POLITICA
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos y no habrá paro este fin de semana

La Empresa Argentina de Navegación Aérea anunció este viernes que se levantaron las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), ya que se dictó la conciliación obligatoria. El cese de tareas había sido anunciado para este fin de semana en reclamo de aumentos salariales.
“Las acciones pretendidas por el gremio no se llevarán a cabo y queda garantizado el normal funcionamiento del servicio esencial de navegación aérea en todos los aeropuertos de la Argentina, todos los días y en todas las franjas horarias”, detallaron en un comunicado.
La ATEPSA había anunciado este jueves que comenzará con paros que impedirán el despegue de los aviones: el sábado, de 13 a 17, en los vuelos internacionales, y el domingo, de 19 a 22, en el servicio de cabotaje, ante “una propuesta salarial inaceptable” por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Según el sindicato, que lidera Paola Barritta, la empresa “ofreció un 0% de aumento y pretende dar por cerrado el período paritario 2024/25 cuando llevamos más de 8 meses sin actualizaciones salariales”.
El plan de lucha anunciado comprendía paros parciales y por sector el martes 27 y miércoles 28, y el viernes 30 y sábado 31, día en que las medidas de fuerza iban a alcanzar a toda la aviación.
Además del reclamo salarial, ATEPSA denunció “los despidos ilegales de controladores, técnicos y operadores SAR, el vaciamiento de áreas clave, el posible cierre del centro de formación profesional y la falta total de respuestas por parte de las autoridades del sector».
Hace 24 horas, el Gobierno dispuso por decreto la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación y la salud, lo que obligará a los sindicatos que protesten a garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75%.
La palabra de Gerardo Martínez
La norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y lleva el número 340, está firmada por Javier Milei y sus 9 ministros y rescata lo que fijaba el DNU 70 en su capítulo laboral, que fue frenado por la Justicia tras una presentación de la CGT.
El sindicalismo rechazó el decreto 340 y anunció una fuerte ofensiva para frenar su aplicación. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, dijo a Infobae que “insistimos en la herramienta del diálogo consensuado para discutir y avanzar sobre cualquier modificación que deba hacerse en materia laboral, pero siempre con los actores sociales correspondientes, no sacando normativas de manera unilateral que vulneran los derechos fundamentales y la libertad sindical”.
“Este Gobierno le teme al diálogo y parece que no tiene herramientas legales para justificar sus objetivos pro-patronales”, agregó.
Martínez, de todas formas, afirmó que para la CGT “todas las disposiciones contempladas en el artículo 97 del DNU 70 continúan suspendidas por la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, por lo cual interpretó que » la declaración de invalidez constitucional del artículo 97 no se vería afectada».
Por eso el sindicalista consideró que el decreto 340 “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución e impone la actuación de la Justicia con los criterios aplicados en la sentencia de referencia».
Anticipó, en ese sentido, que “ya está trabajando el equipo jurídico de la CGT que ideó los lineamientos del amparo contra el DNU 70, analizando los caminos legales a seguir para llevar a la Justicia estas normativas que contradicen el orden constitucional e internacional en materia laboral” y, además, “se realizará la presentación de la queja correspondiente ante la OIT”.
POLITICA
Por qué Guillermo Francos levantó su exposición en el senado

La presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado de la Nación tuvo un final abrupto. Después de cuatro horas de exposición en un clima político tenso, el funcionario recogió sus papeles y abandonó el recinto sin previo aviso. Su salida intempestiva dejó la sesión en suspenso y obligó a la presidencia del cuerpo a reprogramar la continuidad del debate.
El detonante del retiro de Francos fue una acusación directa de la senadora Cristina López, de Unidad Ciudadana por Tierra del Fuego. Durante su intervención, la legisladora lo calificó de “mentiroso” y arremetió contra la política del Gobierno nacional para su provincia.
“Para usted y para el presidente Milei, Tierra del Fuego es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras, poco les importa la soberanía del Atlántico Sur, la causa Malvinas y el futuro de la Antártida”, afirmó López.
Ante la dureza de los términos, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, solicitó a la senadora que se retractara, a pedido del propio Francos. La legisladora ignoró la solicitud y continuó con sus críticas. En ese momento, el jefe de Gabinete se levantó de su asiento y se marchó del recinto. Voceros del funcionario justificaron su accionar: “Francos no acepta que le falten el respeto. Él siempre ha dado la cara en el Congreso”.
