POLITICA
El Gobierno dictó conciliación obligatoria y frenó la huelga que buscaba paralizar Vaca Muerta

El Gobierno Nacional frenó en las últimas horas una protesta gremial que amenazaba con paralizar la actividad en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del país. La medida surge tras el inminente paro, convocado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que había anunciado la acción directa para los días 31 de julio y 1 de agosto en rechazo a una serie de despidos. El conflicto generaba preocupación por el impacto que una interrupción de tareas podría tener en una de las industrias estratégicas del territorio nacional.
La incertidumbre entre los operadores energéticos y el resto de la cadena productiva se manifestaba desde la semana pasada, acompañada por la preocupación de los gobiernos locales ante el posible freno a la producción y los ingresos fiscales provenientes de los yacimientos. Mientras el sindicato presionaba denunciando que hubo más de 1.000 despidos en empresas de la zona, un enclave fundamental de la generación de divisas.
En este contexto, la decisión del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de dictar la conciliación obligatoria, fue un intento de evitar daños irreparables en una industria considerada clave. La medida tendrá una vigencia de 15 días, período durante el cual las partes deberán sentarse a negociar y suspender cualquier tipo de cese o interrupción de tareas vinculadas a la explotación y el transporte de petróleo y gas no convencional.
El Ministerio de Capital Humano realizó el anuncio y recomendó a las partes garantizar la continuidad de los servicios y preservar la paz social. Tal como indica el comunicado oficial, la disposición regirá desde el 30 de julio a las 09:00 horas y apunta a “preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país, como es la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta”. Durante el plazo establecido queda prohibida cualquier clase de medida de fuerza, y los trabajadores deberán reincorporarse a las tareas bajo las condiciones habituales.
En declaraciones previas a la intervención estatal, dirigentes sindicales como Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, habían expresado públicamente su malestar frente a la falta de avances en la mesa de negociaciones. “Es muy difícil de explicar que en el mejor momento de Vaca Muerta haya despidos de trabajadores -dijo el sindicalista a Infobae-. Pensábamos que las empresas iban a poner en valor el esfuerzo de la gente para batir todos los récords no sólo de perforación o de fractura, sino también de producción que estimaban alcanzar en 2026 y que pudieron lograr este año, con 600.000 barriles de petróleo. Estamos en una situación muy favorable para la industria, con un montón de beneficios que le dieron, pero no gotea a los trabajadores e incluso tiran a la gente a la calle sin contemplaciones», señaló Rucci.
El dirigente remarcó que “los compromisos asumidos por las empresas no se cumplieron y los trabajadores exigen respuestas inmediatas”.
La industria petrolera aporta a Neuquén y al resto de la Patagonia un caudal importante de recursos, puestos de trabajo directos e indirectos y contratos de servicios tecnológicos y logísticos. En ese marco, el Gobierno busca evitar cualquier escenario que pueda ralentizar la actividad y provocar pérdidas millonarias durante la temporada alta de extracción.
La intervención oficial funciona en este nuevo escenario como un espacio de negociación temporal. Durante los 15 días que fija la conciliación obligatoria, representantes gremiales y empresarios del rubro petrolero deberán abrir canales de diálogo con la intermediación de la Secretaría de Trabajo.
Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron la importancia estratégica de sostener la producción en Vaca Muerta, puesto que cualquier interrupción repercute de manera directa en los objetivos energéticos nacionales y los compromisos asumidos a nivel externo.
POLITICA
En la Casa Rosada confían en conseguir el apoyo parlamentario para ratificar los tres vetos de Milei

El presidente Javier Milei efectivizará el lunes, al filo del tiempo reglamentario, el rechazo de las iniciativas sancionadas este mes sobre la moratoria, los incrementos a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. En diferentes despachos de la Casa Rosada mantenían el mismo diagnóstico: el bloqueo de los vetos estaría avanzando, con posibilidades de ratificarse en los tres casos.
En el oficialismo enfatizan cómo se están transparentando algunos acuerdos que se venían negociando en las últimas semanas. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se sacó una foto con un grupo de seis diputados radicales que pasarán a formar parte del interbloque legislativo con La Libertad Avanza. Esto hará que el oficialismo pase a tener 46 bancas afines, siendo 39 propias de La Libertad Avanza y una sola del monobloque CREO, a cargo de la tucumana Paula Omodeo.
El anuncio se materializó ayer vía redes a través de una foto entre Menem y Mariano Campero (Tucumán), Mario Cervi (Neuquén), José Tournier (Corrientes), Francisco Monti (Catamarca) y Luis Picat (Córdoba). Estuvo ausente Martín Arjol (Misiones), pero también pasó a formar parte del interbloque. A excepción de Monti, este grupo de diputados se fue del bloque de la Unión Cívica Radical el año pasado cuando apoyaron los vetos presidenciales, los denominados “radicales con peluca”.
