró: “No les crean nada cuando se golpean el pecho por la seguridad. La única seguridad que les importa es la de sus privilegios“.
Patricia Bullrich,la dramática situación que vive la obra social,pidieron la baja en lo que va del año,renunció tras solo siete meses de gestión,el salario por el piso,La Libertad Avanza,Juan Grabois,Patricia Bullrich,Policía Federal Argentina,Conforme a,,Evacuados en la terraza. Se incendió el edificio del canal de streaming Neura de Alejandro Fantino,,Traqueotomía. La operación a la que fue sometida “Locomotora” Oliveras,,Retorno a clases. Cuándo terminan las vacaciones de invierno,Juan Grabois,,Solo en Off. Javier Milei y Juan Grabois, cerca y lejos en el aniversario del atentado a la AMIA,,“Llorás a mami Estado”. La chicana de Grabois a Espert por las detenciones de militantes kirchneristas,,Aval a Grabois. Un informe de la UBA elogió la ejecución presupuestaria del FISU
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