POLITICA
El Gobierno asegura que «El Señor del Tabaco» debe $419 mil millones y prepara una nueva denuncia por lavado

Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, está convencido de que no debe pagar el impuesto mínimo al tabaco. Lo cierto es que nunca lo hizo desde su implementación. Gracias a medidas cautelares logró evitar afrontar ese gravamen, pero ahora la Corte Suprema de Justicia se apresta a resolver si este empresario debe devolverle al Estado miles de millones de pesos.
TN pudo saber según cálculos oficiales de autoridades de ARCA, que Otero mantiene con el fisco una deuda de $419.398.257.693, número que se compone de sumar el monto de capital adeudado por el período agosto de 2018-junio de 2024, unos $305.239.257.693, a los que se debe sumar intereses resarcitorios al 12 de diciembre de 2023, que equivalen a unos $114.159.000.000.
El máximo tribunal quedó en condiciones de resolver el reclamo de Tabacalera Sarandí tras el sorteo de conjueces. La empresa sostiene que el impuesto es inconstitucional y que por ese motivo no debe abonarse. ARCA cree todo lo contrario. Aunque el cálculo en dólares puede variar según la cotización de cada año y qué tipo de moneda se tome, la cifra podría superar los U$S450 millones.
El Señor del Tabaco: el Gobierno asegura que debe $419 mil millones y preparan una nueva denuncia por lavado
Es que más allá de que se haya derogado el artículo que contempla dicho gravamen en la sanción de ley de bases, ARCA insiste en que el impuesto estaba vigente durante el período en el que no se abonó. Para el fiscal, el no abonar este impuesto le permitió incrementar su participación en el mercado: pasó de manejar el 5% al 30% del total.
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TN consultó a Tabacalera Sarandí para obtener su versión de esta acusación y desde la compañía respondieron lo siguiente: “Para la firma no hay deuda hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia que diga lo contrario. Desde la aprobación de la Ley Bases todo el mundo paga los mismos impuestos. La empresa pagó los impuestos que correspondían”.
Por otra parte, ARCA trabaja en una nueva denuncia que presentará contra Pablo Otero luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimara una acusación formulada por el organismo estatal contra la tabacalera por supuestas maniobras con proveedores mayoristas que podrían tratarse de lavado de dinero. En la exAFIP catalogaron de “escandalosa” esta decisión del fiscal.
ARCA detectó que Tabacalera Sarandí recibió entre 2021 y 2023 unos $33.632.240.575 de 23 distribuidoras mayoristas a las que les vendía cigarrillos. Sin embargo, para el fisco estas empresas no tenían solvencia económica y presentaban diversas irregularidades, por lo que llevó el caso a la Justicia para que se investigue de dónde obtuvieron el dinero estas firmas para abonar los cigarrillos.
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La denuncia, luego desestimada, marcaba que Tabacalera Sarandí vendió a mayoristas que presentan un perfil fiscal irregular, sin capacidad económica, financiera y operativa, además de no proporcionar información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos con los que le pagaban a Tabacalera Sarandí.
En concreto, la venta de los cigarrillos se produjo, pero no está claro cómo esas proveedoras pudieron pagar por esos productos. ARCA cree que Otero es el dueño “encubierto” de esas mayoristas, y que todo es una maniobra para simular ventas y lavar dinero.
Algunas de las irregularidades detectadas en las mayoristas:
– Vendían los cigarrillos que compran a Tabacalera Sarandí a consumidores finales no identificados, emitiendo por dichas operaciones facturas Tipo В.
-Las facturas emitidas por estos mayoristas contenían un precio de venta similar a los valores por los que adquieren los cigarrillos de Tabacalera Sarandí, dando una rentabilidad muy baja.
-Las mayoristas no registran pagos tributarios, ni acreditaciones bancarias o acreditaciones mínimas. Los cobros que estas empresas hicieron a puntos de ventas minoristas fueron en efectivo y los pagos a los proveedores, a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se perdió la trazabilidad de los fondos.
Otero señaló en el escrito ante la justicia que la industria del tabaco opera en efectivo y que eso no constituye una irregularidad.
-La operatoria comercial celebrada entre Tabacalera Sarandí S.A. y los veintitrés distribuidores, permitió que Tabacalera Sarandí S.A. recibiera fondos provenientes de operaciones de venta, por un monto de $33.632.240.575,18, en el periodo 2021 a 2023, representando aproximadamente 31% del total facturado en dichos periodos.
