Desde el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno de Alberto Fernández destinó 6.023.810.080 pesos en lo que se denomina “Políticas Alimentarias”. Así figura, bajo la nomenclatura 26 en un detalle oficial al que accedió Clarín y que fue incorporado en un expediente judicial que investiga supuesta corrupción en el uso de ese dinero. La discusión alrededor de esta cifra es “si efectivamente se dirigió a los fines correspondientes”, explicaron fuentes judiciales. En dos causas radicadas en Comodoro Py se estudian los fondos públicos aplicados a comedores como a organizaciones que en concepto de alimentos manejan cifras millonarias.

Un extenso listado que detalla 889 erogaciones realizadas por distintas áreas del ministerio que condujeron Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Juan Zabaleta entre 2019 y 2023, expone las partidas multimillonarias que se destinaron a un conjunto de cooperativas, fundaciones y asociaciones civiles.

La planilla remitida a la justicia federal esta semana, y a la que accedió Clarín, muestra que la cifra global que se pagó en concepto de programas y planes de asistencia social de diversa índole asciende a 15.897.967.054,82 pesos. Como contó este medio, cerca de 600 millones fueron destinados a dos asociaciones que están bajo investigación por posible desvío de fondos: la Asociación Civil Caminos de Tiza (de Barrios de Pie) y la Asociación Civil Polo Obrero.

A estas dos organizaciones sociales las investigan el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, por los presuntos delitos de coacción, extorsión y administración fraudulenta. En más del 98% de los casos manejaron fondos del Estado nacional correspondientes al programa Potenciar Trabajo. La justicia acusa a los referentes de estos espacios por extorsionar a los beneficiarios finales del plan social bajo amenaza de retirarles el beneficio si no asistían mensualmente a una determinada cantidad de marchas y movilizaciones de los espacios políticos que representan.

Hay otra gran incógnita en esa causa, sobre el manejo de los alimentos que receptaban los comedores bajo investigación. El fiscal Pollicita sostuvo en su dictamen que entre las amenazas que recibían las personas en esta de vulnerabilidad económica, estaba el retiro de alimentos que se proporcionaban en los comedores. La comida y el dinero para comprarla los otorgaba de forma gratuita el Estado Nacional.

Otras de las imputaciones penales es que en muchas ocasiones obligaban a las personas que asistían a los comedores a revender los alimentos obtenidos sin ningún costo, porque integraban programas nacionales de ayuda.

Cuando se observa en los datos oficiales cuánto se destinó a los programas alimentarios durante el gobierno de Alberto Fernández, la cifra expone el enorme grado de necesidad en muchos sectores vulnerables, y a su vez se cuestiona en algunos expedientes judiciales el manejo de ese dinero y alimentos.

Desde 2020 a finales de 2023, la anterior gestión destinó de las arcas públicas 6.023.810.080 pesos en “Programas Alimentarios”.

Los destinatarios de esa gran partida presupuestaria que manejó el ministerio de Desarrollo Social fueron 38 organizaciones. Hay otro dato más que se desprende del análisis de las planillas: fueron dos las entidades que recibieron la mayor partida de fondos.

La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada fue beneficiada con 909.673.500 pesos. Se trata de una organización que agrupa diferentes cooperativas de reciclado en Buenos Aires. “Su objetivo es fortalecer la inclusión laboral de los recicladores mediante capacitaciones técnicas y procesos de venta colectiva”, versa en sus finalidades.

Le sigue en el listado de las más beneficiadas con fondos del programa alimentario, la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, receptora de 762.076.969 pesos.

Los comedores que se inscriben como parte de cooperativas y asociaciones, eran los lugares por excelencia donde se bajaban los planes alimentarios por más de 6.000 millones de pesos.

La sospecha expuesta en dos causas judiciales radica en el uso de los fondos como también en los requisitos estipulados para poder conceder la ayuda alimentaria. Por otro lado desde el ministerio de Capital Humano -que hizo las denuncias penales- se cuestiona la falta de control sobre el dinero público, las irregularidades en la rendición de muchas partidas y, según la última presentación, la existencia de “comedores fantasmas”.

Esta última investigación está delegada en la fiscalía de Ramiro González y el juez interviniente es Ariel Lijo, candidato del presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

En ese expediente fueron adjuntadas las planillas con el detalle de los más de 15.000 millones de pesos que la anterior gestión destinó, desde Desarrollo Social, a diversos subsidios y programas de ayuda social. El primer aspecto que se busca determinar en esta causa es cuánto dinero recibieron aquellos comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) pero “que no funcionaban como tal a tal punto que muchos ni siquiera existían”.

Los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos que provienen de diversos programas sociales, pero casi la mitad de los comedores «eran inexistentes», remarcaron desde Capital Humano en la denuncia que fue ratificada la semana pasada.

En cuanto a los planes alimentarios, la subsecretaria Legal de Capital Humano explicó ante la fiscalía que muchas organizaciones sociales “se presentaban en el Ministerio de Desarrollo Social para pedir líneas de crédito bajo distintas materias” que es a lo que se destinaba una importante partida de dinero por encima de los 6.000 millones de pesos.

“Todo esto indica que pareciera ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables», dijo la abogada Leila Gianni, del ministerio que dirige Sandra Pettovello.