El titular del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, tiene varios dilemas en estas horas. El más acuciante es el reclamo de reapertura de las paritarias (su último aumento fue del 3,2% para el trimestre marzo-mayo), teniendo en cuenta la situación económica de su actividad y procurando no romper -por ahora- relaciones con el Gobierno.

Pero no es el único. Todavía no logra recuperar su época de esplendor sindical en medio de las dificultades que impone un gobierno como de el de Javier Milei, que no alcanza a decodificar, es uno de ellos, mientras se suman la pérdida de influencia de su liderazgo en el gremialismo y, consecuentemente, en la política, además de la ausencia de una figura fuerte en el Sindicato de Camioneros en condiciones de ponerse al frente de la CGT o, al menos, de incidir en su estrategia.

Ya sin el lastre de tratar de controlar a un dirigente díscolo como su hijo Pablo, ahora dedicado a presidir el club de fútbol Camioneros, el líder sindical no puede resolver la aguda crisis financiera de su obra social, siempre amenazada por la posibilidad de una auditoría del Gobierno (algo que vendría frenando un dirigente de la CGT de excelente vínculo con los libertarios). Y sospecha que, pese a no quiere una pelea frontal con Javier Milei, hay funcionarios nacionales que fogonean conflictos como el que atraviesa hoy Corredores Viales sólo porque su hijo Facundo es el secretario adjunto del Sindicato de Peajes.

Pero lo que desvela en este momento a Moyano es el tema salarial. Aún no pidió a las cámaras empresariales la reapertura de las paritarias, pero lo analiza porque su último acuerdo, firmado el 21 del mes pasado, estuvo una vez más alineado con la pauta del Gobierno y representó una mejora de poco más del 1% mensual, cifra que, como sucede en convenios de otros sindicatos, quedó desfasada ante una inflación de marzo que subió al 3,7% respecto al 2,4% registrado en febrero.

El Gobierno monitorea de cerca cualquier reclamo salarial y luego del levantamiento del cepo está tratando de contener los aumentos para evitar que impacten en la inflación. Por eso en la Secretaría de Trabajo ya tendieron nuevos puentes hacia Moyano para sondear si irá a la pelea por otro aumento. Desde las bases de Camioneros comienza a sentirse la presión para recomponer los sueldos. Y los empresarios están alertas: “El gremio debería esperar. Tenemos cláusula de revisión en el tramo final del acuerdo, que es en los primeros días de junio; es decir, en menos de 60 días”.

En su momento de mayor poder, Moyano pactaba aumentos importantes que servían de referencia para el resto de los sindicatos. Desde hace unos 6 años, en otra demostración de su fuerza en declive, Camioneros viene firmando incrementos por debajo de la inflación. Según un estudio de la consultora Analytica, entre marzo de 2018 y julio de 2023 el gremio registró una caída salarial del 26% y fue el que lideró el ranking de los retrocesos de ingresos reales frente a la inflación.

Desde octubre pasado se produjo una sucesión de hechos sorpresivos que estuvieron unidos por un hilo conductor: el retroceso del poder hegemónico de Moyano. Primero, el gobierno de Jorge Macri selló la paz con Camioneros en el fuerte conflicto que se perfilaba en la Ciudad de Buenos Aires por el reclamo del sindicato de indemnizaciones para los 6.000 trabajadores de recolección de residuos, que implicaban el pago de 200 millones de dólares. La moderada decisión del líder sindical tuvo secuelas inesperadas: hubo cuestionamientos de empleados del sector (con gritos de “Pablito traidor” incluidos) a un acuerdo rubricado sin pagar indemnizaciones y poniendo fin a la famosa “Ley Moyano”.

Luego, los contratiempos para Moyano incluyeron desde el armado de una federación paralela que impulsa el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, Sergio Aladio, con dirigentes de Córdoba, Jujuy, San Luis, Entre Ríos y Tucumán, para disputarle el poder en las elecciones gremiales de 2025, hasta la creación del primer sindicato de empleados jerárquicos de recolección de residuos (APJERR), que lidera Jorge Silva, ya instalado como un referente de la actividad. Y no se puede dejar de mencionar que Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos sindicalistas de la estructura moyanista, siguen presos por extorsionar y bloquear a una empresa en San Pedro.

A fines del mes pasado, como otro signo de estos tiempos esquivos, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio un duro golpe a Moyano al rechazar la apelación para declarar nulo el convenio colectivo por empresa firmado entre Mercado Libre y el Sindicato de Carga y Descarga, que lidera Daniel Vila. Así se puso fin a un largo litigio por el encuadramiento sindical del personal de logística que se desempeña en los centros de distribución de la compañía de Marcos Galperin.