Desde la compañía negaron cualquier tipo de irregularidad en la venta a las mayoristas y aseguraron que la denuncia “no tenía hechos determinados ni cuestiona la materialidad de las ventas de cigarrillos a sus distribuidores”. Además advirtieron que hay pruebas insuficientes.
ARCA, Pablo Otero, cigarrillos, impuesto
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El peso de los intendentes | 23 jefes bonaerenses competirán como candidatos, aunque la mayoría de manera testimonial

Los intendentes bonaerenses se anticipan como los grandes protagonistas de las elecciones bonaerenses del 7 de setiembre próximo. Decididos a preservar sus terruños, 23 jefes comunales del conurbano y del interior de la provincia le pondrán el cuerpo a la compulsa y competirán por una banca, sea en la Legislatura o bien en sus respectivos concejos deliberantes, aunque la mayoría no asumiría si resultan electos.
Las candidaturas testimoniales no están prohibidas en la provincia y si bien despiertan polémica, es una estrategia a la que echarán mano varios de los intendentes candidatos para asegurarse el control de sus territorios en lo que resta de sus mandatos.
Solo unos pocos anticiparon que sus candidaturas no serán testimoniales y que, efectivamente, asumirán su nuevo cargo de resultar electos. En estos casos puede tratarse de otro artilugio para sortear la prohibición a ser reelectos por más de dos mandatos consecutivos que impone la ley actual.
Este lanzamiento en tropel de intendentes a la cancha electoral no tiene otro objetivo que intentar “territorializar” una campaña que, según anticipan encuestadores y conocedores de la política bonaerense, estará polarizada entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.
La Casa Rosada intentará replicar la estrategia que, con éxito, aplicó en la ciudad de Buenos Aires al plantear una suerte de plebiscito de la gestión de Javier Milei. Advertidos de ello, los intendentes opositores buscarán neutralizar la avanzada libertaria haciendo hincapié en la gestión local, de allí la decisión de algunos de dar ellos mismos la pelea.
Más allá de las especulaciones políticas, lo cierto es que en siete de las ocho secciones electorales en las que se divide el territorio bonaerense hay al menos un intendente anotado como candidato. La alianza Fuerza Patria –que aglutina al kirchnerismo, a las huestes del gobernador Axel Kicillof y al Frente Renovador de Sergio Massa- es el que más jefes comunales pondrá a competir: 17 en total. Le sigue en el podio Somos Buenos Aires –alianza que reúne a sectores de la UCR, del peronismo no kirchnerista, de la Coalición Cívica y del Pro disidente-, con cuatro intendentes y, por último, el Frente La Libertad Avanza, con dos.
La mayoría de ellos están concentrados en la tercera sección electoral, uno de los principales bastiones del conurbano bonaerense. Allí competirán ocho intendentes, todos ellos de Fuerza Patria; de ellos, dos se postulan como diputados provinciales. Se trata de Mariano Cascallares (Almirante Brown) –leal a Kicillof- y Mayra Mendoza (Quilmes) –kirchnerista de La Cámpora-, segundo y tercera en la nómina que encabeza la vicegobernadora Verónica Magario.
Mendoza adelantó que, de ser electa, asumirá su banca en la Legislatura. Cascallares, en cambio, no se pronunció todavía sobre el tema. “Cristina [Kirchner] planteó criterios que entendía necesarios; lo de las [candidaturas] testimoniales no está bueno. Por lógica, lo que intentamos hacer con la política es que la gente se sienta representada y no se tuvo en cuenta”, acicateó Mendoza en un tiro por elevación a Kicillof quien, a diferencia de la expresidenta, avalaría esta práctica para sus intendentes.
Otros seis intendentes de la tercera sección encabezarán las nóminas de concejales de sus respectivos distritos. Se trata de Jorge Ferraresi (Avellaneda); Juan José Mussi (Berazategui); Fabián Cagliardi (Berisso); Mario Secco (Ensenada); Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Espinoza (La Matanza).
En la primera sección electoral también hay apellidos fuertes. Allí se medirán uno de los más emblemáticos barones del conurbano, el intendente peronista Mario Ishii (José C. Paz) con el mandamás de Tigre, Julio Zamora –Somos Buenos Aires- y el libertario Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Los tres competirán por una banca en el Senado provincial. Por su parte el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabeza la nómina de concejales de su distrito.
Tanto Zamora como Valenzuela aclararon que no son candidatos testimoniales. “Sí, por supuesto. Voy a asumir si soy electo, pediré licencia”, aseveró Zamora, la carta fuerte del flamante espacio Somos Buenos Aires.
