El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) -que condenó a Lázaro Báez y a los demás imputados en la Ruta del Dinero K- ordenó el viernes la ejecución de la pena tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema. Durante la mañana, seis de los acusados deben presentarse en Comodoro Py para proceder a la detención y debe definirse la situación del ex socio de Cristina Kirchner y su hijo, al igual que del abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín.

Este lunes, por orden del juez Costabel, Julio Mendoza, Juan De Rasis, Gustavo Fernández, Eduardo Castro, Fabián Rossi y Carlos Molinari deben acudir a los tribunales de Retiro para ser detenidos. El primero en llegar, pasadas las 9.30, fue Rossi, exmarido de la actriz Ileana Calabró.

Lázaro Báez, el principal condenado en este expediente donde se investigó el blanqueo de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 y que tiene una condena de 10 años de prisión, continuará cumpliendo el arresto domiciliario hasta que esta semana el juez Costabel resuelva su situación. Se aguarda la opinión del fiscal general Abel Córdoba, quien tiene hasta el miércoles para responder.

En la resolución que ordenó la detención de seis de los acusados también se explicó que se deben conformar los legajos de ejecución, para realizar los cómputos respectivos «a fin de determinar su situación procesal en relación al cumplimiento de la condena”.

Es la Secretaría de Cómputos la que determina el tiempo de detención cumplido por el empresario, su hijo mayor, Chueco y Pérez Gadín, para después resolver cómo se hará efectiva la condena.

Todos ellos “han transitado la totalidad o parte del proceso en prisión preventiva”, explicó la justicia federal. Por ese motivo, una vez obtenido el cómputo correspondiente, el juez Costabel definirá si Lázaro Báez vuelve al Penal de Ezeiza o si continuará bajo arresto domiciliario.

El fallo confirmado por la Corte dispone una pena de diez años de cárcel para Lázaro Báez, seis años y medio para Martín Báez, seis años para Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, y cinco años para Julio Mendoza.

Desde el 2020, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo arresto domiciliario tras dejar el Penal de Ezeiza, adonde había ingresado el 6 de junio de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello. Y hace dos años fue trasladado a la localidad de El Calafate, donde continúa con la morigeración de la prisión preventiva.

Para la justicia, el ex socio comercial de Cristina Kirchner fue el eslabón esencial e indiscutible de una estructura que durante tres años lavó 55 millones de dólares. Para esas operaciones utilizaron a Austral Construcciones, la firma insignia que en simultáneo recibía obra pública vial, y tejía diversos negocios inmobiliarios con los Kirchner.

Cuando confirmó la sentencia del juicio, la Cámara Federal de Casación Federal sostuvo que el delito precedente de las operaciones de blanqueo era la evasión impositiva instrumentada a través de una usina de facturas apócrifas montadas por Báez.

También se confirmaron multas que oscilan entre dos y seis veces el monto de las operaciones -de 109,6 millones de dólares a 328,8 millones- y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.

El de la Ruta del Dinero K se considera el mayor juicio en materia de lavado de dinero realizado en Comodoro Py. En su mayoría, las sentencias acusatorias respondieron a la pena máxima que corresponde al delito de blanqueo de activos.

Sí bien el Tribunal de juicio había dictado doce años de prisión a Lázaro Báez, la Casación Federal redujo esa pena a diez años, modificando en consecuencia las atribuidas a los demás acusados.

A la hora de dictar sentencia, que la semana pasada obtuvo firmeza por parte del máximo tribunal cuando rechazó el recurso de queja de los acusados, se dio por “acreditado que a través de un sofisticado mecanismo societario y financiero, que incluía el empleo de sociedades ‘pantalla’ -eludiendo los controles fiscales-«, los acusados lograron lavar sumas millonarias de dinero.

El gobierno de Javier Milei implementó una serie de modificaciones para la asistencia de personas en situación de calle en todo el país y pasó la responsabilidad total de la gestión a cada provincia en particular. La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes, establece que la responsabilidad del Ejecutivo pasará a ser solo “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.

A través del Decreto 373/2025, la administración mileísta limitó su alcance e intervención en las políticas públicas destinadas a esta parte de la población e indicó que “actuará como órgano rector, a través de la aprobación de directrices y lineamientos generales en la materia”.

“El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle», expresó el documento

Así, el Gobierno aclaró: “La situación de calle constituye una problemática social de carácter complejo y multidimensional cuya atención exige un esfuerzo concurrente y coordinado entre el Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las competencias son concurrentes y deben guiarse por los dictados del principio de subsidiariedad, según el cual la actuación del nivel nacional encuentra su razón de ser cuando el nivel de gobierno local -por causas objetivas y fundadas- no pueda cumplir de manera plena y eficaz con las responsabilidades que le son propias».

“La intervención del Estado será eficaz en este campo en tanto se despliegue de manera subsidiaria y respetuosa en todo momento del ámbito de actuación que corresponde a los gobiernos locales», expresa el Decreto y marca: “Quedando dispuesto el gobierno central para brindar su oportuno auxilio a las distintas jurisdicciones cuando estas no contaren con los recursos técnicos, humanos o económicos suficientes para afrontar adecuadamente la problemática de las personas en situación de calle, a fin de asegurar el goce efectivo de sus derechos fundamentales en todo el territorio nacional”.

Las modificaciones se aplicarán sobre la Ley N°27.654, creada originalmente para proteger los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de perder su vivienda en el país.

Además de pasar la responsabilidad a las provincias y a la Ciudad (que ahora deberán mantener la ejecución directa de las políticas de asistencia), se estableció que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano -conducido por la ministra Sandra Pettovello- será la nueva autoridad de aplicación, con la función coordinar acciones entre jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional.

“Las provincias y la ciudad de Buenos Aires, en su condición de responsables inmediatos de la atención de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, tienen a su cargo la elaboración e implementación de las políticas públicas pertinentes, para lo cual elaborarán sus propios planes y estrategias para abordar la problemática y brindar atención directa a sus destinatarios», cierra el documento publicado con la firma de la ministra Pettovello y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según datos del Censo realizado en 2022, en la Argentina hay 2962 personas en situación de calle, la mayoría concentradas en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Sin embargo, organizaciones sociales advierten que la cifra real es mucho mayor.

El mismo ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, anticipó un aumento de alrededor del 30%, una suba similar a la registrada en 2023. La cifra ronda las 4000 personas, de las cuales 1300 duermen en veredas, plazas y otros lugares del espacio público. El resto, pasa la noche en paradores o refugios.

Una de las principales metas que propone el funcionario tiene que ver con hacer cumplir el eslogan “la calle no es un lugar para vivir”. “Muchas veces la conversación respecto de las personas en situación de calle tiende a la romantización. Por un lado, afirmamos que la calle no es lugar para vivir, pero por otro lado decimos ‘bueno, hay que ver, no sé’. No, la calle no es lugar para vivir porque toda la experiencia que sucede en la calle está vinculada a violencia”, enfatizó durante una entrevista con .