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El gobierno de Kicillof rechaza el proyecto que perdona deudas a los municipios y se anticipa una sesión caliente

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El gobierno de Axel Kicillof blanqueó el malestar con la Legislatura por el acuerdo que obtuvo el proyecto para que la provincia de Buenos Aires condone las deudas que los municipios sostienen con la administración bonaerense en el marco de fondos que recibieron en la pandemia. Infobae había adelantado que el proyecto generó más tensión al interior del peronismo y este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reconoció que interviene en los recursos del Ejecutivo y que “no fue articulado”.

“Hay que entender de dónde surge. Si se hubiera votado el Presupuesto en tiempo y forma, que tenía previstas estas cláusulas o unas cláusulas similares, ni siquiera habría que tratar este proyecto”, dijo la mano derecha del gobernador en el marco de las conferencias de prensa habituales que realiza los lunes desde la gobernación provincial.

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Este miércoles, la Cámara de Diputados bonaerense se prepara para debatir la condonación de las deudas municipales que surgieron tras el vencimiento del período de gracia para la devolución de fondos transferidos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

La provincia de Buenos Aires comenzó a aplicar retenciones a los distritos que no reembolsaron los montos recibidos a través de dos mecanismos creados en 2020: el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para Contención Fiscal Municipal”, dotado con $8.200 millones, y el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, que permitía cubrir hasta el 50% de una suma fija para el sueldo trabajadores municipales y preveía un tope de hasta $8 mil millones. De los dos instrumentos, este último contó con la adhesión de aproximadamente 60 municipios, quienes accedieron a una ayuda que debía ser devuelta, pero que no todos los distritos terminaron reintegrando. Frente a esta situación, la Legislatura bonaerense buscará aprobar un proyecto de ley que elimine esas obligaciones financieras. No es lo que planeaba la gestión de Kicillof.

Este lunes, Bianco lo ratificó. “Este es un proyecto que fue presentado, no fue articulado con el Ejecutivo provincial y se va a definir en la Legislatura. Lo importante es, si se hubiera aprobado en tiempo y forma el Presupuesto, no estaríamos discutiendo este proyecto en la Legislatura”, dijo el funcionario provincial.

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Carlos Bianco admitió que el proyeto que se tratará este miércoles en Diputados no fue articulado con el Ejecutivo

Por estos días, desde el kirchnerismo hicieron correr el recordatorio de que, durante la pandemia, el fondo en cuestión que se articuló para la asistencia de los municipios fueron recursos nacionales y que la Provincia lo que hizo fue distribuirlo. “Esos fondos los mandó Alberto en su momento a la Provincia y fue por pedido de Cristina”, planteó una terminal cristinista a este medio. La discusión volvió a exponer la interna con la que convive el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Funcionarios del gobierno de Kicillof han llegado a plantear que desde la Legislatura “se extorsiona”, al gobernador. Una expresión que rápidamente fue repudiada por las distintas voces cristinistas.

Semanas atrás, un grupo de intendentes que responde a Cristina Kirchner se juntó con Kicillof y un grupo de ministros entre los que estaba Bianco y el ministro de Economía, Pablo López. Los intendentes –Gustavo Menéndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Mariel Fernández (Moreno)- llegaron hasta La Plata para pedir condonación de deudas y otras cuestiones ligadas a la gestión. Tras ello, la Legislatura avanzó con un dictamen unificado al proyecto en cuestión. Se terminó firmando un proyecto que unifica las iniciativas de los diputados Diego Garciarena (UCR), Matías Ranzini (PRO), Valentín Miranda (UCR), Juan Pablo De Jesús (UP), Fernanda Díaz (UP).

El posteo de Leonardo Nardini

La semana pasada, como contó este medio, hubo un movimiento reveló tensiones dentro del peronismo. Fue cuando durante una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y Presupuesto e Impuestos en la Cámara de Diputados bonaerense, la diputada de Unión por la Patria, Lucía Iáñez, optó por no firmar el dictamen en cuestión. La legisladora está alineada políticamente Kicillof. Se levantó de la reunión sin dar el visto bueno a lo que se iba a votar.

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En las últimas horas, tanto el presidente del bloque del PRO, Matías Ranzini, como su par de la UCR, Diego Garciarena, salieron a ponderar el proyecto que se terminó acordando votar este miércoles. “La iniciativa que presentamos, junto a otros diputados y diputadas y que esperamos que se apruebe la semana que viene, busca aliviar y acompañar el esfuerzo que protagonizan los municipios. Necesitamos estados locales fuertes y financiados para dar respuestas a las necesidades de cada vecino de los 135 municipios de la Provincia”, marcó Garciarena. Ranzini, por su parte, agregó que su iniciativa también incluye que “municipios que fueron cumplidores, el estado provincial le reintegre las sumas que habían aportado”, ejemplificando con el caso del distrito de Zárate, de donde es el legislador.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, convocó a sesionar para este miércoles y el texto en cuestión se incluyó en el orden del día. Solo necesitará el respaldo de la mitad más uno de los presentes.

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La denuncia de un “complot policial” abrió otro frente de conflicto entre Kicillof y el Gobierno, en el inicio de la campaña

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La denuncia del gobierno bonaerense de un supuesto “complot policial” orquestado por el candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral, el ex comisario Maximiliano Bondarenko, abrió un nuevo frente de conflicto entre Axel Kicillof y la administración de Javier Milei.

El choque de ambos sectores confirmó que las próximas elecciones, lejos de discutir cuestiones provinciales entre líderes y dirigentes locales, estará inevitablemente nacionalizada, por la disputa entre el modelo libertario y el peronista, y atravesada por la cuestión de la seguridad.

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En las primeras horas del jueves, Infobae confirmó que 24 policías bonaerenses había sido removidos de sus cargos por una denuncia anónima -que fue corroborada por investigaciones preliminares- que los vinculaba al ex comisario en planes políticos para reformar la Policía Bonaerense y hacer una profunda purga en la máxima jerarquía de la fuerza.

El ministro de Seguridad de Kicillof, Javier Alonso, detalló que había descabezado a la Policía Ecológica por un supuesto intento de “golpe al comando institucional”, organizado por efectivos ligados a Bondarenko, un ex comisario que ingresó a la política tras un pedido de licencia que le fue otorgado.

“Hicieron esto porque no creían que íbamos a ser capaces de descabezar a todos los involucrados. Los policías saben que no pueden hacer actividades políticas con recursos provistos por el Estado para sus funciones y mientras están en funciones. Violaron la ley”, explicó a este medio una alta fuente de la administración de Kicillof.

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Luego de conocida la decisión, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, intervino en la polémica y cargó con dureza contra el mandatario bonaerense. “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política (…) El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”, afirmó.

Lo hizo por redes sociales, pero luego convocó al candidato libertario a una reunión en la sede del Ministerio, para darle todo su respaldo y renovar la exigencia de que los efectivos sean reincorporados.

Esa intervención confirmó la intención del gobierno de Milei de confrontar de manera decidida contra Kicillof y también de instalar a la seguridad como uno de los temas centrales para la campaña de La Libertad Avanza. Bullrich, que suena como posible candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre, tendrá un perfil alto de cara a los comicios del 7 de septiembre, donde la Casa Rosada apuesta a vencer al peronismo en su casa matriz.

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“Kicillof, además de ser un inútil, odia a la Policía y está del lado de los delincuentes, esa es mi lectura. Ellos no son capaces de poner a un policía de candidato”, sostuvo la funcionaria tras la reunión con Bondarenko, quien llegó junto al armador y presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja.

El ministro Alonso y el gobernador Kicillof (foto archivo)

Tanto el ex comisario y cabeza de la lista libertaria por la Tercera Sección Electoral -que tiene más de 5 millones de votos y concentra más del 30% del total del padrón- como Bullrich aseguraron que los efectivos removidos eran camaradas y amigos que habían compartido un “asado” y desvincularon la reunión de cualquier cuestión política.

Sin embargo, a última hora, el gobierno de Kicillof dejó trascender parte de las pruebas que había sido investigadas que indicaban la existencia de algo más que un asado. En concreto, se difundieron capturas de pantalla de chats de un grupo de WhatsApp que informaban sobre reuniones y planes de reforma de la Policía Bonaerense. También, en las computadoras se hallaron cartas con membrete de La Libertad Avanza dirigidas a intendentes peronistas pidiendo informes sobre cuestiones de seguridad.

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El ex comisario Bondarenko y la ministra Bullrich

“No es como lo dicen, la Policía de la provincia de Buenos Aires es una familia, hay un sentido de pertenencia con sus compañeros. Nos juntamos a comer un asado, simplemente eso fue. Dio la casualidad que después de ese asado me nombran candidato”, fue la versión que dio Bondarenko.

Y agregó: “Lo que hace Kicillof con la Policía hace años que es una cacería de brujas”.

El gobernador bonaerense, que fue informado el miércoles sobre las alternativas dela investigación, se mantuvo al margen de la polémica, pero respaldó la actuación de su ministro de Seguridad: “Para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas. Nada más que eso”, manifestó.

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El tema de la seguridad, sobre todo en la Tercera Sección Electoral, es una de las principales preocupaciones de la gente, de acuerdo a todos los sondeos de opinión pública. Bondarenko, que hasta el episodio de este jueves tenía un bajo perfil y era desconocido para la mayoría de los bonaerenses, deberá enfrentar a la ex intendenta de la populosa La Matanza, Verónica Magario, mientras que el actual jefe comunal, Fernando Espinoza, confrontará con la libertaria Leila Gianni.

“Con esta acusación ridícula y la sanción a los 24 policías nos hicieron un favor. Nos aliviaron el trabajo de tener que instalar a Bondarenko como candidato”, aseguró anoche uno de los operadores libertarios que trabajaron en el diseño de las listas de candidatos.

