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POLITICA

El Gobierno anunció que desregulará el servicio de correos

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este domingo por la noche que el gobierno de Javier Milei avanzará con la desregulación del servicio de correos. “Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal”, explicó a través de un posteo en la red social X. Sin embargo, no dio detalles sobre el alcance de la desregulación.

En junio de este año, Correo Argentino había quedado fuera de la lista de posibles privatizaciones con las que el oficialismo tenía planeado avanzar con la Ley Bases. El anuncio de Adorni reaviva la posibilidad de que la empresa postal pase a manos privadas. En ese sentido, fuentes cercanas a Federico Sturzenneger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anticiparon a LA NACION que este no es el objetivo de la medida.

La norma, que será publicada este medianoche en el Boletín Oficial, es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Como se detallará en el medio de comunicación escrito del Gobierno, quienes busquen convertirse en operadores postales, tendrán que que inscribirse y podrán iniciar sus actividades cinco días después de obtener la habilitación correspondiente.

Estos operadores podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad. Van a poder también brindar cartas documentos, telegramas, comunicaciones fehacientes y giros postales. De esta manera, se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.

Con Federico Sturzenegger como la cara visible de esta agenda de “transformación”, el Gobierno avanzó en los últimos meses con la quita de trabas específicas a distintos sectores de la economía. Días atrás, en medio del conflicto aeronáutico y luego de que los trabajadores de Intercargo iniciaran una nueva medida de fuerza, el Ejecutivo decidió -entre otros ejemplos- desregularizar el servicio de rampas en aeropuertos y habilitar a las fuerzas a operar en casos de emergencia.

“Se va a desregular el servicio de rampas para abrirle el juego a nuevas empresas y terminar con el monopolio de Intercargo”, señaló el jueves el vocero presidencial en conferencia de prensa, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Sturzenegger y el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Noticia en desarrollo.

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POLITICA

El Gobierno traspasa el Servicio Penitenciario a CABA para tratar la sobrepoblación en las comisarías

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El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaron iniciar el proceso de traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la administración porteña, una demanda que la Ciudad venía solicitando debido a la sobrepoblación en comisarías. El acuerdo se cerró en una reunión entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien expresó la necesidad de que el distrito se encargue de la “responsabilidad de los presos de su distrito y así profundizar su autonomía”.

La transferencia de competencias implica que el Gobierno porteño asuma el cuidado y la gestión de las cárceles en su territorio para presos involucrados en delitos no federales. El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y otros funcionarios participaron en el acuerdo para iniciar el traspaso gradual.

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La sobrepoblación en las alcaidías de Buenos Aires generó varios problemas de seguridad, incluyendo doce fugas en los primeros meses del año. El Gobierno porteño utilizó cárceles contenedores en barrios como Chacarita y Saavedra como medida temporal para aliviar la situación, ya que las comisarías estaban desbordadas. Jorge Macri y otros funcionarios porteños insistieron en que las comisarías “no están preparadas para la cantidad de detenidos”, solicitando que la administración nacional se encargue de los reclusos hasta ahora.

Para la Ciudad, este traspaso implica la creación de un servicio penitenciario propio. Actualmente, solo el 5% de los presos en territorio porteño son juzgados por tribunales locales, mientras que el resto sigue bajo jurisdicción federal y nacional. Aún no se transfirió el Poder Judicial en la Ciudad, lo que plantea un desafío en la gestión de estos detenidos, quienes permanecen bajo juicio federal.

El Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos de la Justicia porteña informó que, al primero de abril de 2024, había casi 2.000 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad, cifra que dobla la capacidad ideal de estas instalaciones. Este contexto de hacinamiento y las demandas reiteradas llevadas al gobierno porteño a buscar una solución concreta a través de la gestión del sistema penitenciario local.

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