Como parte de su plan de recorte al Estado, el Gobierno que comanda Javier Milei, busca deshacerse de gran parte de la plantilla de empleados públicos. Por ello, iniciará esta semana con las evaluaciones previstas para los trabajadores que tengan contratos temerarios en alguna de las áreas gubernamentales.

Se trata de 40 mil empleados temporales que se someterán a pruebas de eficiencia para poder permanecer en su puesto. La idea es recortar lo mayor posible la nómina estatal por parte de la gestión libertaria, que en lo que va del 2024 despidió a más de 35 mil trabadores de diferentes sectores públicos.

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Según indicaron desde el Ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, autor de la iniciativa, las evaluaciones serán de carácter presencial, de complejidad diferenciada según qué tipo de trabajo se trate, ya sea profesional, administrativo y servicios generales. Ya que apuntarán a asegurar un umbral de idoneidad similar a un secundario completo.

La realización del examen será obligatorio para ese grupo de trabajadores contratados que vivan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por tratarse de una evaluación presencial, que se hará en las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en el centro porteño. Habrá tres excepciones: empleados de planta permanente, quienes vivan en el interior o sean personas con discapacidad.

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Si bien la medida despertó el malestar de los gremios que representan a los trabajares del Estado, desde la gestión libertaria señalaron que no buscan que esto “sea un filtro, sino tener un mecanismo objetivo para saber si el personal es eficiente”. La aprobación del examen será obligatoria tanto para los empleados públicos que busquen una renovación de su contrato como para nuevos ingresantes.

En tanto, desde el Gobierno insisten en que seguirán recortando y desmantelando áreas del Estado que ya no sean eficientes, como se hizo durante el 2024, ya que se redujo la cantidad de ministerios de 24 a 18. A la vez, que se recortaron en un 8, 33% los puestos superiores y apuntan a terminar con unos 300 direcciones y coordinaciones del ámbito nacional.