Tras un cuarto intermedio, la sesión se reanudó bajo la conducción de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, tomó la palabra y solicitó formalmente que se cite nuevamente al funcionario para que finalice su informe. La moción, que contó con el respaldo del resto de los bloques, fijó una nueva fecha: Francos deberá regresar al Senado el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
Antes del altercado, la exposición de Francos transitó por varios temas que generaron fuertes contrapuntos con la oposición e incluso con senadores aliados. Uno de los más cuestionados fue el veto presidencial a la ley que creaba un fondo de emergencia para Bahía Blanca, ciudad afectada por un violento temporal en marzo. Francos defendió la decisión y argumentó que la responsabilidad financiera primaria corresponde a la provincia y al municipio, no a la Nación.
Otro foco de debate fue la advertencia del jefe de Gabinete sobre el impacto fiscal de dos proyectos de ley con media sanción de Diputados que buscan mejorar los ingresos jubilatorios. Según Francos, su aprobación representaría un costo de 0,8% del PBI, algo que el Gobierno no está dispuesto a afrontar para preservar el equilibrio fiscal.
Senadores como Marcelo Lewandowski, de Unión por la Patria, se hicieron eco del reclamo unificado de los 24 gobernadores por una mayor porción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y una reformulación del impuesto a los combustibles. Francos admitió que la conversación con los mandatarios provinciales continúa abierta. “El tema de los ATNs lo podemos conversar. Todavía no hay acuerdo”, replicó.
El paro de actividades en el Hospital Garrahan también formó parte de la agenda. Francos sugirió que la protesta “tiene dos caras” y la vinculó a la reacción de los gremios por la implementación de un sistema biométrico para el control de asistencia y por haber sido desplazados de licitaciones clave de seguridad y residuos que históricamente obtenían empresas vinculadas a ellos.
En su discurso inicial, el jefe de Gabinete defendió los logros del Gobierno. Destacó que la inflación de mayo, del 1,5%, fue “el nivel más bajo registrado de los últimos cinco años”. Afirmó que, según el INDEC, los salarios superaron a la inflación en el primer trimestre y que “en nuestro primer año de gobierno 7 millones de argentinos salieron de la pobreza”, al tiempo que elogió la gestión de la ministra Sandra Pettovello por eliminar la intermediación en la ayuda social.
En materia de seguridad, resaltó que la tasa de homicidios de 2024 fue “la más baja de la historia argentina” y que los crímenes en Rosario disminuyeron un 65% con el Plan Bandera. Sobre el campo, evitó definiciones sobre la continuidad de la rebaja de retenciones para la soja, pero aseguró que el Gobierno trabaja para “sacar el peso del Estado de las espaldas de los productores”.
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POLITICA
La Justicia suspendió el DNU del Gobierno que eliminaba el feriado por el Día del Trabajador Estatal

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°3 otorgó una suspensión provisoria del DNU 430/2025, emitido por el Gobierno y publicado el 26 de junio, que derogaba el feriado del 27 de junio —el Día del Trabajador del Estado— para trabajadores de la administración pública nacional. La medida fue solicitada mediante un amparo presentado por ATE, que argumentó que la jornada se encontraba amparada por la Ley 26.876.
La acción legal buscaba declarar la inconstitucionalidad del artículo 1 del DNU, que derogó el artículo 2 de la ley que establecía el asueto. La jueza Moira Fullana consideró viable la cautelar, admitió la competencia del fuero laboral y dispuso la suspensión de los efectos del DNU “hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
#ÚLTIMO 🚨 | La Justicia laboral suspendió el decreto que eliminaba el feriado por el Día del Trabajador del Estado
El 27 de junio será feriado remunerado para los empleados estatales pic.twitter.com/pwGyQY3ZMg
— Nexofin (@Nexofin) June 26, 2025
ATE celebró el fallo como un “triunfo del derecho colectivo” y señaló que seguirán actuando hasta lograr la restitución del asueto de forma plena. El sindicato argumentó que el decreto es “ilegítimo” y que solamente el Congreso tiene facultad para derogar una ley sancionada —como la 26.876— que reconocía este día no laborable.
El Gobierno, por su parte, había justificado la medida como parte de una estrategia para reducir privilegios y fomentar una “cultura del trabajo”, sosteniendo que el Estado contaba con 19 feriados nacionales y que el asueto costaba alrededor de 11.000 millones de pesos. Además, indicó que, aunque se deroga el feriado, el día no correría para cómputos administrativos.