En el moyanismo, por otra parte, creen que hay motivaciones políticas y personales en el conflicto que originó el Gobierno cuando se terminó la concesión de Caminos del Río Uruguay (Crusa), a cargo de las rutas nacionales 12 y 14, y quedaron en la calle unos 500 trabajadores. Cuando el Sindicato de Peajes, que encabeza Florencia Cañabate, secundada por Facundo Moyano, inició paros en solidaridad con los empleados de Crusa que afectaron la autopista Ricchieri, el Gobierno despidió a 117 trabajadores por considerar “ilegales e ilegítimas” las protestas y se profundizó el conflicto. “Pelearse con alguien que se llama Moyano les reditúa políticamente”, dicen cerca del líder de Camioneros.

Facundo Moyano, paradójicamente, tenía una mirada más tolerante hacia las políticas del Gobierno apenas asumió (“No es momento de poner palos en la rueda, dijo por entonces), e incluso luego afirmó que “todos los ajustes que se están haciendo en el gasto público en muchas cosas que estaban de más no son discutibles”, aunque su postura contra Milei se fue tornando cada vez más crítica. ¿La postura irreductible del Gobierno en el conflicto de Corredores Viales es una señal de advertencia a Hugo Moyano, que pactó salarios dentro de la pauta oficial pero apoyó el paro general de la CGT?

¿Qué hará Hugo Moyano? En sus charlas privadas no oculta sus fuertes cuestionamientos a las medidas de la Casa Rosada, pero en público parece haber delegado la exteriorización de las quejas en Octavio Argüello, el representante de Camioneros en el triunvirato de la CGT tras la renuncia de Pablo Moyano, quien hace pocos días opinó sobre el levantamiento del cepo: “Es una gran mentira. La inflación va a ser superior el mes que viene. El plan de gobierno honestamente fracasó”.

Los dilemas de Moyano son muy difíciles de resolver. No son los que tenía antes de que Néstor Kirchner le diera un poder político y económico que hizo posible “la patria camionera”. Pero son similares a los que tienen muchos de sus pares en esta época inclemente para el poder sindical.

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Alberto Fernández,Fabiola Yañez

El Gobierno tiene listo el decreto que da inicio a la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA). Se trata del primer paso para que el Ejecutivo comience el proceso de venta de la empresa, que estará enfocado en desarmarla y en vender sus activos en partes. “La idea que el decreto salga en los próximos días. Está previsto para esta semana”, expresan en Nación.

ENARSA fue creada por la Ley 25.943 con el objetivo de realizar la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos junto al transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados.

La mesa técnica de Balcarce 50 asegura que arrancará a vender la parte accionaria estatal de Citelec, que comparte en mitades con Pampa Energía y tiene el 51% de la participación de la compañía de transporte de energía eléctrica Transener. Planea luego vender sus tenencias en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín junto con Vientos de la Patagonia, Enarsa Patagonia, Transba y Ute Escobar.

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ENARSA derivó $769.223 millones durante 2024 a los siguientes proyectos de inversión: Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno ($240.909 millones), Gasoducto del Noreste Argentino ($656 millones), Gasoductos 4g ($2.574 millones), represas Jorge Cepernic ($3.862 millones) y Néstor C. Kirchner ($3.875 millones) y la reversión del Gasoducto Norte ($511.239 millones).

La empresa cuenta con 320 empleados de planta permanente y tuvo el año pasado gastos corrientes por $2,7 billones e ingresos totales por $3,9 billones. Contó también con transferencias del Tesoro Nacional de $1,4 billones (44% de los ingresos totales) y derivó $17.978 millones en remuneraciones, $2,5 billones en bienes y servicios y $100.062 millones en “otros gastos”. En 2023, tuvo gastos corrientes por $1,1 billones e ingresos por $1.3 billones.

Según los últimos informes del Ministerio de Economía, ENARSA recibió transferencias del Tesoro Nacional con la finalidad de pagar las importaciones de buques de GNL para el puerto de Escobar, de gas natural proveniente de Bolivia a través de YPF y de Chile junto con la producción local del plan “GAS.AR”.

La empresa tuvo en 2024 ingresos de operación de $1,6 billones: obtuvo un volumen de ventas de $1,6 billones en comercialización de gas y de $2000 millones en exploración y producción.

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La Casa Rosada reconoce que el proceso de venta continuará en la comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, que debe ser conformada con seis senadores y seis diputados. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) están a cargo de la presentación de informes sobre el estado legal y financiero de las empresas.

La prioridad del Ejecutivo es acelerar la venta de las empresas públicas que fueron incluidas dentro de la Ley Bases, que se sancionó en junio de 2024. El encargado de trabajar los pliegos de las privatizaciones es el titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher. Se trata de uno de los puntos que contempló el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la firma del acuerdo, que recomendó tener un esquema definido para noviembre de este año.

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