POLITICA
El Gobierno dio de baja 7000 contratos de trabajadores estatales que ingresaron este año: los detalles
El Gobierno afina los detalles del decreto que dará de baja 7000 contratos de trabajadores estatales. (Foto: ATE).La semana pasada, Unidad Piquetera marchó «contra el ajuste del gobierno de Milei». (Foto: Télam)
El Presidente Javier Milei está decidido a aplicar el plan de ajuste que ya tuvo sus primeras medidas de shock en las poco más de dos semanas que lleva el gobierno nacional en funciones. Además del DNU publicado días atrás y el paquete de medidas que se tratará en extraordinarias a partir de este martes en el Congreso, el mandatario anticipó que “hay más”.
En este sentido, el Gobierno avanzó con un decreto que deja sin efecto 7000 contratos estatales que ingresaron este año. En concreto, se trata de la no renovación de los vínculos laborales. Pero además, habrá un período de evaluación de 90 días para el resto de los contratos estatales.
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Entre las excepciones que hace el DNU se encuentran aquellos cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales, el personal que haya prestado tareas previas al 1° de enero de 2023 y haya modificado su modalidad de contratación y los contratos que los titulares de las jurisdicciones consideren indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción.
La normativa también establece que los contratos estatales cuya fecha de ingreso sea previa al 1° de enero de 2023 no podrán ser renovados por un periodo mayor a los noventa días corridos.
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En su artículo 4°, establece: “Instrúyese a las autoridades competentes de cada jurisdicción mencionada en el artículo 1° a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”.
Y aclara: “En el caso de que las autoridades decidan renovar dichos contratos, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de continuar con la contratación”. La decisión se informó este martes a través en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Javier Milei.
Así, la medida alcanza a los empleados transitorios “y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, así como también a los entes públicos, incluidos, por ejemplo, la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
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Además, se remarca que esta decisión se toma en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 8 del 10 de diciembre de 2023, uno de los primeros que firmó Milei, a partir del cual se modificó la ley de Ministerios, pasando a tener solamente nueve carteras “con la finalidad de racionalizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones efectuadas”.
Junto con la oficialización de esta medida, el Gobierno enviará esta semana al Congreso el paquete de normativas que busca profundizar las reformas del Estado, que se inició con el DNU con 300 derogaciones en pos de la desregulación de la economía.
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En esta oportunidad se sumarán iniciativas que no pudieron estar incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia, dado que referían a temáticas ligadas a lo tributario o lo electoral, como la vuelta atrás de la modificación del Impuesto a las Ganancias y el impulso de la Boleta Única de Papel, entre otras.
En tanto, este miércoles 27 tanto ATE como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), tendrán sus jornadas de “lucha” y movilización. Ambas organizaciones están en estado de alerta permanente respecto de las decisiones del Gobierno y lo que puede suceder con la continuidad de los puestos de trabajo en el Estado.
El jueves, además de la confederal de la CGT, habrá asambleas y plenarios en todas las centrales de trabajadores y en las organizaciones sindicales para debatir si escalarán en el plan de lucha con la convocatoria a un paro general antes de cumplirse un mes de mandato de Milei o si lanzarán otras medidas de fuerza antes.
POLITICA
Senado | La oposición dialoguista quiere investigar el escándalo de las criptomonedas y complica los planes del oficialismo
Encabezados por el fueguino Pablo Blanco, cinco senadores de la UCR presentaron esta tarde un proyecto de resolución para crear una comisión especial investigadora para “analizar y esclarecer” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que tiene a Javier MIlei como protagonista de una supuesta estafa con operaciones financieras relacionadas con la moneda virtual que el jefe del Estado promocionó en sus redes sociales el último viernes.
La iniciativa cayó como una bomba política a pocas horas del almuerzo que la vicepresidenta Victoria Villarruel compartirá este martes con los presidentes de los bloque dialoguistas en el Senado, encuentro que será clave para definir la suerte y el contenido de la sesión que el oficialismo pretendía celebrar el próximo jueves y en el que tenía decidido avanzar con el proyecto de suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y, en el caso de tener los votos, con el pliego que nomina al juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia.
