POLITICA
El Gobierno eliminó como intermediarias de planes a 300 organizaciones y busca ahorrar US$ 34 millones al año
El Gobierno avanza con la idea de quitarles poder a las organizaciones sociales y disolverá más de 300 unidades de gestión que funcionaban como intermediarios del ya extinto plan Potenciar Trabajo.
Las unidades de gestión estaban a cargo de los movimientos sociales y de las organizaciones piqueteras, y su función era controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con el trabajo requerido para poder cobrar el plan social.
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Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denuncian que la gestión no solo fue ineficaz, sino que le costó al estado nacional alrededor de US$34 millones solo durante el 2023 ya que recibían financiamiento para realizar cursos o actividades comunitarias que la Casa Rosada entienden no tuvieron el resultado esperado.
Planes sociales: el Gobierno saca como intermediarios a 300 unidades de gestión y busca ahorrar US$ 34 millones al año
El principal motivo por el que el Gobierno señala que la intervención de las unidades de gestión no mantuvieron una gestión exitosa tiene que ver con la estabilidad en el número de beneficiarios.
Desde la creación del plan Potenciar Trabajo hasta el cierre que fue la semana pasada, las únicas bajas registradas -dicen desde Capital Humano- responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite. “Esto demuestra la incapacidad para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal. Se evidencia una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socioeconómica de los participantes”, señalaron a TN.
Es por eso que para esta nueva etapa ya no tendrán la capacidad de certificar que los beneficiarios de los nuevos programas realicen la contraprestación. Será un vínculo directo entre el Estado y los beneficiarios a través de la aplicación Mi Argentina o Mi Anses.
La decisión del Gobierno llega en medio de una denuncia de una beneficiaria con Telenoche, que reveló que una puntera política se quedaba con más de $un millón por mes de los planes sociales. Además, la mujer reconoció que no realizaba ninguna tarea, pero percibía los $78.000 del programa social.
Con la creación de los programas “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, sumado a la eliminación de las 304 unidades de gestión, el Gobierno busca avanzar en una nueva etapa donde sea eliminada por completo la intermediación entre beneficiarios y punteros.
La cartera conducida por Pettovello busca mantener una relación directa con el beneficiario y por eso impulsará el pago de los planes sociales sin la necesidad de que una organización social deba controlar que se cumple con la contraprestación.
“Los nuevos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos por parte de las Unidades de Gestión”, explican en la documentación a la que tuvo acceso TN.
Los casi 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo serán derivados a los dos grandes programas. En este sentido, se espera que unas 975.000 personas pasen a estar bajo la órbita del programa denominado “Volver al Trabajo”, que se centrará en aquellos beneficiarios que tengan entre 18 y 49 años.
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Este programa buscará que los beneficiarios incrementen su capacitación laboral para intentar obtener herramientas que le permitan pasar al empleo formal y dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Una de las características centrales de este programa es que permitirá a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir, que si una persona beneficiaria del “Volver al Trabajo” obtiene un trabajo formal con un sueldo de hasta $540.000 mantendrá por dos años la prestación del Estado.
Mientras que aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo que hasta hoy presentaban una situación de extrema vulnerabilidad social pasarán a formar parte del programa “Acompañamiento Social”.
Este plan social estará dirigido a los mayores de 50 años; las madres de más de cuatro hijos y los adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.
POLITICA
Un plebiscito para la hegemonía mileísta
Las elecciones de medio término suelen ser un examen sobre lo realizado por un gobierno tanto como el trampolín o la oquedad, de cara al futuro. La gloria o Devoto. Santiago Caputo lo sabe y Javier Milei lo internalizó y lo explicita.
Por eso, el Presidente ya anunció, con su conocida audacia (o temeridad), que pretende que los comicios de octubre de 2025 sean un plebiscito sobre su gestión. Mucho más que una simple y regular elección de legisladores nacionales y provinciales, que determine la composición de los poderes legislativos. Por más relevante que este proceso pueda ser. Una cosa, en definitiva, lleva a la otra.
La imagen de un oficialismo fortalecido y de una oposición descompuesta que hoy muestran las encuestas así como las noticias que surgen de cada espacio y la percepción mayoritaria que la sociedad tiene de cada uno son el combustible que alimenta toda las ilusiones libertarias y difumina cualquier nubarrón que asome sobre el horizonte de acá a diez meses. Una eternidad para la Argentina de siempre y más para la velocidad con la que cambian las cosas en estos tiempos. Pero en las buenos épocas solo hay lugar para soñar y no para imaginar pesadillas.
