POLITICA
El gobierno de Mendoza se mostró preocupado por el fallo que le ordena pagarle a un preso por 20 años de trabajo

El gobierno de Mendoza se mostró preocupado por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia a favor de un ex presidiario que reclamaba el pago de los salarios correspondientes a los trabajos que realizó en distintos penales de la provincia durante los 20 años que estuvo detenido. La sentencia determinó que el Estado debe abonar los períodos reclamados y eso puso en alerta a las autoridades.
Fue la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, la que se refirió sobre el fallo a favor del ex presidiario José Aníbal Molina, en el que los jueces Mario Adaro, Omar Palermo y José Valeiro también ordenaron a la ANSES completar los aportes a la seguridad social que hizo el denunciante: “Es muy malo el mensaje”.
“Podríamos llegar a cerrar escuelas para pagarle a los presos que limpian su celda”, hipotetizó la funcionaria en diálogo con Infobae ante el temor de que la sentencia no sólo siente un precedente “que puede tener consecuencias estructurales”; sino que, además, consideró que la decisión del máximo tribunal provincial es un retroceso a las políticas penitenciarias que se han implementado en Mendoza en los últimos años. Más precisamente, desde la reforma de 2017.
Según la ministra Rus, la ley vigente en Mendoza “busca estimular de forma positiva el estudio y el trabajo dentro de las cárceles”, que se plantean como herramientas de reinserción. Justamente, actualmente el 75% de las personas privadas de libertad en la provincia estudia o trabaja dentro del Servicio Penitenciario.
“Es un malestar. Este fallo modifica el sentido que les damos a los estímulos para las personas privadas de la libertad que Mendoza quiso imponer al modificar la ley de 2017. Allí cambiamos la palabra remuneración por peculio para combatir el ocio de manera virtuosa y generar una actividad que le permita adquirir buenos hábitos: un oficio, involucrarse en una fabricación de producto y que eso sirva para que después tengan más posibilidades de sumarse al mercado laboral al externar”, subrayó la funcionaria.
Y agregó que “con esos estímulos también se valora la conducta del detenido, en pos de lo que logra en cuanto al acceso a beneficios” al momento de pedir las salidas transitorias. Continuó: “Manda un mensaje de: ‘Bueno, listo, no pongan a nadie a trabajar porque el día de mañana pueden pedirnos una remuneración’“.
La ministra reconoció que el detenido que salió favorecido por el fallo estuvo preso en el marco de la ley anterior a la reforma de 2017. Dijo que su estadía en la cárcel “hacía labores como fajina (NdeR: lo que sería hoy tareas de maestranza) y se dedicaba a regar, lo pidió porque es lo que le gustaba».
“Este fallo es un retroceso. La privación de la libertad supone restricciones. Parece que van a solucionar el problema del desempleo en Mendoza: cualquiera podría optar por cometer un delito para entrar a la cárcel, donde se le garantizaría un sueldo, no pagaría impuestos y, si se suman otros fallos como el de Sarmiento, accedería a beneficios adicionales», ironizó.
El caso
Molina, quien estuvo preso desde el 30 de mayo de 1996 hasta el 4 de marzo de 2016, inició su demanda después de recuperar su libertad. No obstante, desde el Servicio Penitenciario provincial desconocieron cualquier deuda pendiente.
Aunque el Gobierno provincial y la Fiscalía de Estado reconocieron que Molina trabajó y cobró por los días registrados por la Administración Contable del Servicio Penitenciario, apuntaron que no podían verificar los períodos de trabajo faltantes, ya que no habían sido registrados.
Sin embargo, el fallo que ordenó al Estado pagar los períodos reclamados por el ex presidiario. En la sentencia, la Corte determinó que Molina trabajó al menos 2.505 días entre junio de 1996 y diciembre de 2003, y alrededor de 727 jornadas laborales entre enero de 2004 y enero de 2016.
Asimismo, establecieron que los pagos deberán incluir los intereses correspondientes hasta la fecha en que Molina recobró su libertad y realizar las gestiones necesarias ante la ANSES para subsanar la falta de aportes a la seguridad social.
POLITICA
El Gobierno evalúa no presentar candidatos en algunas provincias y busca acelerar negociaciones con aliados