Los planes del oficialismo quedaron desvirtuados tras el affaire en el que quedó involucrado Javier MIlei al promocionar en su cuenta de la red social X una criptomoneda que terminó perjudicando a pequeños inversores que apostaron sus ahorros en un activo cuyo valor se derrumbó poco tiempo después, cuando un pequeño grupo de tenedores de grandes cantidades salió a venderlo para hacerse con la ganancia.
El panorama se podría complicar aún más con el reclamo que llega desde otros bloques de la oposición dialoguista, que no descartaban la posibilidad de exigir la presencia ante las comisiones del Senado de la secretaria general de la Presisencia, Karina Milei, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
“La prioridad es la suspensión de las PASO y punto. El resto dependerá de los votos que hayan y del quórum”, aseguraron en un despacho cercano a la vicepresidenta. Al respecto, fuentes legislativas aseguraron que, a priori, el pliego de Lijo no tendría ni el respaldo para ser aprobado, requiere del apoyo de los dos tercios de los presentes, ni el apoyo para habilitar su debate en el recinto de la Cámara baja.,
El proyecto podría convertirse en la moneda de cambio exigida por la oposición dialoguista a cambio de dar quórum para habilitar la sesión. “Tener sesión porque lo necesita el Gobierno sin nada a cambio, no”, le dijo a LA NACION un legislador de Pro que apoya la idea de que el Congreso tome cartas en el caso de la criptomoneda. “Después del escándalo que se armó no estamos dispuestos a hacer cómo si nada hubiera pasado”, agregó el senador.
Además del pliego de Lijo, también corre serio riesgo de quedar postergado el debate de los proyectos de ley que endurecen las condiciones de excarcelación para los imputados en varias causas por el mismo delito (reiiterancia) y la reglamentación del juicio en ausencia. Ambos ya fueron aprobado por la Cámara de Diputados.
El proyecto sobre las criptmonedas lleva la firma, además del fueguino blanco, del jefe de la bancada, Eduardo Vischi (Corrientes), de Martín Lousteau (Capital), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca) y propone la creación de una comisión investigadora integrada por 17 senadores que tendrá por misión “investigar, analizar y esclarecer aquellas conductas, actividades y operaciones que resultaren presuntamente fraudulentas y/o irregulares, relacionadas directa o indirectamente con la publicación realizada en la red social X, el día viernes 14 de Febrero del corriente por el Presidente de la Nación Javier Milei, mediante la cual promocionó la cripto/token/memecoin $Libra, y su posible participación en la presunta defraudación vinculada a ésta”.
La Comisión tendrá una duración de 180 días a partir de su constitución y vencido el plazo tendrá que presentar un informe final. En tres las facultades que tendrá, el órgano investigador podrá recabar todo tipo de información a personas físicas y jurídicas, ya sean de carácter publico o privado, y se aclara de manera explícita que “en ningún caso será oponible a la comisión el secreto bancario y fiscal”.
También podrá requerir, orden de la justicia mediante, “allanamientos, requisas y toda otra medida probatoria que requiera el auxilio de la fuerza pública”. Además. tendrá la facultad de citar a declaraciones testimoniales a las personas que así lo decida y realizar investigaciones de oficio, pedir información al Servicio de Inteligencia Nacional, entre otras medidas.
En su último artículo, el proyecto estipula que “si como consecuencia de la investigación se advirtiera la comisión de actos que pudieran considerarse infracciones o delitos, la Comisión deberá formular la denuncias pertinentes ante la justicia competente, aportando los elementos de prueba recopilados”.
Apalancado en los éxitos legislativos conseguidos en la Cámara de Diputados, la Casa Rosada se entusiasmó con la idea de armar esta semana una sesión en la que pensaban incluir, además de la suspensión de las elecciones primarias, el pliego de Lijo, reiterancia y juicio en ausencia. El tuit de Milei apoyando una criptomoneda fantasma puso en dura esos planes.
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