En el oficialismo creen que el acuerdo con los radicales mileistas es paradigmático. En primer lugar, porque varios de estos legisladores habían tenido encontronazos recientes con los violetas y terminaron pactando igual. Un caso es el de Arjol, que compitió aparte en las elecciones misioneras después de no conseguir pactar con LLA. También Campero, que fue marginado del armado electoral en Tucumán y había comenzado a tirar unas primeras críticas a los libertarios. “Son fáciles de convencer los muchachos”, chicanean desde un despacho de la Casa Rosada.
El Gobierno debió someterse a dos situaciones de estrés el año pasado. Una fue con el veto a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que pese a la insistencia opositora fue respaldado con 87 votos; y la otra, la Ley de Financiamiento Universitario, que consiguió bloquearse con solo 84 votos.
Fuentes cercanas a Martín Menem consideran que podrían conseguir vetar una iniciativa “hasta con 72 a 75 votos” si es que se dan ciertas condiciones de ausentismo o abstención, esa podría ser la línea que sigan los operadores libertarios con gobernadores para convencerlos a no dar el apoyo explícito al veto pero ir en línea con el oficialismo, evitando una suba del riesgo país y un encarecimiento del endeudamiento provincial.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el aumento previsional tiene un impacto fiscal del 0,20% del PIB (para lo que queda de año). Para el caso del bono, esta cifra asignada es del 0,12%; mientras que para la moratoria previsional de 0,39% del Producto. La más cuantiosa de todas es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que acarrea un costo variable de 0,28% y 0,51% del PBI.
En la Casa Rosada aseguran que ya tienen los votos necesarios para rechazar el aumento para las jubilaciones y la restitución de la moratoria previsional, y que estarían las condiciones para que esto se produzca para el caso de la emergencia en discapacidad. Para este último caso, las negociaciones estarían arribando a buen puerto. Hay quienes piden mirar a las declaraciones de Guillermo Francos. “Cuando declara así de suelto es porque el asunto ya está cocinado”, dice alguien que lo conoce, quien miró los últimos reportajes del jefe de Gabinete.
Sobre esta última iniciativa siguen persistiendo algunas incógnitas. Incluso, hubo legisladores oficialistas que dijeron en público que resulta un tema espinoso para su imagen en el territorio. “Hemos hecho planteos en el caso concreto de Discapacidad. Son temas sensibles y nosotros tenemos poner la cara muchas veces y tenemos que volver a la provincia“, se sinceró ante Diputados TV, el diputado Cervi.
Esto llevó a que se hable de la posibilidad de que Nación configure una medida para palear el desfinanciamiento en ese rubro. Por ahora, este escenario es descartado por altas fuentes de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Salud, quien es el área que tiene bajo su órbita la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). También continúan ratificando que el veto para los tres casos va a ser total. Nada de medias tintas.
El Presidente puso a sus principales funcionarios en autos y les indicó que la sostenibilidad de los vetos es la principal prioridad política de la gestión nacional. Incluso, al día de hoy no hay agenda ni anuncios en la órbita de la Vocería Presidencial, ya que el enfoque del círculo chico libertario está en acercar posiciones con aliados circunstanciales para conseguir su colaboración.
Por eso no resultó menor que, por primera vez en muchas semanas, se pudieran reunir de manera completa todos los integrantes de la mesa política del Gobierno. En los últimos encuentros no había asistido el asesor presidencial Santiago Caputo, decisión tomada producto de su mala relación con los alfiles karinistas, Martín y Lule Menem. En los últimos días, se decidió volver todo a foja cero y que participen en simultáneo de la articulación política del Gobierno.
En las filas libertarias esperan un alineamiento de algunos actores del PRO y de la UCR (presidida por Rodrigo de Loredo) que antes votaron en contra de los vetos, se abstuvieron o se ausentaron en la votación. La apuesta también versa sobre algunos gobernadores puntuales y que tienen alfiles propios en la Cámara de Diputados. Un ejemplo es el sanjuanino Marcelo Orrego, de estrecha sintonía con el Gobierno, y que sus diputados no votaron con los libertarios en la sesión de junio.
POLITICA
Karina Milei y Santiago Caputo se reúnen hoy para sellar la tregua y poner en marcha la campaña en PBA

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza hoy la primera reunión de la mesa electoral de La Libertad Avanza para definir la estrategia de campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La presidenta del partido convocó al asesor Santiago Caputo y a los equipos del armador de LLA en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja.
