POLITICA
El Gobierno audita los servicios de limpieza de la administración pública en busca de posible cartelización
La Sindicatura General de la Nación (Sigen), el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, encaró desde comienzo de este año una numerosa cantidad de auditorías que van desde los fondos fiduciarios hasta los convenios que los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional (APN) firmaron con universidades nacionales.
Pero además, el organismo que conduce Miguel Blanco ya inició una serie de trabajos de auditoría sobre las contrataciones de servicios de limpieza que llevaron adelante todas las reparticiones del Estado, es decir, todos los organismos públicos: desde las carteras más importantes hasta pequeños entes. La intención es intentar dar con posible cartelización, irregularidades en las contrataciones y comprobar si se llevaron adelante los servicios contratados.
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Según pudo saber TN, basándose en un análisis del sitio de contrataciones COMPR.AR, durante 2023 la gestión de Alberto Fernández efectuó al menos 172 contrataciones de servicios de limpieza para ministerios y diferentes organismos de la administración pública nacional. Muchos de estos siguen activos y en plena prestación de trabajo, ya que tienen una vigencia que va de los 6 meses al año.
La Sigen audita los servicios de limpieza de la administración pública en busca de posible cartelización
El trabajo de auditoría está en plena etapa de confección y consta de verificar, entre otros, los siguientes puntos:
- Verificar que se haya completado la tarea por la que se efectuó la contratación.
- Asistencia de empleados. Verificar que los trabajadores hayan concurrido a sus puestos de trabajo.
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- Posible cartelización en las contrataciones. La auditoría buscará determinar si existen firmas que abarcan mayoritariamente el mercado y eventualmente cuáles sos los motivos por los que se da esa situación.
- Estudio de la contratación: se verificará si se contrató a la oferta más económica y si la empresa respetaba el pliego de la licitación.
- Analizar si las contrataciones se hicieron de manera directa o por licitación pública.
En el sitio COMPR.AR se pueden apreciar algunas de las contrataciones de servicios de limpieza más recientes. Una de las firmas que se comenzó a contratar durante la gestión de Alberto Fernández es Tian Servicios, que participó de 56 licitaciones y se quedó con algunas de estas.
Uno de los servicios de limpieza que está en la mira es el que se presta en el parque Tecnópolis, el que fue adjudicada a la Cooperativa de Trabajo Ohlimpia Ltda por un plazo de seis meses. Esta empresa participó de cuatro contrataciones con Macri y once durante la gestión de Alberto Fernández.
Otro de los ejemplos es el del INADI, que en 2023 contrató a la empresa Domin Servicios Generales SRL por $46.434.756 para que preste el servicio integral de limpieza para la sede central de ese organismo. Algo similar ocurrió con la firma Óptimo SRL, que a cambio de $395 millones prestó el servicio de limpieza para el INDEC durante un año.
Una vez que se analice caso por caso se obtendrá un número final de empresas contratadas y se desagregará la información para saber cuántas veces se contrató a cada una. Eso permitirá identificar si hubo posible cartelización.
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Esta auditoría se suma a la que la Sindicatura General de la Nación lleva adelante con 306 convenios entre Ministerios y organismos de la APN junto con universidades que se firmaron entre el 10 de diciembre de 2019 y misma fecha de 2023 y que van desde los $2 millones hasta los $170 millones. No se trata de una revisión sobre el presupuesto de las universidades, sino de contratos a través de los que ministerios y organismos les pagaban a estas casas de estudio a cambio de capacitaciones, trabajos de consultorías, desarrollo de sistemas y diplomaturas, entre otros servicios requeridos.
“Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, aclararon fuentes oficiales a TN. Lo que se buscará revisar es si efectivamente se llevaron adelante las tareas acordadas, si se cumplieron los objetivos de cada convenio, si se entregaron los informes acordados, entre otros puntos. En otras palabras, si el Estado recibió la contraprestación acordada o si incluso hubo alguna etapa tercerizada por fuera del contrato original.
limpieza, sigen, Gobierno, Javier Milei
POLITICA
Código Penal: Diputados dio media sanción a los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia
La Cámara de Diputados aprobó con 138 votos afirmativos los cambios en las figuras de reincidencia y reiterancia en el Código Penal, con el objetivo de desactivar la denominada “puerta giratoria” en la Justicia. La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza, el PRO y sectores del radicalismo, fue rechazada por el kirchnerismo y la izquierda. Ahora deberá ser tratado en el Senado, donde se espera una fuerte resistencia del sector cristinista.
El proyecto establece que “se considera reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Según la diputada del PRO Laura Rodríguez Machado, esta medida evitará que delincuentes con múltiples delitos eludan penas efectivas de prisión. “Para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, explicó.
Además, el proyecto introduce un nuevo criterio para la aplicación de penas en casos de delitos reiterados. Actualmente, los jueces pueden combinar penas sin un criterio único, pero con la nueva norma “la pena final será la sumatoria de todos los delitos”, aseguró Rodríguez Machado. También se incorpora un tercer criterio para dictar prisión preventiva: además del riesgo de fuga y el entorpecimiento de la causa, los jueces deberán considerar las imputaciones previas del acusado.
El kirchnerismo criticó duramente la medida. El diputado Martín Soria afirmó que “no supera el mínimo test de constitucionalidad” y advirtió que “buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar a ciudadanos completamente inocentes”. Según su interpretación, la reforma sustituye la presunción de inocencia por la evaluación subjetiva de los jueces sobre si un individuo podría delinquir en el futuro.
Por su parte, la radical Pamela Verasay defendió la iniciativa citando el caso de Mendoza, donde una legislación similar “terminó con la ‘puerta giratoria’ y redujo casi en 50% los delitos graves”. En tanto, la libertaria María Celeste Ponce justificó la reforma afirmando que busca “poner fin a la fiesta de los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial como si estuvieran en un parque de diversiones”.
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