El Gobierno avanza con la idea de quitarles poder a las organizaciones sociales y disolverá más de 300 unidades de gestión que funcionaban como intermediarios del ya extinto plan Potenciar Trabajo.

Las unidades de gestión estaban a cargo de los movimientos sociales y de las organizaciones piqueteras, y su función era controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con el trabajo requerido para poder cobrar el plan social.

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Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denuncian que la gestión no solo fue ineficaz, sino que le costó al estado nacional alrededor de US$34 millones solo durante el 2023 ya que recibían financiamiento para realizar cursos o actividades comunitarias que la Casa Rosada entienden no tuvieron el resultado esperado.

Planes sociales: el Gobierno saca como intermediarios a 300 unidades de gestión y busca ahorrar US$ 34 millones al año

El principal motivo por el que el Gobierno señala que la intervención de las unidades de gestión no mantuvieron una gestión exitosa tiene que ver con la estabilidad en el número de beneficiarios.

Desde la creación del plan Potenciar Trabajo hasta el cierre que fue la semana pasada, las únicas bajas registradas -dicen desde Capital Humano- responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite. “Esto demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal. Se evidencia una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socioeconómica de los participantes”, señalaron a TN.

Es por eso que para esta nueva etapa ya no tendrán la capacidad de certificar que los beneficiarios de los nuevos programas realicen la contraprestación. Será un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina o Mi Anses.

La decisión del Gobierno llega en medio de una denuncia de una beneficiaria con Telenoche, que reveló que una puntera política se quedaba con más de $un millón por mes de los planes sociales. Además, la mujer reconoció que no realizaba ninguna tarea, pero percibía los $78.000 del programa social.

Con la creación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, sumado a la eliminación de las 304 unidades de gestión, el Gobierno busca avanzar en una nueva etapa donde sea eliminada por completo la intermediación entre beneficiarios y punteros.

La cartera conducida por Pettovello busca mantener una relación directa con el beneficiario y por eso impulsará el pago de los planes sociales sin la necesidad de que una organización social deba controlar que se cumple con la contraprestación.

“Los nuevos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos por parte de las Unidades de Gestión”, explican en la documentación a la que tuvo acceso TN.

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Los casi 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo serán derivados a los dos grandes programas. En este sentido, se espera que unas 975.000 personas pasen a estar bajo la órbita del programa denominado “Volver al Trabajo”, que se centrará en aquellos beneficiarios que tengan entre 18 y 49 años.

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Este programa buscará que los beneficiarios incrementen su capacitación laboral para intentar obtener herramientas que le permitan pasar al empleo formal y dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Una de las características centrales de este programa es que permitirá a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir, que si una persona beneficiaria del “Volver al Trabajo” obtiene un trabajo formal con un sueldo de hasta $540.000 mantendrá por dos años la prestación del Estado.

Mientras que aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo que hasta hoy presentaban una situación de extrema vulnerabilidad social pasarán a formar parte del programa “Acompañamiento Social”.

Este plan social estará dirigido a los mayores de 50 años; las madres de más de cuatro hijos y los adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.

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