Desde fines de abril, en el juzgado federal de Ariel Lijo tramita en silencio una causa que investiga el presunto cobro de coimas por parte del Consejo Federal Pesquero, un órgano integrado por funcionarios nacionales y provinciales que, entre otras funciones, reparte entre empresas y provincias las cuotas de pesca de las distintas especies argentinas.

La denuncia fue realizada por Prodesur S.A, una controvertida empresa pesquera radicada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Su dueño, Liu Zhijiang, sostiene que a través de un proceso de adjudicación fraudulento, que incluyó el pago de sobornos a funcionarios, su compañía fue ilegalmente apartada en el nuevo esquema de distribución, que regirá hasta 2039.

Asegura que el Consejo Federal Pesquero -integrado por cinco miembros del Gobierno y otros tantos de las provincias con litoral marítimo- le negó una cuota para pescar Merluza Negra, una especie patagónica de aguas profundas, muy escasa, por cuya tonelada se paga cerca de 30 mil dólares.

En el Consejo desestiman la denuncia. Consideran que es una “extorsión” y la asocian a las “malas prácticas” de Zhijiang, un empresario con múltiples intereses y ocupaciones, que lleva la marca de haber pescado ilegalmente en el pasado la especie que ahora reclama.

Los alcanzados por la denuncia son el subsecretario de Pesca y presidente del organismo, Juan Antonio López Cazorla; los representantes del Ejecutivo, Miguel Schmukler y Martín Fernández; la representante de la Cancillería, Paola Gucioni; la representante de la Jefatura de Gabinete, Julia Mantinian; y los representantes provinciales Andrés Arbeletche (Chubut); Edgardo Sergio Paleo (Río Negro); Carla Estafanía Seain (Provincia de Buenos Aires) y Gustavo Ernesto Martinez (Santa Cruz).

La única provincia que quedó al margen de la denuncia por cohecho es Tierra del Fuego, representada por Carlos Cantú.

El inicio de las actuaciones, sin embargo, no se dio con Liu Zhijiang, sino en Mar del Plata, con la denuncia realizada por el diputado bonaerense y exintendente de General Pueyrredón Gustavo Pulti.

Fue sobre la base de trascendidos periodísticos que hablaban de presuntas coimas por parte del Consejo en la antesala a la actualización del Régimen General de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), como se llama al mecanismo que distribuye entre empresas y provincias la cantidad disponible de cada especie para la pesca.

La acción contra el Consejo Pesquero tomó otra dimensión cuando, a la de Pulti, se sumó la denuncia de Zhijiang y, tras un dictamen del fiscal Santiago Eyherabide, el caso pasó de la Justicia federal de Mar del Plata a la de Comodoro Py, donde tramita actualmente.

El régimen de cuotificación se creó con la Ley Federal de Pesca en 1997, pero se implementó recién en 2009. Esa primera distribución venció el pasado 31 de diciembre, no sin antes abrirse un nuevo proceso de reparto. Las cuotas se renovaron hasta 2039 y Prodesur quedó disconforme.

La denuncia penal es solo uno de los frentes judiciales que Liu Zhijiang abrió contra el Consejo. El otro expediente tramita en la Justicia Contencioso Administrativa, siempre con el patrocinio letrado de Fernando Burlando y Juan Tiberio.

Allí, Prodesur sostiene que el procedimiento de adjudicación no se hizo mediante una “licitación” y que fue excluido de un reparto que se digitó a través de coimas. Por eso, pide que se haga uno nuevo, en el que le asignen a su buque 800 toneladas anuales de Merluza Negra. Es decir, ingresos por más o menos 20 millones de dólares por año.

Como medida cautelar, solicitó ante la Justicia que se declare la nulidad de la resolución que el Consejo emitió el 5 de septiembre de 2024 por la que se asignó a tres empresas las cuotas correspondientes a la Merluza Negra: Estremar S.A, Argenova S.A y Empresa Pesquera de la Patagonia y Antartida S.A.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4 rechazó la cautelar, pero el caso sigue su curso, en paralelo a la denuncia penal que tramita en Comodoro Py.

Los criterios por los cuales el Consejo Pesquero reparte las capturas varían según la especie, pero según lo establecido son sensibles a la mano de obra empleada, las inversiones a realizar y la performance de la empresa en el pasado. Por eso, quienes conocen el sistema no dudan en calificarlo de “conservador”, por tender a favorecer a quienes ya cuentan con recorrido en el rubro y cuotas asignadas.

