El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, presentó una denuncia por amenazas y extorsión contra Pablo Biró, líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), tras declaraciones en las que advirtió que el conflicto en el sector aéreo “se va a poner mucho peor”. Estas palabras, pronunciadas luego de una serie de huelgas que afectaron a miles de usuarios, fueron calificadas como “graves” por el Ejecutivo, que considera que podrían exceder el derecho de huelga y constituir un delito.

La denuncia, presentada por los abogados del ministerio dirigido por Patricia Bullrich, argumenta que las declaraciones de Biró podrían ser interpretadas como amenazas extorsivas, según el artículo 149 bis del Código Penal. El Gobierno subrayó que, aunque el derecho a huelga está amparado por la Constitución, debe ejercerse de manera razonable y proporcional, especialmente en servicios esenciales como el transporte aéreo.

Conflicto gremial: ATE anunció un paro que afectará a 27 aeropuertos en todo el país

El conflicto entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno tiene como trasfondo la declaración del transporte aéreo como servicio esencial, lo que obliga a mantener un servicio mínimo. Esta regulación busca evitar huelgas que interrumpan de manera abrupta un servicio estratégico para el país. No obstante, los sindicatos, encabezados por Biró, rechazan estas medidas, asegurando que limitan su derecho a huelga.

El enfrentamiento sindical se intensificó en los últimos meses con demandas de aumentos salariales del 30%. En el último paro más de 37.000 pasajeros se vieron afectados. Los gremios aseguran que las huelgas continuarán mientras no se atiendan sus demandas y el Gobierno mantenga su postura de no negociar.

El jueves, los sindicatos decidirán nuevas medidas de fuerza, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció un paro de controladores aéreos en 27 aeropuertos del país. El Gobierno busca aplicar un decreto que obligue a notificar con cinco días de anticipación cualquier huelga y a garantizar al menos un 50% de los servicios mínimos, pero los gremios lo resisten, insistiendo en que vulnera su derecho constitucional a la protesta.