El Gobierno evalúa no presentar candidatos en algunas provincias y busca acelerar negociaciones con aliados para las elecciones de medio término. Mientras que un sector del Ejecutivo mantiene la postura de que prefiere no competir en distritos con poca intención de voto, otro busca establecer el armado en todos los territorios. “Estamos dando la discusión puertas adentro”, expresan en Nación.
La Casa Rosada pone en duda la presentación de postulantes a gobernador en Corrientes y en Santiago del Estero, que eligen este año. Tampoco está definido el apoyo a una lista oficial para las elecciones legislativas en San Luis -que serán el próximo 11 de mayo-, donde La Libertad Avanza no pudo establecerse como partido. No descartan que el conflicto se traslade a las nacionales de octubre.
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Se trata de un debate que el oficialismo también tuvo cuando Javier Milei compitió en las elecciones de 2023. Por entonces, les quitó el apoyo público a los candidatos que compitieron por cargos legislativos con su discursiva en la provincias de Chaco y Santa Fe, junto con la lista que se presentó en la Ciudad de Córdoba.
La mesa política del Presidente apunta a cerrar acuerdos con gobernadores aliados en provincias en las que no tiene un candidato instalado. Es el caso de la elección en Chaco, donde hay una lista conjunta con dirigentes de Leandro Zdero. En Nación aseguran que puede replicarse en Entre Ríos con el armado de Rogelio Frigerio.
Es parte del debate interno que está realizando el Gobierno sobre el resto de las provincias, que comenzó con el armado en Santa Fe. Un sector del oficialismo sostiene que La Libertad Avanza no debería haberse presentado en las elecciones para convencionales constituyentes -en las que salieron terceros-, mientas que el otro mantiene la postura de “competir en todos lados”.
En la Casa Rosada aseguran que “lo único que le interesa a Milei es tener más diputados y senadores nacionales que voten sus reformas” y descartan que busque “ganar las provincias”. En los únicos distritos en los que el Ejecutivo quiere competir sin alianzas partidarias son la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
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El Gobierno apunta a cerrar acuerdos en esos casos para que los dirigentes aliados hagan el pase a las filas de La Libertad Avanza. Buscan abarcar a dirigentes del PRO -como los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli-, junto a figuras del radicalismo bonaerense. El candidato libertario en PBA será José Luis Espert y los cercanos al Presidente quieren que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabece la boleta en CABA en octubre.
La encargada de dirigir a La Libertad Avanza es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el armador nacional, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, que recibió hoy al senador correntino Carlos “Camau” Espínola. El asesor Santiago Caputo solo trabaja en la estrategia electoral y discursiva del partido junto con la instalación de los candidatos nacionales.
Gobierno, candidatos
POLITICA
El Gobierno dio inicio al proceso de privatización de Enarsa

Mediante el Decreto 286/2035, publicado en el Boletín oficial, el Gobierno dio inicio a la privatización total de Energía Argentina S.A. (Enarsa), tal como había anticipado dentro del esquema de la Ley Bases. Según informó, el proceso se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de cada una de sus unidades de negocio.
“La privatización se desarrollará por etapas con el fin de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios y de la ejecución de las obras en curso que dicha empresa tiene a su cargo”, expresaron en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde la Secretaría de Energía, a su vez, consideraron que la medida permite dar “un paso importante para mejorar la eficiencia del Estado y fortalecer el rol del sector privado en el desarrollo energético del país”.
Como primera etapa del proceso se autorizó la venta del 100% de las acciones de Enarsa en Citelec S.A., empresa controlante de Transener, responsable de la transmisión eléctrica en todo el país, en una operación que se realizará mediante concurso público nacional e internacional.
“Durante años, Enarsa requirió transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no logró resultados eficientes ni en calidad de servicio ni en administración. Este proceso apunta a ordenar el funcionamiento del Estado y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades clave como la transmisión eléctrica”, informó la secretaría a través de un comunicado y agregó: “Este es un paso concreto hacia una Argentina más moderna, más eficiente y con mejores servicios para su gente”.
Además indicaron que por medio de la medida se buscará “mejorar el servicio, fomentar la competencia y garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos”. “El sector privado no solo puede hacerlo mejor, sino que además es el motor natural de la inversión, el empleo y la innovación, mientras el Estado se enfoca en lo que debe hacer: organizar, regular y cuidar el buen funcionamiento del sistema energético”, recalcaron.
Enarsa ya había sido parte de un proceso de privatización: en octubre del año pasado, el Gobierno otorgó un plazo para el llamado a concurso de licitación de cuatro hidroeléctricas, de las cuales Energía Argentina tenía paquetes accionarios por el 98%. Se trató de Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.
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