POLITICA
El Gobierno dijo que Venezuela es “una maquinaria represiva” y acusó a Maduro de “terrorismo de Estado”

El gobierno argentino expresó este viernes una fuerte condena hacia el régimen venezolano, describiéndolo como “una maquinaria represiva” y acusando a Nicolás Maduro de practicar “terrorismo de Estado”. A través de declaraciones difundidas por Cancillería, denunciaron un proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos en territorio venezolano. La preocupación central se centra en la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, incluidos argentinos como el gendarme Nahuel Gallo.
“El Sr. Diosdado Cabello lidera una maquinaria represiva que se apoya en el miedo, el secuestro de inocentes, la desaparición forzada y el hostigamiento sistemático a los entornos familiares de los perseguidos”, aseguró Argentina.
Además, alertaron: “Todo ello se ha ejercido desde el poder del Estado, con amparo institucional y complicidad de las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia. Estas prácticas han recaído contra ciudadanos argentinos y de otras nacionalidades, que han sido víctimas de estas violaciones graves. Se trata de un patrón de represión que puede ser calificado como terrorismo de Estado, por su carácter sistemático, intimidatorio y arbitrario”.
Como respuesta, Argentina adelantó que “profundizará las denuncias penales internacionales, no solo contra el Sr. Diosdado Cabello, sino también contra todas las personas responsables de este entramado, exigiendo ante la Corte Penal Internacional que se expida con urgencia con relación a estos crímenes de lesa humanidad».
“Nuestro país exhorta a todas las naciones democráticas a unir esfuerzos para poner fin a la persecución y a la violencia ejercida desde las instituciones. El Gobierno argentino reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales y continuará impulsando todas las acciones necesarias para asegurar que estos crímenes no queden impunes y que todos sus responsables —materiales e intelectuales— enfrenten la justicia internacional con todo el peso de la ley», concluyó el comunicado de Cancillería.
Este viernes Venezuela reportó la detención de otro argentino. Según informó Diosdado Cabello, “número dos” del chavismo, el arrestado se llama Germán Darío Giuliani y su número de pasaporte es AAF598175.
Aún se desconocen los cargos que le imputa la Dictadura a Giuliani, pero su caso se suma al de Pablo Gonzalo Carrasco, un experto en ciberseguridad que ayer estuvo detenido acusado de “conspiración” y al del gendarme Nahuel Gallo, secuestrado desde el 8 de diciembre cuando viajó para visitar a su familia para las fiestas navideñas.
Según pudo saber Infobae, el gobierno argentino sigue de cerca la situación de Giuliani, tras el anuncio que hizo el hombre fuerte de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, en el marco de la agudización de la represión política a horas de las elecciones del domingo. “Ya estamos notificados y empezamos a trabajar. Están cada día peor y estamos analizando tomar decisiones más drásticas”, admitió una alta fuente de la Casa Rosada, que pidió reserva de identidad.
Ayer se conoció que un experto en ciberseguridad Pablo Gonzalo Carrasco, un ciudadano argentino que había ingresado a Venezuela con pasaporte italiano, fue detenido durante unas horas y luego liberado por la policía política del país caribeño, en medio de una redada masiva y preventiva que desplegó el régimen ante las elecciones del próximo domingo.
La detención encendió las alarmas de la Casa Rosada, que desde diciembre del año pasado exige la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que está secuestrado por el chavismo y con paradero desconocido.
El gobierno argentino tomó conocimiento la misma noche del miércoles sobre el caso de Carrasco y transmitió un mensaje urgente a la población: “Dejen de viajar a ese país, porque es un peligro. Los toman de rehén”.
Carrasco había ingresado para participar de un evento de ciberseguridad que organizó el banco Microfinanzas. El experto argentino forma parte de Red Teamer de 99Hat, una compañía que se dedica a brindar servicios y capacitación en seguridad informática.
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POLITICA
La abrupta salida de Guillermo Francos del Senado: del pedido de indulto a Cristina Kirchner a la acusación de “mentiroso”

