• Mié. Ene 27th, 2021

El Gobierno avanza en la búsqueda de adhesiones al «Consenso Fiscal 2020» que busca habilitar a las provincias a subir impuestos para aliviar las arcas provinciales ante la crisis económica. Con el apoyo garantizado del grueso de los gobernadores peronistas y aliados, y mayor recepción en distritos cambiemitas con mayores complicaciones financieras, la Casa Rosada teje una negociación silenciosa pero no exenta de tensión con la Ciudad de Buenos Aires para blindar el pacto y evitar dispersiones.

En ese contexto, la gestión de Alberto Fernández está dispuesta a ceder en ejes que cuestiona el Gobierno porteño y que llevaron a Horacio Rodríguez Larreta a dejar saber a los interlocutores que quisieron escucharlo que está «decidido a no firmarlo». En especial por la cláusula «C», denominada en «materia de procesos judiciales», que implica que durante dos años los distritos se abstengan de iniciar demandas ante Nación, y desistir de las ya iniciados, por la coparticipación federal. 

La advertencia del alcalde fue recibida con naturalidad en Balcarce 50 porque se propone justo en  un momento en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir el reclamo que presentó Larreta por la quita del 1,18 por ciento de los fondos de coparticipación que ordenó Fernández por entender que durante el macrismo se había transferido fondos de más en virtud del traspaso de la Policía porteña.

Así, la estrategia del Gobierno fue no confrontar sino profundizar el diálogo y ofrecer concesiones en la negociación. Cómo abordar la relación con la Ciudad es un debate que en el oficialismo se da en forma constante. La fina diferencia entre aislar al bastión PRO ó exponerlo en lo que se consideran políticas inapropiadas no es una sutileza que todos sepan administrar. 

En este caso, si bien el diálogo se da todavía entre los equipos técnicos que lideran la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, en representación del ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, por Nación; y Martín Mura, ministro de Hacienda y Finanzas, por parte de la Ciudad; la orden política es hacer todos los esfuerzos para que finalmente se trate de un pacto en el que no falte ninguna firma. Incluida la de Larreta. 

Con la premisa de que no se desvirtúe el sentido del Consenso Fiscal, esto es fundamentalmente dar garantías en materia tributaria, impositiva y presupuestaria, en las últimas conversaciones entre las partes quedó claro que el Gobierno no va a obligar a la Ciudad a retirar la demanda por la coparticipación que analiza el Alto Tribunal. Para eso, se quitaría del borrador la frase «desistir de los (juicios) ya iniciados».

La Ciudad, por otra parte, podría convalidar el pedido de que no se presenten nuevas demandas hacia adelante, quitando del eje a la Policía porteña y siempre que el plazo podría reducirse a un año.

Ahí surge una aclaración: si el Alto Tribunal falla en contra sobre la actual demanda por la coparticipación, la Ciudad sabe que no tendría margen para judicializar el proyecto de ley que debate el Congreso para establecer un monto fijo (actualizable según un coeficiente mixto), por fuera de la coparticipación, en concepto de compensación por el traspaso.

Pero en el caso de que la Corte Suprema falle a su favor, el proyecto de ley -ya cuenta con media sanción del Senado- vuelve a poner la discusión sobre los fondos en el centro de la escena y, en caso de convertirse en ley, la Ciudad necesitará judicializarla.

El proyecto de ley fija en 24.500 millones de pesos el costo para el funcionamiento de la fuerza porteña en 2020 y prevé una actualización a través de un índice compuesto por el 80 por ciento del salario promedio de la Policía Federal (el de un sargento) y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.

Voces del oficialismo porteño ya alzaron la voz por este cálculo y daban por hecho que también lo judicializarían: como contó Clarín, para Larreta es tres veces más.

En efecto, como se trata de procesos diferentes, aunque el Alto Tribunal falle a favor de la Ciudad por la quita de la coparticipación dispuesta por decreto por Fernández, las autoridades porteñas tendrían que recurrir nuevamente ante la Justicia ante esta ley para asegurarse los fondos del próximo año.

Por este motivo, la única diferencia insalvable entre las partes aparece en el inciso 6 del capítulo A, «en materia de administración tributaria nacional», que las partes acuerdan «que las transferencias de competencias, servicio o funciones, previstas en el inciso 2 artículo 75 de la Constitución Nacional, deben realizarse con la respectiva reasignación de recursos» que debe ser financiada «por el Tesoro Nacional, sin dar lugar a transferencias a través de la Ley 23.548» (de Coparticipación). Es virtualmente imposible que la Ciudad la acepte porque es, justamente, lo que sostiene su reclamo ante la Corte. 

El otro punto sobre la mesa, que a la Ciudad le hace ruido en la interna de Juntos por el Cambio y también porque le quitaría autonomía con Nación, tiene que ver con el «endeudamiento responsable» que impulsa la Casa Rosada.

La expectativa del Gobierno, como consta en el borrador que ha sufrido ya varios cambios en estas casi cinco semanas de negociación, es que se firme que «las provincias no podrán incrementar el stock de deuda nominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados al 31 de diciembre de 2020″.

La llave propuesta para destrabar ese capítulo sería agregarle temporalidad, es decir, fijar un plazo para ese impedimento. «Estamos abiertos a ceder en todo siempre que no cambie la esencia«, sostienen en Balcarce 50. «No queremos perder autonomía y creemos que provincias con regalías en dólares tampoco van a querer atarse», replican desde la jefatura de Gobierno porteño, en la calle Uspallata. 

Sin apuro, con tiempo hasta el 31 de diciembre para que se firme el Consenso Fiscal, fuentes oficiales confirmaron que una cláusula ya quedó afuera del borrador. Se trata, curiosamente, de una que generó la primera controversia: el compromiso que asumían con su firma los gobernadores de facilitar la aprobación del Impuesto a la Riqueza. Con el debate ya abierto en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fue una concesión que el Gobierno pudo hacer a muy bajo costo. «Se va a aprobar igual. Además, era una cláusula que se sacó antes de escribirse», razonaba un funcionario al tanto de la rosca de las negociaciones. 

PDL

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