Según pudo saber TN, el encuentro es a las 12 en las oficinas de la hermana del jefe de Estado y no contará con la presencia del primer mandatario. En Nación no descartan que asista el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y aseguran que definirán el esquema de recorridas, líneas discursivas y actos de los candidatos.
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En la Casa Rosada sostienen que Caputo pasará hoy a ser estar a cargo de la campaña de la elección bonaerense. El asesor no participó del trasfondo y de la planificación sobre la elección de candidatos y la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” -que coordina- quedó afuera de los principales lugares en las listas.
Es por eso que en el entorno del consultor expresan que irá a interiorizarse sobre los planes respecto a la estrategia electoral que se delinearon hasta el momento en las oficinas de Menem. En el oficialismo aseguran que ya hubo una bajada de línea a los postulantes sin la intervención del estratega del presidente.
En el Gobierno esperan que se conforme una mesa de campaña con integrantes de ambos espacios luego de la reunión de hoy. Ambos sectores quieren replicar la coordinación que mantuvieron para la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que abarcó dos reuniones semanales en el despacho del asesor con la participación de candidatos y armadores.
Según pudo saber TN, una de las principales preocupaciones de la Casa Rosada es la baja participación en las elecciones, que apunta a elevar a través de la discursiva y de la participación de figuras nacionales en las actividades. En Balcarce 50 reconocen que también harán foco en la seguridad como uno de los ejes.
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La única integrante del gabinete que se mostró con un candidato de La Libertad Avanza fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el postulante libertario a la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, Maximilano Bondarenko. En Nación aseguran que Milei se involucrará de forma directa en la campaña y que se mostrará con los candidatos.
Los equipos electorales del Ejecutivo modificaron su postura sobre que la elección bonaerense estará separada de la nacional de octubre en términos de impacto y ahora aseguran que “van a estar unidas” respecto a la previsión de campaña. “Están muy pegadas como para que haya una pausa. La campaña va a ser toda la misma”, agregan en el oficialismo.
Karina Milei, Santiago Caputo
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Una abogada pidió impugnar las candidaturas testimoniales del peronismo en Buenos Aires: “Engañan”

A menos de dos meses de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, una abogada presentó un pedido ante la Junta Electoral bonaerense para impugnar las llamadas candidaturas testimoniales, en su mayoría impulsadas por el peronismo. Se trata de dirigentes que se postulan a cargos legislativos con la intención de no asumirlos, estrategia que ya generó fuertes polémicas en elecciones anteriores.
Silvina Martínez, abogada y exfuncionaria de la Oficina Anticorrupción, advirtió que se trata de una maniobra que “engaña al elector al momento de votar, dándoles una opción falsa”. En su presentación formal citó el artículo 22 de la Ley Electoral provincial (Ley 5109) y reclamó que se intime a los candidatos señalados a presentar una declaración jurada que exprese su intención real de asumir el cargo si resultan electos.
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La denuncia menciona como casos paradigmáticos a varios intendentes peronistas: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Ishii (José C. Paz), todos ellos postulados a cargos legislativos sin intención, según la denunciante, de dejar sus actuales puestos ejecutivos.
Martínez también incluyó en su presentación los casos de Juan José Mussi (Berazategui), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Pablo Zurro (Pehuajó) y de la vicegobernadora Verónica Magario. Según la abogada, todos ellos han admitido públicamente, o dejaron entrever, que sus candidaturas tienen un carácter meramente testimonial.
“La mayoría de los candidatos mencionados son intendentes en ejercicio que han anunciado, pública o tácitamente, que no asumirán los cargos para los que se postulan”, sostiene el texto, y añade: “Las candidaturas obedecen a una estrategia electoral para fortalecer listas o asegurar el control político de sus distritos”.
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Como contracara, Martínez citó a otros intendentes que sí manifestaron públicamente su voluntad de asumir en caso de ser electos, como Mayra Mendoza (Quilmes), Julio Zamora (Tigre), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Pablo Petrecca (Junín).
En su escrito, la abogada recordó el antecedente de 2009, cuando la Cámara Nacional Electoral (CNE) analizó el caso de las candidaturas testimoniales de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa. En ese momento, el tribunal sostuvo que el principio de buena fe electoral exige que quienes se postulan lo hagan con intención efectiva de cumplir con el mandato conferido por el voto popular.
La letrada pidió que, si se comprueba la existencia de candidaturas simuladas, se tomen medidas “para preservar la integridad del proceso electoral” y evitar que se repita una maniobra que “viola los fundamentos del sistema de representación política”.
Las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires se celebrarán el próximo 7 de septiembre, en un clima político marcado por tensiones dentro del peronismo y con fuertes disputas por el control de los distritos más grandes del conurbano bonaerense.
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Candidaturas testimoniales,elecciones 2025,Junta Electoral,Silvina Martínez
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