Estas cantidades que asigna el Consejo son transferibles e, incluso, dado que son una concesión estatal, pueden cederse de manera gratuita, si su dueño considera que no se podrá cumplir con la captura mínima exigida.

En el Consejo Federal Pesquero sostienen que Prodesur se desprendió voluntariamente de su cuota de Merluza Negra en 2020, cuando la vendió a San Arawa, otra empresa pesquera. Afirman que así perdió su derecho sobre la especie, aunque, eventualmente, podría volver a comprar cuota, remarcan, si alguna empresa decidiera vender la suya.

Dentro del Consejo hay quienes interpretan que la denuncia es un “vuelto” por las sanciones impuestas al Tai-Ian, el buque de Prodesur, marcado por haber pescado ilegalmente más de 170 toneladas de merluza negra, justamente la especie que le fue negada.

Los pescados fueron decomisados, el buque debió permanecer varado en el puerto más de un mes, y la firma debió afrontar el pago de una multa de casi 3 millones de dólares.

Además, señalan que la queja de Liu Zhijiang es parcial o selectiva, puesto que no impugna otras resoluciones del Consejo por las que se le otorgó a su empresa cuotas para la pesca de Polaca y Merluza de Cola, dos especies de menor valor, pero de las que Prodesur se lleva un 45% y 15%, respectivamente.

“No puede dejar de señalarse -dijo el Consejo en uno de los escritos presentados en la Justicia- que los supuestos vicios que los actores [Prodesur] le achacan a la Resolución CFP N° 4/2024 serían -en caso de existir- idénticos a los de las Resoluciones CFP N° 3/2024 y N° 5/2024, por las que se asignaron CITC de otras especies (merluza de cola y polaca) para el mismo período (2025-2039), y que PRODESUR S.A. fue una de las beneficiarias de dicha asignación”.

Un informe técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) -el organismo que establece la cantidad que luego puede distribuir el Consejo- precisa que el buque Tai-An pescó sin cuota y en una zona vedada un total de 175 toneladas de merluza negra, un proceso plagado de irregularidades que evidenciaban que la captura no fue “incidental”, como dijo Prodesur.

En otro revés para el gobierno de Javier Milei, la Justicia frenó los cambios al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que había establecido la administración libertaria mediante el Decreto 462/2025. Así lo definió un fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2 -a cargo de Martina Isabel Forns-, que dio lugar a una cautelar que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicato que había liderado protestas en la sede del organismo en contra de la medida.

La jueza resolvió “hacer lugar parcialmente a la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora ATE, ordenando al Estado Nacional que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del Decreto 462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTI”. Esta decisión judicial tiene vigencia por un período de seis meses.

ATE, sindicato liderado por Rodolfo Aguiar, había presentado una cautelar tras el decreto para pedir que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad“ de los cambios impuestos por el Gobierno y argumentó que es “una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento” del INTI.

A través del Decreto 462/2025, en tanto, se estableció que se transforme al INTI “en una unidad organizativa que mantendrá su denominación con el objeto de preservar su reconocimiento internacional y garantizar la continuidad de su identificación en el ámbito del Sistema Nacional de la Calidad”. Y se planteó: “La presente medida permitirá unificar las políticas públicas vinculadas al desarrollo industrial bajo una única conducción estratégica y mejorar la trazabilidad de los instrumentos estatales”.

De esta manera, a través del texto normativo, el Gobierno le sacó el carácter de instituto del INTI y lo convirtió en una dirección dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía. Esto implicaría la eliminación de su autonomía y autarquía financiera, además de la remoción de su carácter federal -el INTI posee oficinas a lo largo del país, las cuales serían eliminadas al menos que sean absorbidas por los gobiernos provinciales.

En el fallo, la jueza argumentó que el Estado no debe “alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por la norma colectiva” (por convenios). También indicó que la medida del Gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo y al interferir arbitrariamente en cuestiones que deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

En el INTI hay alrededor de 400 empleados y muchos se organizaron a fines de junio en contra de la publicación del decreto ya que implica despidos. Estas protestas fueron nucleadas por ATE, que después presentó una cautelar para frenar los cambios.