El testimonio de Daniela Reyes, una mujer de 29 años que enfrenta un cáncer extraño y complejo, expone en un caso que se viralizó en las redes sociales el impacto que produce la grave crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que afronta una deuda de $160.000 millones y mantiene cortadas las prestaciones médicas de alto costo, según coinciden varias denuncias de afiliados.

“Tengo cáncer de uraco con metástasis en los pulmones. El viernes me anunciaron que se cortó la obra social con mi oncólogo, un excelente profesional. Tengo que pagar las quimios. Me llegan los medicamentos, pero no sé cómo seguirá la situación con la interrupción de la obra social”, relató Reyes, esposa de un militar, al propagar su reclamo en las redes.

Reyes reveló que debía hacerse otro estudio, que Iosfa no le cubre. “Una videocolonoscopia, para ver si tengo metástasis en el colon también. Hay mucha gente que está pasando por esto”. Al dar a conocer su caso, resumió: “Salí de la quimio y vine a la marcha porque quiero vivir”, en referencia a una movilización frente a la sede central de Iosfa, en la calle Paso 551, que tuvo réplicas en delegaciones de varias provincias.

También la Fundación Huésped denunció que el Gobierno “no está garantizando la entrega de medicación esencial para personas con HIV” y reclamó soluciones al ministro de Defensa, Luis Petri.

La lista de afectados por la crisis de la obra social de los militares reúne a pacientes que necesitan remedios oncológicos, los que son sometidos a trasplantes, los pacientes que afrontan patologías crónicas severas y, en el caso de las personas con diabetes, los que son insulinodependientes.

La problemática de la obra social se da en momentos en que más de 2200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad dejaron la fuerza en lo que va del año, principalmente a raíz de los bajos salarios.

En la Armada las bajas afectaron la dotación de oficiales en algunas áreas técnicas claves, como el sector de máquinas, en las jerarquías de tenientes de fragata y tenientes de navío, dijo una fuente naval.

En la sede principal de Iosfa tienen sus oficinas el Directorio y la presidencia de la obra social de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que desde hace un mes ejerce la contadora Betina Surballe. Es la tercera titular de Iosfa en los 20 meses que lleva la gestión de Petri en Defensa. Sus antecesores Oscar Sagás y Roberto Fiochi renunciaron en medio de escándalos por la caótica situación de la entidad, que en diciembre de 2023 tenía sus cuentas en orden y hoy afronta un pasivo que crece en $19.000 millones por mes.

En los ocho meses que duró la gestión de Fiochi se pidió un polémico préstamo por $40.000 millones ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), el organismo dedicado al pago de pensiones y retiros militares que entonces dirigía Surballe, ahora titular del Iosfa. A los pocos días de entrar en funciones en la obra social, Surballe le pidió al ministro Petri que relevara y cambiara a los representantes que las Fuerzas Armadas tienen en el Directorio de la obra social, que habían tenido conflictos con las gestiones anteriores.

El préstamo por $40.000 millones se gestionó con un interés anual que, según se informó en una reunión del Directorio, inicialmente ascendía al 35% y finalmente se fijó en 52 por ciento. Y el monto es devuelto en cuotas mensuales por los propios afiliados a la obra social, lo que acrecienta el malestar en las filas castrenses.

Con un padrón de 600.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social más grande del país, después del PAMI y de IOMA. Se creó formalmente en 2013, a partir de un decreto de Cristina Kirchner que unificó las obras sociales que funcionaban por separado: el Instituto Obra Social del Ejército (IOSE), la Dirección de Bienestar de la Armada y la Dirección de Bienestar del Personal de la Fuerza Aérea.

Hoy la obra social tocó fondo y así lo ratifica el testimonio de una afiliada que se presenta en X como @LiberSociologa, al revelar a comienzos de este mes que “Iosfa le debe plata al Centro Metropolitano de Ojos” y transmitir su queja porque la habían llamado para cancelar un turno que tenía con la oftalmóloga.

“Yo no entiendo cómo Iosfa le debe plata a sus prestadores con la guita que nos sacan a nosotros. Yo gano $837.000, con 15 años de antigüedad, siendo profesional y con cinco títulos universitarios, y me sacan de mi sueldo $60.000. Nos descuentan el 6%, cuando la ley dice que no nos pueden retener más del 3% para obras sociales”.

La afiliada advirtió que Iosfa no figura en la Superintendencia de Salud porque no es considerada una prepaga, ni una obra social. “Es un instituto, o sea es una chantada. Tenemos que pagar una prepaga aparte porque Iosfa siempre funcionó muy mal”, alertó en las redes.

Un drama que se intensificó en las últimas semanas es que la obra social de los militares no entrega medicación oncológica a sus afiliados. Distintas voces llaman a visibilizar esta grave problemática y piden ayuda. La hija de un suboficial mayor retirado, con el usuario @ForbetilP, replicó el mensaje en X y advirtió: “Mi papá está pasando por lo mismo, es una vergüenza”.

Julián Alvez relató también en X que hace dos semanas tomó un Uber y el conductor le contó que maneja un remise para llegar a fin de mes porque trabaja en la Armada -en un área muy especializada- y que gana $800.000. “El mes pasado les aumentaron $5000 y tiene que pagar su atención médica porque nadie le acepta Iosfa. Triste”, compartió.

La vicepresidenta Victoria Villarruel decidió cerrar la guardería y el jardín maternal que funcionaban en el Senado y ceder sus bienes a un establecimiento similar que hay en la Cámara de Diputados. La decisión se oficializó a través de los decretos 401/25 y 394/25 de este mes.

Ya en octubre, la titular de la Cámara alta había suspendido toda la actividad del lugar, que funcionaba en la planta baja y el primer piso de un inmueble que estaba en manos del Senado -en la calle Moreno 2010-, “por presentar vicios estructurales” que lo hacían “impropio” para su uso.

En ese momento, Villarruel planteó que en las gestiones anteriores hubo “negligencia, desconsideración y temeridad” por habilitar que la guardería funcionara pese a los riesgos para niños y trabajadores.

En julio de 2015, cuando Amado Boudou era vice de Cristina Kirchner, inauguró el jardín de infantes del Senado en ese edificio, que era propiedad de la Dirección de Ayuda Social para el personal del Congreso (DAS) y que lo cedió al Senado para que funcionara allí el establecimiento educativo. Ahora, Villarruel también dispuso que vuelva a manos de la DAS.

Según detalló la vicepresidenta en su decisión, cuando notó los problemas que tenía el lugar mandó a la Dirección de Obras y Mantenimiento a evaluar “distintas propuestas” para “acondicionarlo”. Sin embargo, planteó que a través de un estudio esa dependencia observó que era “imposible” la readecuación, por las condiciones de base de la edificación.

En base a eso, Villarruel sostuvo que no era posible reabrir ahí la guardería ni el jardín, mientras que dijo que tampoco tenía otra finalidad para dar al edificio en el ámbito del Senado. Por eso procedió a su devolución.

Asimismo, autorizó a la Subdirección de Recursos Humanos a donar a la Asociación del Personal Legislativo y a Diputados diferentes bienes patrimoniales que pertenecían a la guardería que funcionaba en la Cámara alta, para cedérselos al Jardín Materno Infantil “El Gato Garabato”, que depende de la Cámara baja y está ubicado en el Anexo A.

Entre el material que pasará del Senado a Diputados hay sillas, mesas, juguetes, juegos, pizarrones, corralitos, mantas y practicunas, entre otras cosas.