El Gobierno nacional dio a conocer este viernes una serie de cambios en los trámites relacionados con la compra y venta de vehículos, con el objetivo de reducir la burocracia y los costos para los usuarios. Las modificaciones fueron presentadas por el Ministerio de Justicia, que dirige Mariano Cúneo Libarona, y apuntan a optimizar el funcionamiento de los Registros Automotor en todo el país.

Entre las principales medidas, se destaca la reducción al 1% en las alícuotas aplicadas a las transferencias de automotores y otros rodados. Antes de esta medida, el porcentaje era del 1,5% para autos nacionales y del 2% para vehículos importados. Esta reducción busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos al momento de realizar la transferencia de un automóvil, haciéndola más accesible.

Además, el Gobierno ha decidido eliminar los aranceles asociados a la emisión de documentos como la cédula verde, el título de propiedad y las chapas patentes, lo que representa un ahorro significativo para los usuarios. Según el comunicado oficial, estos cambios generarán un ahorro mensual de aproximadamente $1.300 millones en trámites relacionados con la compra y venta de vehículos.

Otra de las novedades es la posibilidad de que los propietarios elijan libremente el Registro Automotor donde desean realizar los trámites, rompiendo con la normativa anterior que obligaba a gestionarlos en el registro correspondiente al domicilio del propietario. Además, se implementará la digitalización de los legajos automotores, creando el Legajo Único Digital (LDU), lo que promete agilizar aún más los procesos y reducir la necesidad de trasladar documentos entre distintos registros.

Estas medidas se suman a una serie de reformas implementadas por Cúneo Libarona en la Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, que incluyen el cierre del 40% de los registros y una reducción del 30% en el personal, en un esfuerzo por optimizar la eficiencia del sistema.

Finalmente, se estableció un tope de ganancia para los encargados de los registros automotores, asegurando que los ingresos percibidos no superen un determinado límite, como parte de las políticas de control y transparencia implementadas por el Ministerio de Justicia.