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Traducir en votos propios el porcentaje de imagen positiva que arrojan los sondeos es para el triángulo de hierro del poder tan relevante como convalidar en las urnas la profunda división y debilidad que existe en las fuerzas opositoras. Lo que importa para la Casa Rosada es el impacto dinámico que el resultado tendría a futuro en el ánimo de sus adversarios y en la opinión pública, más que la estática y formal distribución de bancas del Congreso que arrojaría el recuento de los votos.
Las idea dominante (basada en numerosos antecedentes, algunos muy recientes) es que las mayorías se construyen más sobre el poder real presente y las expectativas que por la pertenencia partidaria original de los elegidos.
Peronistas como el mochilero Edgardo Kueider y su compañero de bloque Carlos “Camau” Espínola, o los legisladores tucumanos jaldistas son más que botones de muestra. A esa mercería también han hecho significativos aportes Pro y el radicalismo. Y prometen con seguir haciéndolo otros si al oficialismo le siguen soplando vientos favorables.
El fundamento que sostiene la táctica y la estrategia del mileísmo es la certeza de que seguirá siendo formalmente una fuerza minoritaria en el Congreso, aún cuando haga una muy buena elección como la que podría aspirar hoy.
Por lo tanto, para cambiar la relación de fuerzas y poder legislar y gobernar con menos (o nulas, si es posible) restricciones y así construir el escenario que se propone, el oficialismo libertario necesitará de algo más que del número de legisladores que surja de los fríos porcentajes electorales. Eso dependerá del sentido de que se dote al resultado, del significado que adquiera y del peso simbólico que logre darle.
Los antecedentes demuestran que para los gobiernos en minoría parlamentaria, las elecciones de medio término son relevantes tanto por su propia performance como por la de sus adversarios (internos o externos).
Las victorias del oficialismo de Néstor Kirchner, en 2005, y del de Mauricio Macri, en 2017, dejaron enseñanzas disímiles. Uno consolidó su proyecto y anuló construcciones opositoras. El otro abroqueló a sus adversarios y no expandió ni afianzó su propia alianza. Ganar no siempre implica imponerse.
El objetivo final libertario es, por lo tanto, construir a partir de las elecciones de 2025 una hegemonía, que es mucho más que una mayoría, capaz de concretar un cambio radical (el triunfo de la batalla cultural) que imponga no solo un nuevo sentido común sino que tenga su correlato institucional.
Reforma constitucional
En el final de ese camino se encuentra, casi por defecto, una reforma constitucional, como ya le ha anticipado Santiago Caputo a varios interlocutores. El propósito es borrar de la carta magna cualquier vestigio de constitucionalismo social para volver al proyecto liberal alberdiano original, alterado no solo por las reformas de 1957 y de 1994, que incluyeron nuevos derechos no solo individuales.
También, el sueño libertario acuna la ilusión de quitar algunos principios surgidos de las reformas de 1860 y 1866, en particular en lo que refiere a la coparticipación. Que cada uno (empezando por las provincias) viva de lo que produce y exporta. Esa es la idea subyacente. Ni más ni menos, Aunque esté aún estado muy germinal, ya tiene sus promotores dentro del gobierno y entre algunos de sus formadores de opinión, sobre todo del ala económica. Otra idea de Nación.
Aunque Caputo diga abiertamente que “hay que volver a la Argentina de antes de 1916″ (nota al pie: cuando accedió al poder el primer Presidente elegido por el sufragio secreto y obligatorio), el retrofuturismo puede ir todavía más atrás. También podrían buscar revertir algunos importantes avances cívico-sociales fundacionales, impulsados hasta por otro prócer de los libertarios, como Julio Argentino Roca. Entre los ideólogos mileístas no escasean los que reniegan, por ejemplo, de la educación obligatoria, gratuita y común, no ya de la reciente ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Quién cree que al mileísmo quiere cambiar solo la matriz económica?
La construcción electoral tiene ese norte aunque en lo inmediato asomen muchos ítems y tareas bastante más pedestres (y menos nobles), que no pueden eludir, aunque quisieran. El decisionismo personalista tiene limitaciones. Todavía.
La construcción en marcha de la fuerza oficialista en todo el país así como la cooptación de dirigentes y voluntades son tareas cotidianas a las que el trío metalero Javo-Kari-Santi les dedican tiempo, esfuerzo y recursos (con buenas y no tan bellas artes). De nuevo, Kueider, Espínola, los radicales con peluca, como Mariano Campero o flamantes exmacristas como el subjefe de espías Diego Kravetz pueden dar fe.
La consolidación de la identidad es un objetivo estratégico. Nada de lo que pueda poner en riesgo la nitidez del espacio libertario tiene cabida.
