Luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara que desclasificará archivos de la SIDE sobre la Dictadura y que declarará crimen de lesa humanidad el atentando del ERP contra el capitán Humberto Viola y su familia; María Fernanda Viola, hija del capitán asesinado en Tucumán en 1974, publicó una carta en la que destacó la decisión oficial e hizo un duro descargo contra los responsables del ataque y los gobiernos que durante años desoyeron sus reclamos.

Bajo el título «50 años de impunidad», la hija del capitán asesinado planteó que el atentado buscaba «sustituir la República por un régimen marxista». E hizo una descripción de lo vivido ese 1°de noviembre en la capital tucumana: «Oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones», contó.

En el descargo, denuncia que el Estado sembró durante muchos años un «manto de impunidad» para varios «miembros de la guerrilla». «Sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria», enfatizó Viola.

En otra parte de la carta, resalta la entereza de todos estos años que tuvo su madre, «la que nunca bajó los brazos», y enfatizó que la mayoría de las madres que vivieron la subversión fueron «discriminadas». Además, reclamó que con el reconocimiento del Gobierno actual de haber sido un atentado le lesa humanidad, «la justicia argentina tome la determinación de juzgar a los autores directos y mediatos, que no fueron condenados«.

El anuncio del Gobierno se produjo en medio de los actos, marchas y protestas de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, que en distintos puntos del país conmemoran el Día de la Memoria.

Temprano este lunes, el Gobierno había publicado un video en el que se comprometía a contar «la historia completa». Y luego, fue el propio vocero presidencial, Manuel Adorni el que completó la idea inicial confirmando la desclasificación de los archivos de la SIDE que detallan sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.

El funcionario adelantó que el Gobierno reconocerá como crimen de lesa humanidad, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) a la familia del capitán Humberto Viola.

En 2022, la administración de Alberto Fernández sostuvo ante la CIDH que este crimen no constituía un delito de lesa humanidad y que, por lo tanto, era prescriptible.

En el atentado ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán, un grupo de guerrilleros (ERP) atacó al auto en el que se transportaba el militar, lo asesinó junto a su hija María Cristina de 3 años. María Fernanda, de cinco años entonces, resultó gravemente herida.

Han pasado cincuenta años desde aquel primero de diciembre de 1974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista.

Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones.

Cincuenta años en que, sin dejarnos invadir por el odio, reclamamos vanamente justicia, siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública.

Durante los mismos hemos sufrido mucho al ver como los distintos poderes del estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.

Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia,y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar ésto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes.(ver: capítulo sexto sentencia Cámara Federal, situación preexistente al 24.3.76

Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla.

Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en “Testamento de los años 70”, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución.

Hoy, 24 de marzo, siento el profundo orgullo de saber que mi madre no bajó nunca sus brazos. Una y otra vez sostuvo que para el dolor no hay ideologías: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las victimas de la subversión somos discriminadas”-.dijo, al hablar en la Plaza San Martín.

No dándose jamás por vencida denunció, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el patrocinio del Dr. Javier Vigo Leguizamón, la violación, por el Estado Argentino, de los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales, y a la Protección Judicial, contemplados en los artículos 4, 8, 24, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos , e igualmente del art 3 común de las Convenciones de Ginebra de 1.949, que resguardan la dignidad de las personas en los conflictos armados, estableciendo que no se puede atacar, ni atentar, contra los civiles inocentes, en ningún tipo de conflicto armado, sea nacional o internacional.

Mediante el Acuerdo de Solución Amistosa arribado en la Petición P-1217-16 «María Cristina Picón Viuda de Viola y Otras”, el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de su Presidente Dr. Javier Milei, ha reconocido hidalgamente la responsabilidad internacional de Argentina por la violación de los derechos alegados en la petición, admitiendo que a la luz de la doctrina fijada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 55/97, emitido al analizar el ataque del Movimiento Todos por la Patria, al regimiento de La Tablada, que – destaco- la Corte Suprema aplicara en la causa “Arrillaga”, el atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad.

Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso.

Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas.

Homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados.