El Gobierno ha resuelto su dilema respecto a qué hacer con el plan anticrisis puesto en marcha a mediados del año pasado tras la invasión de Rusia a Ucrania. El bolsillo de su principal electorado, las clase media y los sectores populares, le ha ganado al pulso a la reducción del déficit fiscal y al equilibrio de las arcas públicas.

La coalición ha decidido extender gran parte del paquete anticrisis que terminaba el 31 de diciembre. La prórroga tiene solo pequeños retoques con el objetivo de seguir bajando la inflación en 2024 y de proteger las economías de los asalariados. 

Pedro Sánchez encaró la negociación con Sumar tironeado por dos datos. El Informe mensual de Recaudación de noviembre de la Agencia Tributaria (AEAT) reveló que las rebajas fiscales del escudo social se tradujeron en una pérdida de ingresos de más de 5.600 millones para las arcas públicas.

El Banco de España, en tanto, anticipó que la inflación caería al 2,3% en 2024 si el Gobierno mantuviera todas las medidas de choque, caso contrario el repunte sería superior al 1%.

Yolanda Díaz pidió centrarse en este último dato y propuso un «fino bisturí» para alivianar las arcas públicas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), presionó para aplicar un tijeretazo ante la necesidad de bajar el déficit, una exigencia de Bruselas. 

Pedro Sánchez encaró la negociación con Sumar tironeado por dos datos. El Informe mensual de Recaudación de noviembre de la Agencia Tributaria (AEAT) reveló que las rebajas fiscales del escudo social se tradujeron en una pérdida de ingresos de más de 5.600 millones para las arcas públicas

Finalmente, tras varios días de negociaciones, Sánchez se inclinó por no echar más leña al fuego al humor social, enardecido por el pacto político del PSOE con el independentismo catalán.

Sordo advierte que el Gobierno «está pecando de una opacidad enorme» al esconder el nuevo escudo social 

Desde el Ejecutivo explican que hay «margen fiscal suficiente» para poder prorrogar todas las medidas acordadas sin «dañar» las finanzas públicas. 

Fuentes de Moncloa anticipan que los ingresos tributarios seguirán incrementándose a lo largo de 2024, lo que permitirá que el déficit público no sobrepase el límite del 3% del PIB tal como marcan las reglas fiscales comunitarias, que volverán a entrar en vigor el 1 de enero tras varios años congeladas.

Esos ingresos tributarios incluyen los impuestos extraordinarios a la banca y energéticas que, finalmente, el Gobierno extenderá con la inclusión en los Presupuestos de incentivos a la reinversión. Este gravamen permite una transferencia de 2.900 millones de euros al año.

La novedad en el nuevo decreto es que se introducen deducciones en la cuota íntegra del gravamen para que las empresas accedan a un incentivo si realizan inversiones estratégicas en el mercado verde. Sumar se diferenció de esta medida. «Es un regalo fiscal», cuestiona Díaz.

Desde el Ejecutivo explican que hay «margen fiscal suficiente» para poder prorrogar todas las medidas acordadas sin «dañar» las finanzas públicas

El escudo social, por tanto, seguirá vigente en 2024. Se prorrogarán varias medidas como la rebaja del IVA a los alimentos o la gratuidad del transporte público. También continuarán todas las iniciativas de carácter laboral y social, tales como la prohibición de despedir alegando como causa el aumento de los costes energéticos. Otras rebajas, como los descuentos del IVA energético, se extenderán parcialmente.

El real decreto mantendrá la rebaja del IVA a los alimentos al menos hasta el mes de junio.  Según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, estas rebajas han supuesto una merma de ingresos de unos 1.500 millones de euros entre enero y noviembre de este año.  

En cuanto a los impuestos energéticos, se van a retirar de forma gradual las medidas tomadas para mitigar el aumento del precio de la energía con motivo de la guerra de Ucrania. 

En los próximos seis meses se irá retirando gradualmente la bajada de los impuestos del gas y la electricidad, en concreto, del IVA de la electricidad, del impuesto sobre la producción eléctrica y la eliminación del impuesto especial eléctrico. En tanto que el IVA del gas volverá a sus niveles normales (21%) a partir de febrero «una vez pasado el invierno».

El dilema del Gobierno: desarmar el escudo social sin generar un repunte de la inflación

La coalición también selló un acuerdo para prorrogar bonificaciones al transporte público a toda la población y no solo para menores de edad, jóvenes y desempleados. 

Además, se mantendrá otros seis meses más el descuento vinculado al bono social, la limitación de la tarifa regulada del gas (la TUR) y de la bombona de butano a 19,55 euros, así como la suspensión de los desahucios de vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortar los suministros básicos. 

«Vamos a consolidar los avances alcanzados y a profundizar la agenda progresista de avances sociales, tal como eligió la ciudadanía el 23 de julio», sacó pecho Sánchez en su comparecencia para anunciar los detalles del decreto.