Tampoco habrá lugar para candidaturas testimoniales en La Libertad Avanza. Es un mandato del presidente Milei, indicó el jefe de Pro bonaerense, Cristian Ritondo. “Si Valenzuela es electo va a asumir, no hay ninguna posibilidad de candidaturas testimoniales”, sentenció.
En la cuarta sección electoral también competirán cuatro intendentes, dos de ellos del Frente Patria –Germán Lago (Alberti) y Pablo Zurro (Pehuajó)- y los dos restantes de Somos Buenos Aires –Guillermo Britos (Chivilcoy) y Pablo Petrecca (Junín)-. Salvo Zurro, cabeza de la lista de concejales, los restantes buscarán una banca en el Senado provincial.
En la segunda, quinta y sexta sección electoral se medirán dos jefes comunales respectivamente. En la segunda, al norte de la provincia, los dos candidatos son de Fuerza Patria y buscan una banca en el senado provincial: uno es Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz y cercano a Kicillof; por ahora es el único de esa tropa que aseveró que asumirá su banca si es electo. En el cuarto lugar se ubica el intendente de Salto, Ricardo Alessandro.
En la quinta, con cabecera en Mar del Plata y alcance en toda la costa se lanzó el intendente de esa ciudad, Guillermo Montenegro, por La Libertad Avanza. Disputará una banca en el Senado con el radical Maximiliano Suescun, de Rauch, incorporado a las filas de Somos Buenos Aires.
En la sexta sección, que tiene eje en Bahía Blanca y que incluye una veintena de distritos del sur del territorio bonaerense, competirán dos intendentes como candidatos a diputado, ambos de Fuerza Patria: Julio César Marini (Benito Juárez) y Esteban Acerbo (Daireaux). En la séptima, en tanto, hará lo propio otro intendente cercano a Kicillof, el mandamás de Bolívar Marcos Pisano.
Otros intendentes, si bien no se jugaron personalmente con una candidatura, colocaron en las nóminas a sus familiares. Qué mejor que el apellido para atraer votos, habrán pensado. Es el caso del intendente Lucas Ghi (Fuerza Patria), de Morón, quien puso a su hermano Pablo para encabezar la nómina de concejales del distrito. El mandamás de Ezeiza, Alejandro Granados (Fuerza Patria), hizo lo propio con su hermana Marisol al igual que Fernando Gray (Fuerza Patria), de Esteban Echeverría, quien colocó a su esposa Magdalena “Magui” Gray como candidata a primera concejal.
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Sin cambios neurológicos y con respirador: cómo evoluciona la salud de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra “Locomotora” Oliveras permanece hospitalizada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital “Dr. José María Cullen”, en Santa Fe, desde el 14 de julio, cuando sufrió un accidente cerebrovascular isquémico. Según el parte médico difundido este jueves por el director del nosocomio, Bruno Moroni, la boxeadora de 47 años “se encuentra estable hemodinámicamente, en asistencia mecánica respiratoria, y sin cambios neurológicos respecto a los días previos”.
El informe añade que el equipo médico “mantiene un seguimiento permanente” y advierte que “el pronóstico sigue siendo reservado”.
Oliveras fue trasladada desde Santo Tomé tras un cuadro de desorientación y pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo, que los estudios confirmaron como un ACV causado por la obstrucción de una arteria cerebral. Al tercer día se le diagnosticó edema cerebral, lo que derivó en una craneotomía descompresiva realizada el 16 de julio, según confirmó Moroni.
Durante la cirugía, el director detalló: “Se realizó la craneotomía para generar espacio y liberar presión que comprometía otras áreas del cerebro. Tuvo muy buena respuesta”. Con el paso de los días, el equipo comunicó que la paciente transita un periodo de evaluación crítica, aunque “no ha empeorado su situación”, dijo Moroni.
Respecto a la evolución motora, se indicó que Oliveras sigue con parálisis en el lado izquierdo, pero sin evidencia de empeoramiento de la función neurológica.
Su hermano, Jesús Oliveras, brindó detalles a la prensa: “Nosotros como familia estamos shockeados… Mi hermana es la persona más sana que conozco”, y añadió que antes de la operación ella misma preguntó por su bienestar. También explicó que los médicos indicaron que “hora por hora, hay que esperar 10 días” para evaluar posibles mejoras.
En redes sociales y medios locales, su entorno pide prudencia y respeto por el acceso limitado a la UTI. Se informó que su madre y una de sus hijas la acompañan diariamente, y el hospital restringe las visitas a personas autorizadas.
El Frente de la Esperanza, espacio político al que pertenece Oliveras como convencional constituyente electa, manifestó “muy amargados” por el cuadro y dijo que la situación sigue siendo “muy delicada”.