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La concejala de Quilmes procesada por el ataque a la casa de Espert viajó a Suiza por un Congreso de la ONU

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Eva Mieri, presidenta del bloque peronista en el Concejo Deliberante de Quilmes y referente del kirchnerismo local, viajó a Ginebra, Suiza, para participar de un congreso sobre Derechos Humanos organizado por Naciones Unidas (ONU), a pesar de estar procesada por lanzarle caca al frente de la casa del diputado José Luis Espert.

Mieri, que podría quedar al frente del municipio de Quilmes si la intendenta Mayra Mendoza asume como legisladora provincial, fue procesada la semana pasada por varios delitos vinculados al escrache ocurrido el 28 de febrero en la localidad de Acassuso.

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Según el fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se le imputan los delitos de “atentado contra el orden público”, “amenazas agravadas”, “incitación al odio por razones políticas”, “falsificación de la numeración de un objeto registrado” (por las patentes tapadas de los vehículos usados) y “malversación de caudales públicos”.

El episodio incluyó el lanzamiento de caca frente a la casa del dirigente libertario, la colocación de un pasacalle con la leyenda “Acá vive la m… de Espert” y la distribución de panfletos que decían “Con Cristina no se jode”. Parte de esa acción se realizó, según determinó la Justicia, con una camioneta del municipio de Quilmes y un vehículo particular con patentes cubiertas.

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El posteo de un funcionario del ministerio de Seguridad, en X.

Mieri fue detenida durante 13 días en el penal de Ezeiza y recuperó la libertad el martes pasado, tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín. Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que la concejala entregó voluntariamente su teléfono celular y que no contaba con antecedentes penales, por lo que ordenaron su excarcelación. Fue la jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, quien autorizó su salida del país.

La participación de Mieri en el “Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos”, organizado por la ONU en el Palacio de las Naciones de Ginebra, fue difundida en redes sociales por la cuenta oficial de United Cities, una de las organizaciones convocantes, y replicada por el funcionario del Ministerio de Seguridad Fernando Soto.

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“La concejal Eva Mieri, investigada por tirarle caca a Espert, después de ser excarcelada se fue al ‘Encuentro de Gobiernos Locales y Derechos Humanos’ de la ONU”, escribió en su cuenta de X Soto, un dirigente del riñón de la ministra Patricia Bullrich. Mieri, que participó junto a otros funcionarios, académicos y expertos de todo el mundo, no difundió la actividad en sus redes.

En la causa también fueron procesados Iván Díaz Bianchi, empleado del Hospital Cetrángolo, y la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar. La jueza sostuvo que existió “una agrupación, al menos transitoria”, que actuó con el objetivo de “alarmar y/o amedrentar al diputado Espert y su familia”.

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Arroyo Salgado aseguró que Mieri y Abaigar fueron quienes “organizaron y planificaron” el escrache, y remarcó la gravedad de que lo hayan hecho en su rol de funcionarias públicas.

En el celular de Abaigar, según consta en el expediente, se encontraron conversaciones sobre la logística del ataque, incluyendo detalles sobre la vestimenta, el traslado y la convocatoria de personas.

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La magistrada había rechazado inicialmente la excarcelación de ambas, al considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la investigación. Fundó su decisión en que Mieri presentó un teléfono sin datos y en la posición jerárquica de Abaigar, lo que —según su criterio— podría haber dificultado la pesquisa.

En su resolución, Arroyo Salgado concluyó: “Estamos ante dos funcionarias y un empleado público que, más allá del partido por el que militen, deberían enarbolar la bandera de la democracia, el respeto y la igualdad. Por el contrario, según surge de la causa, participaron u organizaron un hecho que atenta contra el orden público”.

José Luis Espert, Quilmes, mayra mendoza

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La Justicia de Santa Cruz habilitó a Cristina Kirchner a votar, a pesar de la condena por corrupción

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La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, dictaminó que la normativa que inhabilita para votar a personas condenadas por delitos con penas mayores a tres años resulta inconstitucional, incluso si se trata de delitos de corrupción. En consecuencia, ordenó mantener a Cristina Fernández de Kirchner como electora activa en el padrón de Santa Cruz, lo que faculta teóricamente su voto en las elecciones del 26 de octubre.

Según el fallo, “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y las disposiciones cuestionadas no cumplirían con los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la jueza dispuso que la expresidenta pueda votar, aunque siga inhabilitada para postularse como candidata, en sintonía con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por la causa Vialidad.

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La dura respuesta de Cristina Kirchner al futuro embajador de Estados Unidos en Argentina

La resolución contradice directamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en junio de 2025 la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, además de ratificar su inhabilitación política. Aunque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral sostiene que prohibir el voto a condenados es inconstitucional, usualmente se exceptúan quienes enfrentan delitos contra la administración pública —como es el caso de Fernández de Kirchner.

En la práctica, el fallo tiene un componente más simbólico que real: Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto. Aun así, su figura política mantiene peso en el escenario electoral nacional, donde continúa movilizando bases frente al gobierno de Javier Milei.

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