La construcción de alianzas solo podría tener lugar en la medida en que no puedan dejar dudas de que la orientación y el liderazgo son indiscutiblemente mileístas. Y de que son imprescindibles para asegurar el éxito mayor. Cualquier asociación que amague con desteñir el violeta está cancelada. Al menos, hoy. Lo explicitó ayer Milei: “Con Pro vamos juntos en todos lados o, si no, iremos separados”. Él fija las condiciones.
Esa es la encrucijada vital que enfrentan hoy Mauricio Macri y los que aún no dudan de su autoridad y liderazgo dentro del Pro. Son los que todavía esperan que las frías aguas del Nahuel Huapi esclarezcan al expresidente y le aporten el vigor y la motivación para la tarea política que le han visto flaquear últimamente. Otras actividades parecían haber concentrado su libido.
Las esperanzas macristas de ser socios de los libertarios con derecho a voto en el directorio de la empresa dominante se van diluyendo día a día, con los logros macroeconómico-financieros del Gobierno, la defección de muchos de sus dirigentes y la desafección de una parte de sus votantes, cuya magnitud no logran dimensionar, a los que no les ofrecen identidad ni narrativa claras. Por eso, lo último es prioridad.
“En el primer trimestre de 2025 tenemos que definir y comunicar qué somos, dónde estamos y qué proponemos”, dice con más preocupación que ilusión una de las figuras a las que Macri suele escuchar.
El operativo de acoso con pretensiones de derribo encabezado por Karina Milei sobre el bastión macrista porteño aceleró los tiempos.
La posibilidad de que “El jefe” encabece una lista, sea en la ciudad de Buenos Aires o en territorio bonaerense, dejó de ser un especulación lejana, casi descartada, sobre la base de que la secretaria general de la Presidencia y soporte primordial de su hermano no dejaría ese lugar imprescindible para el Presidente.
La posibilidad de una candidatura testimonial, que nunca llegaría a asumir en el cargo para el que fue elegida, empieza a ser evaluada. La muy relativa contundencia con la que altas fuentes de la Casa Rosada niegan alguna probabilidad de esa alternativa alimenta sospechas en lugar de despejar dudas y temores.
El peronismo, en tanto, se asume como pocas veces en su historia como una fuerza en declive y casi naturaliza un escenario de derrota en 2025, salvo algunos exponentes que confían la vigencia de su pasado más que en la vitalidad de su presente y en su proyección a futuro.
El avance de la Justicia sobre Cristina Kirchner confunde a sus fieles, que ven ese proceso como un activo que la potencia a causa de la victimización. Pero el hechizo solo sigue teniendo efectividad sobre los creyentes, un núcleo duro en el que el piso y el techo se tocan. Axel Kicillof lo ve, pero por ahora no sabe, no puede o no se anima a cortar el cordón umbilical.
El avance del Gobierno sobre la Corte Suprema, de cuyas formas y tiempos todavía no hay certezas definitivas, aunque sí de la intención, también va en línea con la construcción hegemónica.
“Necesitamos que nos asegure gobernabilidad”, expresan en el triángulo de hierro para justificar la embestida con la que se pretende imponer a los dos candidatos a jueces supremos designados por Milei. Una forma elegante de decir que no quiere trabas de ninguna índole. Una obviedad para cultores de verdades únicas. Sin apelación posible.
El gurú presidencial, que sigue ampliando su radio de acción y el círculo de consejeros, empezó a lustrar algunas manzanas con las que imagina tentar a gobernadores y senadores a los que imaginan dispuestos a pecar y a allanar el camino de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hacia el cuarto piso de Tribunales. Inscriben en esa lista a varios que todavía no han sondeado, pero en los que imaginan disposición a escuchar propuestas siempre que incluyan atajos principistas (o morales),
Entre ellos anotan desde radicales como Alfredo Cornejo, quien comparte electorado con Milei, hasta mandatarios que están en las antípodas, como Kicillof.
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La estrategia implica un complejo entramado de operaciones en el que se busca hacer confluir intereses y necesidades. Estas van desde la oferta de lugares en una Corte ampliada para figuras cercanas a esos dirigentes y más que digeribles para el oficialismo hasta despejar espacios hoy cubiertos por personajes que los incomodan. Los supremos tribunales provinciales y las procuradurías generales entrarían en la negociación. La independencia de poderes no sería precisamente un objetivo a alcanzar en este operativo. Más real politik que nunca.
Todo sea por el proyecto hegemónico que vendría si se gana el plebiscito. Esa la película que se está rodando hoy. El final no está escrito. Y la foto de mañana es un futuro todavía demasiado lejano.
Milei no será el primer presidente no peronista que lo intenta. También lo soñó Raúl Alfonsín en el fulgor de la primera mitad de su mandato.
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