Desde el Hospital Cullen, uno de los centros de referencia en medicina crítica de la región, confirmaron que no está prevista ninguna derivación a otro nosocomio. “Por el momento, no está indicado ningún traslado”, informaron.
De acuerdo con la reconstrucción que realizó el profesional, la convencional constituyente habría sufrido el ACV mientras dormía, lo que retrasó la posibilidad de recibir asistencia temprana.
“Cuando despierta, ella ya estaba con un déficit motor del lado izquierdo”, sostuvo. Tras pedir ayuda a sus hijos, la mujer fue llevada a un pequeño hospital de la localidad de Santo Tomé, donde reside la familia, y desde allí derivada al Hospital José María Cullen.
El problema, según Musacchio, es que llegó a este último centro de salud “fuera de ventana”. Cuando se le practicaron los estudios médicos, ya tenía instalado un “infarto frontal”.
“Teníamos que hacer una angioplastía en el cuello, tratar de sacarle los coágulos del cerebro; eso siempre y cuando esté dentro de unas primeras cuatro horas. Si pasaron las cuatro horas, es muy riesgoso y podemos provocarle una hemorragia”, agregó.
El médico recomendó que, ante casos de accidente cerebrovascular, lo fundamental es recibir atención durante la llamada ventana: “No tenés que esperar la ambulancia. Tenés que llevarlo (al paciente) al servicio que tenga tratamiento para el ACV”.
Los síntomas de alarma incluyen no poder responder cuál es el propio nombre, presentar desorientación, extender los brazos hacia adelante en forma horizontal y que uno de ellos caiga involuntariamente, sufrir desviación en la boca, y manifestar pérdida de visión en alguna parte del campo visual, ya sea del lado derecho o izquierdo.
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Alonso acusó a los policías desplazados de conspirar y querer intervenir la Bonaerense para quedarse con puestos claves

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, elevó el tono de la acusación contra los 24 altos mandos de la policía bonaerense que fueron desplazados por vinculaciones políticas con el candidato libertario en la tercera sección, el comisario retirado Alejandro Bondarenko.
Según Alonso, este grupo de la cúpula de la policía ecológica buscó conspirar contra la fuerza. Dijo el funcionario de Axel Kicillof que hay evidencia que demuestra que buscaban intervenir la Bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” para quedarse con puestos claves.
“Proyectaban una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y unas medidas urgentes de tipo intervencionistas que, entre otras cosas, incluían el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves. Eso estaba en las computadoras, suministradas por el Estado en dependencias oficiales para que trabajen», afirmó Alonso.
Además, aseguró a Radio 10 que había una conspiración en marcha por parte de estos efectivos que ahora están denunciados en la Justicia. “Eso se corroboró con las auditorías de Asuntos Internos y por eso se decidió la desafectación del personal”, indicó el ministro sobre este procedimiento que se inició por una denuncia anónima.
“Estos policías se reunían periódicamente con el candidato [Bondarenko]. La terminal política es el candidato”, señaló Alonso, que luego se refirió a la imposibilidad que tienen los efectivos de participar en política. “Esto es lo que no está permitido por la ley orgánica de la policía”, dijo y añadió: “Nada tiene que ver esto [el pase a disponibilidad del grupo] con la decisión de LLA de que esta persona sea candidata. Cada uno sabrá. Esta denuncia era muy clara por la información que tenía, por la cantidad de elementos que tenía. Por eso se hizo la auditoría preventiva y, al ratificar los elementos presentados en la denuncia anónima, se decidió desafectarlos. Son muchas personas, algunos oficiales muy destacados, que ya fueron notificados”.
En tanto, Alonso incluyó a Bondarenko dentro de los conspiradores. “El candidato de LLA ya fue concejal, se presentó en una elección… En ese momento pidió autorización, luego licencia. Por la ley orgánica los miembros de la Policía no pueden organizarse políticamente. Pueden tener opiniones, votar. Pero llegó una denuncia anónima a Asuntos Internos, una denuncia muy completa, con muchísimo detalle y muchísimos elementos, que daban cuenta de la confabulación de un grupo de unos 24 policías, algunos oficiales destacados de la institución. En ese grupo también se incluiría al candidato como policía retirado. Utilizaban las oficinas y los elementos del Estado para brindar apoyo a este candidato pero fundamentalmente para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrían cierto nivel de intervención de la policía y y parte de esas medidas los incluían a ellos como nuevos responsables de la institución, en lo que sería un golpe al comando institucional».
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