El gobierno de Javier Milei anunció este viernes la eliminación del 40% de los registros del automotor con el objetivo de «reducir costos y eliminar trámites burocráticos».

«Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos», indicó el Ministerio.

A través de un comunicado, el Ejecutivo nacional precisó que «se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas».

A los pocos minutos de conocerse la medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se expresó a través de las redes sociales: «Saluden a los registros automotores que de a poco se van…».

En ese marco, el Ministerio de Justicia informó que la determinación se tomó luego de recibir el «resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocrático».

Además, detalló que «se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP» y anticipó que «se eliminará la ‘cédula azul’», motivo por el que «a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil».

Dentro de las nuevas normativas, el Ejecutivo definió que «se eliminará el vencimiento de todas las ‘cédulas verdes’» y «se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos».

«Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros», puntualizó el texto oficial.

También «se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia».

«Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función», precisó el Ejecutivo nacional.

En el paquete de modificaciones, el Gobierno indicó que «se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales» y «se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales».

«Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios», detalló.

Finalmente, «se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo».

«A partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos», concluyó el Ministerio de Justicia.

El gobierno de Javier Milei, apenas asumió, había prometido terminar con los Registros Automotores a los que calificó como «un curro» y señaló que eran parte de «la casta» ya que muchas veces se conseguían por «favores políticos».

De hecho, al presentar el mega DNU 70/2023 en diciembre pasado, el Presidente había dicho que había que “realizar modificaciones” al régimen para que “los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”.

Sin embargo, a contramano de esta propuesta, a mediados de abril el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, autorizó una suba en los aranceles que cobraban los registros que iba del 100 hasta el 320% en algunos casos, lo que levantó gran controversia.

Debido a esto, se decidió dar un nuevo volantazo que fue informado también por Libarona, esta vez en un posteo de la red X y que retrotrajo el impacto en 43 aranceles afectados por la decisiones que el mismo funcionario había tomado.