“No tolero que me falten el respeto. ¿Para qué me voy a quedar, si no me creen?”, sentenció Guillermo Francos a dos medios acreditados en el Senado -uno de ellos, Infobae– antes de partir de la Cámara alta y dejar a mitad de camino el informe de gestión. El funcionario libertario fue acusado de “mentiroso” por la legisladora ultra K Cándida López (Tierra del Fuego), quien dinamitó el recinto y dejó mal parado a un Frente de Todos que, media hora antes, había calificado al jefe de Gabinete como hombre de la “política” y le sugirió la posibilidad de un indulto presidencial a la condenada Cristina Kirchner, que hoy cumple prisión domiciliaria.
Lo delirante de toda esta situación es que fue el propio jefe del peronismo, José Mayans, quien pidió calma a una senadora que continuó con su discurso y le abrió una generosa ventana Francos para retirarse, luego que éste pidiera sin éxito a la cristinista que se retractase. “Pero pará un poquito, che”, fue el reto del formoseño que se oyó en la transmisión oficial de la sesión, mientras se avanzaba hacia un desprolijo e incierto cuarto intermedio.
A esa altura, el caos generado por López ya era un regalo fabuloso para una Casa Rosada que, en su gran mayoría -el jefe de Gabinete, una de las excepciones-, utiliza de combustible diario los insultos y agresiones desmedidas por doquier contra cualquiera que se interponga en su camino. El recinto sólo se reactivó, ya sin el jefe de Gabinete, para definir una nueva convocatoria al funcionario para el miércoles próximo, a partir de las 11.
Media hora antes que todo esto ocurriera y, mientras transcurrían las preguntas desde el Frente de Todos, la nota fue dada por la rionegrina Silvina García Larraburu, quien en modo conmovedor dijo: “Le pido que ayude a reflexionar al presidente Javier Milei. Entrar en un proceso electoral, con la principal referente de la oposición encerrada, no le hace bien al Gobierno. Tienen una gran oportunidad, tiene una facultad que es única, que es la del indulto. Creo que sería un gran mensaje”, manifestó. Y añadió: “Tiene una gran oportunidad el presidente de la nación. Tenemos que poner en valor la política y la democracia. No le podemos ceder el poder de las decisiones más importantes a Comodoro Py”.
Otras definiciones previas al papelón
Francos dio un discurso inicial para resaltar “logros” de la gestión libertaria. Después, direccionó la lupa hacia el proyecto que mejora las jubilaciones ya aprobado por Diputados, con anuncio anticipado de potencial veto presidencial en caso que el Senado sancione la ley.
“Según datos oficiales, en nuestro país tenemos 1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria. Estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”, explicó.
La ley previsional que aprobaron diversos opositores en Diputados -algunos macristas, se abstuvieron- implica un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto los regímenes especiales- y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. Con menos votos fue avalada en la Cámara baja la restitución por dos años de la moratoria, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder al haber mínimo.
El jefe de Gabinete no pudo evitar las críticas por el tentempié que dejó la Casa Rosada en la previa del informe, tras el veto presidencial a la emergencia para Bahía blanca, tras la catástrofe de meses atrás. Por caso, el radical bonaerense Maximiliano Abad le espetó: “La ley tiene un alcance más amplio que el decreto 238 del Ejecutivo. No se limita a las urgencias, sino que aborda cuestiones estructurales. Busca recuperar la infraestructura dañada, apoyar a las pymes y emprendedores, y reactivar el circuito productivo local”.
Abad agregó: “Estamos hablando de una situación catastrófica que provocó muertes y daños materiales enormes. La ciudad debe encarar una etapa de reconstrucción y readaptación que la prepare mejor frente a futuros temporales. La reparación de las viviendas particulares es imprescindible, pero no alcanza”.
Francos también fue consultado sobre la falta de obra pública, la penosa actualidad del hospital Garrahan en cuanto a salarios de sus profesionales, pasos fronterizos y políticas productivas.
POLITICA
Las reglas que fija la ley para un juicio en ausencia

El juicio en ausencia, como el ordenado en la causa AMIA, es un juicio oral similar al que afronta cualquier acusado, con fiscal, testigos que declararan frente al tribunal, análisis de distintas pruebas, alegatos y un veredicto. Sin imputado no hay indagatoria y esa es la diferencia central.
Aunque no esté presente, el acusado no pierde su derecho de defensa. Por eso, el primer paso consiste en notificar “al defensor y, en su caso, a los familiares o allegados del imputado” de la decisión judicial de continuar con el proceso en ausencia.
No cualquier juicio puede hacerse en ausencia. Es solo para determinados delitos graves previstos por la ley.
“Si el imputado declarado ausente no tuviere defensor, el juez le designará uno de oficio”, dice el Código Procesal Penal, que prevé que en cualquier etapa del proceso el imputado pueda “designar un defensor de su confianza”. Será entonces el abogado defensor quien ejerza los derechos que las leyes le confieren a los acusados.
Para que el juicio en ausencia sea válido debe ser “registrado por medios audiovisuales”. Y tanto esos registros como los elementos de prueba ofrecidos “deberán ser resguardados hasta la culminación definitiva del juicio” y preservados por 100 años.
Un juicio que comenzó “en ausencia” puede dejar de serlo. La ley prevé expresamente que el imputado está habilitado a presentarse durante la realización del debate y “tendrá derecho a ser oído”.
Una vez que se dictó la sentencia condenatoria, también podrá presentarse -dentro de los 10 días- y solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre que acredite que no se enteró del proceso en su contra o que se enteró pero tuvo un “grave y legítimo impedimento” para asistir.
Además, el condenado podrá interponer un recurso de revisión contra la sentencia firme, siempre que existan “hechos o elementos de prueba que, solos o unidos a los ya examinados en el proceso, demuestren que el hecho no existió, que el condenado no es responsable, que su participación en el hecho fue distinta de la establecida en la sentencia, que el hecho encuadra en una norma penal más favorable o que la pena impuesta no está justificada”.
El condenado tendrá derecho, además, a todos los recursos que le corresponderían en un juicio común, que podrán ser intentados por su defensor.
El juicio en ausencia es ley desde marzo de este año. Lo promovió el Gobierno y desde un primer momento fue pensado como una forma de avanzar con el proceso por el atentado a la AMIA.
El juicio en ausencia procederá únicamente contra un imputado que está rebelde y, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presenta en los tribunales, dice la ley. También, si se libró una orden de captura pero pasaron cuatro meses y no se lo encontró, o si fracasó el pedido de extradición.
El juicio en ausencia está previsto para delitos graves como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, la desaparición forzada de personas, la tortura y el terrorismo.
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El Gobierno celebró la decisión de realizar el juicio en ausencia a los acusados por el atentado a la AMIA

El Gobierno festejó la decisión de la Justicia de que 10 acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 sean juzgados en ausencia. Se trata de una resolución del juez federal Daniel Rafecas a raíz de un pedido de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA).
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó en sus redes: “Los terroristas acusados del atentado a la AMIA podrán ser juzgados. Gracias a la Ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA, en el que asesinaron a 85 argentinos”.
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Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, AMIA
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