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POLITICA
Torres defendió la eliminación de los fueros en Chubut y apuntó contra los jueces que buscan evitar la consulta popular

COMODORO RIVADAVIA.- En la inauguración de la Ciudad Judicial de esta ciudad, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ratificó hoy la realización del plebiscito para eliminar los fueros de gobernadores, legisladores, jueces y dirigentes sindicales, que se votará el próximo 26 de octubre junto con las elecciones generales.
Además, Torres apuntó contra el presidente de la Asociación de Magistrados, el juez Claudio Petris, a quien acusó de intentar frenar la consulta popular con medidas cautelares y pedidos de inconstitucionalidad.
“Le pregunto al señor presidente de la Asociación de Magistrados, a qué le tiene miedo y cómo, siendo parte y contraparte, estando de los dos lados del mostrador, puede pensar en prohibirle al pueblo chubutense votar una ley que, en un sistema republicano como el nuestro, la Legislatura aprobó. ¿Por qué mejor no responde a mi pregunta públicamente y trata de persuadir a los chubutenses, en todo caso, a que voten en contra de la eliminación de los fueros?”, sostuvo Torres.
El gobernador habló frente a las autoridades de la Justicia provincial y estuvo acompañado del ministro de la Corte Suprema nacional Ricardo Lorenzetti.
Durante el acto, que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, Torres afirmó que los planteos impulsados por la Asociación de Magistrados representan “una acción de una gravedad institucional pocas veces vista en esta provincia”.
Apuntando nuevamente contra Petris, afirmó: “Lo que este juez quiere hacer es prohibirle al pueblo chubutense que vote democráticamente”. Además, señaló que está confiado en que los chubutenses acompañarán la enmienda impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura.
“Estamos en un momento en el que no podemos mirar hacia atrás ni hacernos los distraídos: cuando hay una avanzada de cualquier sector que pone en jaque la voluntad popular de terminar con los privilegios. Estoy profundamente convencido de que no va a ser el Gobernador quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad y de las demandas sociales, sino que serán los propios chubutenses quienes lo hagan, votando en octubre y luego pudiendo inflar el pecho para decir que somos la primera provincia de la Argentina en la que no existen los fueros, donde no hay ciudadanos de primera o de segunda, y donde la ley es igual para todos”, puntualizó Torres.
La Ciudad Judicial de Comodoro, un edificio de más de 16 mil metros cuadrados donde en una primera instancia comenzarán a funcionar los fueros Civil, Comercial, de Familia, Laboral y de Ejecución, y la Cámara de Apelaciones, comenzó a ser construido hace más de 20 años. Después de varias inauguraciones que quedaron en la nada, todo indica que finalmente abrirá sus puertas luego de la próxima feria de invierno.
Torres aseguró que “hace más de 23 años que se viene esperando la concreción de esta obra, que mientras estaba al 90% de ejecución generaba un gasto enorme en alquileres”. Y remarcó que el nuevo edificio apunta a desburocratizar, modernizar y acercar la Justicia a la ciudadanía”.
En la misma línea, agregó: “Esta obra es parte de una reforma estructural, que tiene mucho más sentido si avanzamos verdaderamente y con espíritu reformista, desde los tres poderes, en las verdaderas transformaciones que tenemos que hacer para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo”.
La importancia de la obra para el Poder Judicial se vio reflejada en la presencia de Lorenzetti, quien durante su intervención advirtió sobre la desconexión entre las instituciones y la ciudadanía. “El siglo XXI nos está sorprendiendo con un gran fenómeno: la enorme desconexión entre las instituciones y la sociedad”, advirtió.
“Este es un fenómeno global, pero del cual debemos ser muy conscientes, porque los cambios que vivimos en todos los países generan preocupaciones, temores y desilusión. Por eso, todos los poderes del Estado debemos hacer una fuerte autocrítica, y muy en particular el Poder Judicial. El esfuerzo debe ser enorme para resolver problemas concretos”, añadió el ex presidente del máximo tribunal.
En la misma línea, el ministro de la Corte agregó: “Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por resolver los problemas reales. Las leyes ya existen: hablan de igualdad, de derechos sociales, de ambiente, de género. Pero hay que hacerlas realidad”.
Tras la finalización del acto fue consultado por su opinión sobre las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, aunque eligió no referirse al tema. “No puedo opinar del caso. Eso está judicializado, de manera que yo lo tengo prohibido. No puedo opinar sobre eso, es un caso judicial”, argumentó.
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